Los españoles pagarán hasta 1.000 euros más al año en impuestos si el PSOE cede ante Podemos

Iglesias no solo propone disparar los impuestos. Su plan elevaría el gasto hasta un máximo de 150.000 millones de aquí a 2022.

Podemos ha presentado un nuevo programa económico. Otro brindis al sol en el que recuerda a Pedro Sánchez que le debe su ascenso al poder y le maniata de cara a la aprobación del techo de gasto y de los Presupuestos para 2019.

Como todo lo que rodea a Podemos, el documento es una herramienta de puro marketing vacía de contenido. Comienza hablando de un criterio de "déficit cero" en los Presupuestos, una etiqueta un tanto pretenciosa para un país que ha incurrido en déficit durante 14 de los últimos 17 años. Proponer un déficit pactado con Bruselas superior al 1,8% del PIB tras varios años creciendo por encima del 3% es un keynesianismo adulterado sin fundamentación alguna.


Principalmente, proponen "acabar con la austeridad" -nótese la ironía- bajo un modelo de gasto público que se basa exclusivamente en comparativas a nivel internacional. Como si el gasto público fuera un fin en sí mismo, en el que la presión fiscal es independiente de la estructura empresarial, la atracción de capital y el atractivo inversor del país.

Entre 2007 y 2017, el gasto público se ha incrementado más de un 13%. Los españoles hemos financiado subidas acumuladas de doble dígito en partidas como la educación, sanidad y protección social. Como consecuencia, hemos tenido que acudir a un incremento acumulado de casi el 200% en términos de deuda pública para que nuestro PIB a precios de mercado crezca un 8%.

Todo un éxito para los amantes del dinero ajeno, que siguen pidiendo más recursos de todos para que acaben siendo de nadie, y, por tanto, despilfarrados. Recordemos que, sin entrar en el margen de eficiencias que hay en las partidas de gasto asociadas al Estado de Bienestar, un 21% de los Presupuestos de 2018 es gasto ajeno a las funciones básicas del Estado y, en muchos casos, discrecional.

La estrategia de Podemos y sus costes

Como en el resto de los programas económicos presentados por Podemos -ya van unos cuantos-, sus propuestas pasan por dos líneas maestras. En primer lugar, desplumar a los pocos agentes públicos solventes que quedan en nuestra economía. En este caso, han elegido los ayuntamientos como objetivo principal en sus peticiones, a pesar de ser "las únicas administraciones con una deuda razonable y unos presupuestos equilibrados", tal y como reza su propio documento. O, lo que es lo mismo, desmantelar las únicas entidades que, a día de hoy, mantienen una credibilidad fiscal elevada para seguir aumentando sus redes clientelares y financiar los incumplimientos masivos de la ley, tal y como ocurre en Madrid o Barcelona.

En segundo lugar, ningún programa económico puede ser considerado de Podemos si va acompañado de un incremento salvaje y explícito del gasto público, y , por supuesto, sin dar una sola cifra. Ideología a ciegas e intervencionismo desmesurado en un documento que está más cercano a vender humo que a un programa de gobierno.

Cualquiera que analice tales propuestas se dará cuenta de que su plan de marketing se deshace como un castillo de naipes al pie de un acantilado una noche lluviosa de otoño. El aumento de gasto que propone Podemos en pensiones, sanidad y educación costaría a los españoles 100.000 millones de euros adicionales en los próximos cuatro años, equivalente al 10% del PIB, si se compara con los incrementos que avanzó el PSOE en su borrador de Presupuestos.



Si, además, se compara el plan de Podemos con un escenario de bloqueo institucional, donde los Presupuestos de 2018 tuvieran que ser prorrogados, la diferencia de gasto ascendería a 120.000 millones.



Finalmente, si el programa de Podemos se compara con un escenario en el que se producen elecciones anticipadas y el Partido Popular de Pablo Casado se hace con el poder, llevando a cabo las promesas de eficiencia y eliminación de gasto superfluo de las que hizo gala durante las primarias, el agujero se agrandaría hasta un total de 150.000 millones de euros…. Es decir, 1.000 euros extra al año en el pago de impuestos por cada contribuyente.



La última vez que el Gobierno de España se metió en un despilfarro de este calibre fue con Zapatero a la cabeza, en el año 2008. ¿Resultado? Déficit del 10% del PIB y el estallido de la mayor crisis que hemos vivido en nuestra historia reciente, un éxito que pretenden emular ahora obligando al PSOE a actuar de forma irresponsable.

En el documento de Podemos, por supuesto, tampoco hay ninguna referencia a los ingresos públicos. Esos más de 100.000 millones de euros adicionales de gasto hay que financiarlos, y si las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) para la batería de impuestos que Pedro Sánchez se plantea poner en marcha ya son ciencia ficción, las del partido morado no se quedarían atrás.

Podemos incide en dos figuras para financiar el despilfarro: el impuesto a la banca y la subida del IRPF para rentas "altas" -superiores a 60.000 euros anuales-. Sin embargo, el impuesto a la banca, como ya comentamos en esta columna (lean), es difícil que supere los 2.000 millones anuales, además de generar graves desequilibrios económicos. La subida del IRPF, por su parte, fue implementada en España por última vez en 2012 y 2013 con un resultado de -¡oh! ¡sorpresa!- reducción recaudatoria del 0,2% en tributación directa, frente al incremento promedio del 3,9% para el período 2015-2017 con rebaja de impuestos.


Incrementar el SMI, tal y como también plantea Podemos, tampoco va a tener ningún efecto positivo sobre la economía ni sobre la recaudación. El efecto multiplicador de incentivar la demanda, sencillamente, no existe. La recaudación de IVA, IRPF y otros muchos impuestos no guarda ninguna relación con el incremento del SMI.



Así pues, la financiación de la fiesta de gasto que propone Podemos iría directa a los impuestos que paguen sus hijos y nietos para devolver la deuda pública con intereses asociados. Concretamente, entre 60.000 y 90.000 millones de deuda adicional a la ya contemplada a medio plazo.

Lo que sí ocurriría con total certeza en caso de que el PSOE cediese al plan de sus socios es un incremento del paro. Y eso, además de suponer una verdadera emergencia social, agudizaría los efectos nocivos sobre nuestra economía y nuestra calidad crediticia. No en vano, cada parado cuesta unos 7.700 euros en prestaciones por desempleo, según la Agencia Tributaria. Si a esto le sumamos el impacto por menores ingresos en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, cada punto porcentual adicional en la tasa de paro supone para las arcas públicas un desembolso extra de 2.500 millones de euros. Volver a un escenario de 5 millones de parados, como el de 2011, tendría un impacto presupuestario cercano a 23.000 millones.

En definitiva, estamos ante una receta segura para continuar cercenando la capacidad de crecimiento del país, aumentar el intervencionismo a costa de la libertad de los individuos y avanzar inevitablemente hacia la pérdida de confianza en el exterior y posterior quiebra de nuestras finanzas públicas.

España es el último país en dar signos de desaceleración económica, de forma similar a lo que está ocurriendo en Europa. Adicionalmente, somos de los que más impacto tendremos que absorber derivado del fin de la compra de deuda por parte del BCE y de la crisis de los emergentes, especialmente Argentina y Brasil. Aunque, por el momento, no se ha activado el estado de alarma, tenemos que empezar a prepararnos para el invierno... Y el documento de Podemos es justo lo contrario de lo que necesita España. Nada es gratis. Paga usted. LD.

PSOE y Podemos acuerdan un tipo mínimo del 15% en Sociedades, elevar el IRPF a las rentas altas y un impuesto sobre transacciones financieras.

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 incluye un largo listado de medidas económicas y fiscales, tales como subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, revalorizar las pensiones con el IPC, limitar los precios de los alquileres, elevar el gasto público, impulsar de nuevo las energías renovables, ampliar el margen de gasto de los ayuntamientos, nuevas restricciones sobre el juego, así como aplicar una fuerte subida fiscal. En materia tributaria, destacan las siguientes medidas:

Impuesto sobre Sociedades

- Tipo efectivo mínimo del 15%: se exigirá una tributación mínima (cuota líquida mínima) de un 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades. Según el documento, "el objetivo es que la tributación efectiva no se vea afectada de una forma excesiva por el uso de deducciones y bonificaciones que reducen la cuota a pagar del impuesto, especialmente en el caso de grandes empresas". Esta medida afectará solamente a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros.

- Bancos y petroleras: adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen sería del 18% dado que cuentan con un tipo nominal incrementado del 30%, frente al 25% general.

- Límites a la exención de dividendos y plusvalías: la normativa actual permite que las sociedades no tributen por los dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales, con el fin de eliminar la posible doble imposición que podría producirse. En estos momentos esos dividendos y plusvalías generados en el exterior no tributan (están exentos al 100%), lo que permite a estas empresas reducir de forma importante su base imponible en relación al resultado contable obtenido. La medida consiste en reducir en un 5% la referida exención, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.

- Impuesto a la banca: concluido el ejercicio fiscal 2019, se estudiarán los rendimientos de las nuevas medidas fiscales al objeto de valorar el impulso del llamado "impuesto a la banca".

- Pymes: la única rebaja fiscal que contempla el acuerdo es reducir el tipo nominal del 25% al 23% para pequeñas empresas, tan sólo para aquellas que facturen menos de un millón de euros al año.

Se gravarán las transacciones financieras

Se creará un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Se someterán a tributación del 0,2% a las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de Pymes y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados

Nuevo impuesto digital

Se crea un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar determinadas operaciones de la economía digital. Se aplicará sobre las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones.

El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Subida del IRPF

> Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros (hasta el 47%) y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros (tipo general del 49%).

> Además, el tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros, situándolo así en el 27%.

Aumenta el Impuesto de Patrimonio

Acuerdan incrementar el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.

IVA y subida del diésel

> Aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4%.

> Igualmente, se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.

> El Gobierno también subirá la tributación del diésel, aunque no lo cuantifica. Esta medida la incluye en el acuerdo relativo al sector de la energía. LD.

Cada empleo verde que prevé crear el Gobierno de aquí a 2030 costará unos 800.000 euros.

Habemus plan, pero la cuestión es a qué precio. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el denominado "paquete de energía y clima", compuesto por el anteproyecto de Ley y Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Transición Energética, cuyo fin no es otro que lograr una España descarbonizada de aquí a 2050 para, en teoría, frenar el cambio climático.

Entre otras medidas, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que el peso de las renovables en la demanda total de energía (desde las casas a las fábricas y oficinas, pasando por el transporte) se duplique, pasando así del 20% actual al 41% en 2030, hasta el punto de superar incluso el objetivo que marca la UE (32%); elevar la generación de energía renovable del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, con el consiguiente cierre escalonado de las centrales de carbón durante la próxima década, y de las nucleares entre 2025 y 2035; exigir que todos los vehículos que se vendan a partir de 2040 sean de cero emisiones de CO2; y un ingente plan de inversiones público-privadas de 237.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales unos 47.000 millones corresponderán, directamente, a inversión pública estatal, autonómica, local y europea.

Y todo ello permitirá, según el Gobierno, no sólo contribuir de forma decisiva a la lucha contra el calentamiento global, sino crear hasta 300.000 empleos relacionados con la economía verde (renovables y eficiencia energética) en los próximos diez años. Lo que no dice Sánchez, sin embargo, es que cada uno de esos nuevos empleos verdes costará a los españoles cerca de 800.000 euros, ya sea de forma directa (impuestos) o indirecta (incentivos y subvenciones a las empresas).

Además, el objetivo que se ha marcado el Gobierno del PSOE de forma unilateral es reducir un 37% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030, muy por encima de lo que exige la UE. Sin embargo, pese a que dicha meta requerirá de un gran esfuerzo nacional a nivel de inversiones y transformación productiva, su impacto real en la lucha contra el tan temido cambio climático resulta, simplemente, ridículo.

España emitió un total de 340 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2017, un 18% más que los niveles registrados en 1990 y un 23% menos que los de 2005, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. Pero tal cantidad apenas representa el 0,65% de las emisiones mundiales.

Así pues, el recorte del 37% que propone Sánchez tan sólo contribuirá a rebajar en un 0,2% las emisiones a nivel global en 2030. Es decir, que los 237.000 millones de euros comprometidos, el cierre de centrales y la profunda transformación que deberá afrontar la industria española tendrán un impacto casi inexistente en la reducción total de emisiones –que es de lo que se trata– y, por tanto, en la lucha contra el calentamiento.

Subida de la luz

Además, Sánchez también oculta que su gran plan se traducirá en una nueva subida del precio de la luz, ya que el cierre de las nucleares –que no emiten CO2– disparará el coste de la decarbonización. España tendrá que instalar entre 50 y 60 GW de potencia renovable para lograr los objetivos de reducción de emisiones para 2030, lo cual supondrá duplicar la actual instalación de renovables y una inversión de 60.000 a 70.000 millones de euros. El problema es que, si se prescinde de la nuclear, la instalación renovable se tendría que multiplicar por tres, teniendo que pasar de los 30 GW actuales a cerca de 90 en diez años, con el consiguiente coste añadido para la factura eléctrica que abonan familias y empresas.

Pérdida de competitividad

Y eso sin contar la pérdida de competitividad económica. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, lanzó la siguiente pregunta en el Congreso de Movilidad Sostenible celebrado en Bilbao el pasado jueves: "¿Y esto cómo lo vamos a hacer y para qué? Porque es una gotita de agua en el planeta mundo. Cuando un gobernante me dice que haga algo, le digo cómo. No he visto una alternativa para que dentro de 10 años podamos reducir un 30% las emisiones".

Pero el directivo sí señaló las posibles consecuencias: "El coste de hacerlo va a perjudicar la competitividad de la industria española […] Vivimos momentos de agitación, lamentablemente muchos políticos hablan y no saben muy bien las consecuencias de lo que hablan". A este respecto, Brufau recordó que el problema de las emisiones "va por barrios, y China es el gran contaminante", no España ni la UE. Link

Los impuestos verdes tienen en muchos casos recaudaciones casi testimoniales
La AIReF y Bruselas piden que se ordenen desgravaciones y tipos reducidos
Los expertos reclaman al Ejecutivo que base la reforma en el esfuerzo fiscal y no en la presión

El Gobierno prepara una subida general de impuestos a pesar de los fondos de ayuda de la Unión Europea. Las mayores reformas previstas por el Ejecutivo afectarán a la subida de los tipos en IRPF para las rentas del trabajo más altas, fundamentalmente, actividades económicas y de capital inmobiliario.

Se crearán dos tramos nuevos en la parte estatal de la escala general del IRPF con tipos incrementados. A partir de 130.000 euros, se aumenta en un 2% y a partir de 300.000 euros, se incrementa en un 4%.

Además, habrá que tener en cuenta que en el tramo autonómico también puede haber subidas en algunas comunidades, lo que podría llevar a algunas de ellas a tener tipos en sus tarifas de hasta un 53%.

Otro objetivo serán las rentas del ahorro, si se aplica el programa acordado por el PSOE y Unidas Podemos se creará un nuevo tramo a partir de 140.000 euros al que se aplicará un 27% de tipo de gravamen (incremento de cuatro puntos en total). En el Impuesto sobre Sociedades, ya en la actual legislatura, se pretendió introducir un límite mínimo del impuesto del 15% de la base imponible positiva para las empresas que facturen más de 20 millones de euros o para aquellas que consoliden fiscalmente. En este caso no afectará a las empresas que presenten pérdidas.

Incoherencias recaudatorias

La exención por la percepción de dividendos percibidos de una sociedad en la que se posee más del 5% de su capital se reducirá. En Patrimonio también se estudia la reducción de la base exenta.

Con respecto al IVA, la AIReF ha recomendado reordenar las listas de productos y servicios de tipos reducidos y superrreducidos (4% y 10%). También, la Comisión Europea viene recomendando esta adaptación de los tipos más bajos, e incluso la subida de los tipos reducidos.

Esta medida, sin embargo, crea reticencias en el Gobierno, porque el 57% del beneficio del tipo superreducido del 4% (3.041 millones) se concentra en rentas brutas superiores a 34.331 euros anuales, un porcentaje que llega al 62% para los bienes gravados con un IVA reducido del 10% (7.768 millones).

Tanto la AIReF como la Comisión Europea han destacado que esta tributación es una de los principales incoherencias de la tributación, puesto que el 57% del beneficio del tipo superreducido del 4% (3.041 millones) se concentra en rentas brutas superiores a 34.331 euros anuales, un porcentaje que llega al 62% para los bienes gravados con un IVA reducido del 10% (7.768 millones).

También en los impuestos verdes y especiales hay incoherencias, puesto que muchos de los tributos tan solo logran alcanzar una recaudación testimonial.

Unos 80.000 euros

El Gobierno prevé elevar en los próximos meses la recaudación tributaria en el entorno de 80.000 millones de euros (según ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) con esta subida generalizada de impuestos para hacer encarar la devolución de los 68.300 millones de euros de créditos provenientes de la UE y seguir haciendo frente a la Deuda Pública, cercana a 1,3 billones de euros.

La Agencia Tributaria recaudó 212.808 millones de euros en 2019, un 2% más que en 2018, lo que a todas luces resulta insuficiente para el nivel de gasto que el Gobierno de Sánchez pretende mantener.

El propio Sánchez ha cifrado que el objetivo es reducir en siete puntos la presión fiscal que separa a España del resto de la UE. Sin embargo, una buena parte de los economistas discrepan de esta estimación, al considerar que este dato es engañoso y que el esfuerzo fiscal en España es bastante más elevado de lo que afirma Sánchez.

Un reciente informe de Funcas (la Fundación de las Cajas de Ahorro) mantiene que de todas las formas posibles de medir la carga impositiva, la más conocida es la presión fiscal, definida como la ratio entre recaudación y producto interior bruto (PIB), pero "es un índice de presión fiscal impreciso, poco informativo y de una utilidad muy limitada para realizar prescripciones de política fiscal".

Entre sus limitaciones mencionar que solo informa, y de manera imperfecta, del nivel de imposición, pero nada dice de la composición del sistema fiscal que genera esa recaudación ni de cómo se distribuye la carga fiscal entre los contribuyentes. Asimismo, tampoco tiene en cuenta el esfuerzo que requiere la generación del PIB.

El Instituto de Estudios Económicos prevé que podrían perderse dos millones de empleos si se realiza una subida de impuestos

Una misma presión fiscal puede exigir sacrificios fiscales muy distintos. Por ejemplo, si se aplicase la presión fiscal de Dinamarca (45,4%) a España, el esfuerzo fiscal exigido a los españoles sería mucho más elevado: los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales mientras que la renta per cápita española es menos de la mitad (24.000 euros). Es decir, presión fiscal y esfuerzo fiscal son dos conceptos diferentes. Por eso, si las desigualdades económicas entre países preocupan, el índice de presión fiscal como indicador impositivo es muy deficiente.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), por su parte, prevé que podrían perderse dos millones de empleos si se realiza una subida de impuestos generalizada. Además, prevé que el PIB podría desplomarse entre el 17 y el 20% en el segundo trimestre del año con respecto al primero, por lo que recomienda no subir los impuestos para no dañar el crecimiento económico.

Fuente

El 61,3% de la recaudación procede del IRPF y de cotizaciones sociales
La media de la OCDE está en el 50,4% sobre el total de ingresos

España es ya el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más recauda a través de los trabajadores. El 61,3% de los ingresos totales del Estado proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de las cotizaciones a la seguridad social. El dato es 10,9 puntos superior a la media de la OCDE, que se sitúa en el 50,4%. Solo Estados Unidos y Alemania tienen un sistema fiscal que otorga más porcentaje de la recaudación a estos dos impuestos.

Según los últimos datos de la OCDE, de media, los países extraen un 24% de sus ingresos a través del IRPF, en la línea de España, que ingresa un 23,8%. Sin embargo, la cuña fiscal española -la suma de IPRF y cotizaciones sociales- se dispara por las cotizaciones sociales. Mientras que la OCDE presenta una media del 26,4%, en España llegan al 37,5% de la recaudación total.

Por otra parte, los impuestos al consumo, como el IVA, suponen la mayor parte de los ingresos tributarios en la OCDE, un 32,1% del total. En España, por el contrario, el IVA apenas recauda un 26,7% sobre el total de los ingresos del Estado. De esta forma, el sistema tributario de nuestro país penaliza más la renta y el trabajo que el consumo y la propiedad.

"La combinación de políticas tributarias puede influir en cuán distorsionador o neutral es un sistema tributario", apunta Daniel Bunn, vicepresidente de Proyectos Globales de la Tax Foundation. "Los impuestos sobre la renta pueden crear más daño económico que los impuestos sobre el consumo y la propiedad", añade. Al contrario que España, en general los países de la OCDE se apoyan más en los ingresos fiscales de los impuestos al consumo. Luego, extraen de cotizaciones sociales e IRPF. Por último, ingresan de los Impuestos sobre Sociedades -9,2%- y los impuestos sobre Patrimonio -5,6%-.

En comparación con los datos de 1990, los países de la OCDE, en promedio, se han vuelto más dependientes de las cotizaciones sociales -un aumento de 3,1 puntos porcentuales- y menos dependientes de del IRPF -una disminución de 6 puntos porcentuales-. "Estos cambios de política son importantes", apunta Daniel Bunn. "Las cotizaciones sociales generalmente tienen bases más amplias y tasas más bajas y el IRPF a menudo tiene tasas impositivas más altas y pueden distorsionar más las decisiones de los trabajadores", añade.
Más protagonismo del IS

Por otro lado, los países de la OCDE también dependen más ahora de los ingresos del Impuesto sobre Sociedades. Esto ha ocurrido a pesar de una disminución general en las tasas de impuestos corporativos en todo el mundo. Una de las causas de este cambio ha sido un cambio en la combinación de países miembros de la OCDE. Desde 1994, 14 países se han unido a la OCDE. De este grupo, Colombia, México y Chile obtienen más del 20% de sus ingresos del impuesto a las empresas. La participación promedio de los ingresos por Impuesto sobre Sociedades entre los otros 35 países de la OCDE es del 7,7%.

Por otra parte, Estados Unidos es el único país desarrollado que no tiene IVA. En cambio, la mayoría de los ejecutivos estatales norteamericanos y muchos gobiernos locales aplican un impuesto sobre las ventas minoristas en la venta final de productos e impuestos especiales sobre la producción de bienes como cigarrillos y alcohol. La falta de un IVA hace que Estados Unidos sea un caso atípico, ya que recauda solo el 16,9% de los ingresos gubernamentales totales de los impuestos al consumo, mientras que el promedio de la OCDE es casi el doble de esa cantidad con un 32,1%.

"Si bien los ingresos fiscales se han visto afectados por la pandemia , muchos países de la OCDE ya están viendo una recuperación no solo en las medidas de crecimiento sino también en los ingresos fiscales", indica Daniel Bunn. "A medida que continúa la recuperación, los gobiernos deben prestar mucha atención a cómo aumentan los ingresos y evitar cambios de política que podrían sofocar una recuperación económica o resultar una carga compleja para las personas y las empresas", añade.

La cuña fiscal

Las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF alcanzan ya el 39,3% del salario del trabajador medio español. La suma de estos dos conceptos, lo que se conoce como la cuña fiscal, supera en 4,7 puntos la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 34,6%. De esta forma, el sueldo neto que finalmente recibe el empleado, queda en el 60,7% del coste laboral. Según los datos de la OCDE, el hecho de que la cuña fiscal en España supere la media de la OCDE se debe a las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país. Así, en España las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas suponen el 29,9% del salario bruto, según datos de 2020, frente al 16,3% de media en la OCDE, por lo que nuestro país es el séptimo de un total de 37 analizados con las cotizaciones sociales a cargo de las empresas más altas.

"Una cuña fiscal más elevada en relación con otros países, como sucede en España, supone un mayor coste laboral para las empresas, lo cual puede tener varias implicaciones negativas para nuestra economía", explican los especialistas del Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su Libro Blanco para la reforma fiscal. "En primer lugar, un mayor coste laboral puede suponer un deterioro de la competitividad de la economía. Y, en segundo lugar, mayores costes laborales pueden incidir negativamente sobre la generación de empleo por parte de nuestro tejido empresarial", añaden.

Además, el tipo marginal máximo del IRPF español supera en más de 10 puntos la media europea. El tramo que grava a las rentas más altas alcanza en España el 54%, mientras que la media en los países del entorno europeo está en el 43,3%. España se sitúa sitúa así entre los cuatro países que más grava la renta en los últimos tramos.

Así lo apuntan los últimos informes de la OCDE y la Worldwide Tax Summaries de PwC. En Europa, solo nueve países superan la barrera del 50% en el tipo marginal máximo del IRPF. Dinamarca (55,9 %), Francia (55,4 %), Austria (55%) y España (54%) tienen las tasas impositivas sobre la renta de las personas físicas más altas entre los países europeos de la OCDE en 2021. Por su parte, Hungría (15%), Estonia (20%) y la República Checa (23%) mantienen las tasas máximas de ingresos personales más bajas.

Esta semana presentará un paquete de medidas en el que se incluirá, entre otros, el nuevo impuesto a las "grandes fortunas"

El Gobierno presentará en los próximos días "una subida selectiva" de impuestos que incluirá nuevas tasas, además de ya anunciada la semana pasada a las "grandes fortunas". Hacienda, dentro de su plan para traer una reforma fiscal "poquito a poquito", está ultimando los detalles que añadirán también algún "estímulo fiscal" aunque se descarta deflactar el IRPF y bajar el IVA de los productos básicos, como ha pedido Alberto Núñez Feijóo.

María Jesús Montero sí podría abrirse a reducir los impuestos a los productos de higiene femenina, que es una de las exigencias de Unidas Podemos en la mesa de negociación de los Presupuestos. Tras el impuesto a las grandes fortunas, la bajada de las compresas y tampones es una de las batallas de los morados para respaldar unas cuentas que, pese a la oposición de Podemos, incluirán un aumento del gasto en Defensa.

Con esta "subida selectiva", según anticipan fuentes próximas a Hacienda, el Gobierno entrará de lleno en la batalla fiscal contra el PP. La semana pasada, tras el anuncio de Moreno de suprimir el impuesto de sucesiones en Andalucía, María Jesús Montero contraatacó con una nueva tasa "temporal" para las "grandes fortunas", que podría emular al de los bancos y energéticas que todavía no ha entrado en vigor pero que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria.

Contra Laffer y a favor de los impuestos

El anuncio de la inminente presentación de este paquete, aunque sin más detalles, ha sido anunciado este lunes desde Ferraz por la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien ha aprovechado el triunfo de Giorgia Meloni en Italia para asegurar que el mayor "freno del extremismo es la justicia social".

La vicesecretaria general del PSOE ha aprovechado para acusar al PP de hacer "populismo fiscal" y asegurar que "la curva de Laffer es una teoría interesada que beneficia a una minoría". Montero ha puesto como ejemplo el Reino Unido donde, según la ministra de Hacienda, "el mero anuncio de una bajada de impuestos ha propiciado una caída de la libra".

También desde la sede de Ferraz han aprovechado para arremeter contra la nueva propuesta del PP de bajar el IVA a los productos básicos. Montero ha recordado fue Rajoy quien lo aumentó:" ¿Por qué subieron el IVA? ¿No quedamos que si se bajan hay mayor capacidad de recaudación?"

Podemos pide más

La pelota está en Hacienda pero la presión de Podemos es evidente. Los morados quieren aprovechar su papel en los Presupuestos para exigir más. Desde la sede de la formación, los portavoces, Pablo Fernández e Isa Serra, han aprovechado la rueda de prensa de los lunes para pedirle a Montero que el nuevo impuesto a las "grandes fortunas" no sea temporal.

"El PSOE dice que el impuesto a las grandes fortunas tienen que tener carácter temporal, y la justicia fiscal no puede ser de quita y pon". Fernández ha insistido en que "el PSOE tiene que entender que ese impuesto debe ser permanente y estructural".

Link.

Carlos Cuesta - Así han disparado el saqueo fiscal en España: dos décadas de subidas de impuestos analiza los datos de subidas de impuestos y deuda pública de los últimos años en España.

Los datos tumban los mitos sobre los márgenes de la distribución y muestran qué está pasando realmente con los precios del sector.

La categoría del Índice de Precios Industriales (IPRI) que mide la evolución en los precios de la industria de la alimentación acumula una subida del 19% en lo que va de 2022. En cambio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) referido a la venta minorista de tales productos ha repuntado un 14% entre enero y noviembre del presente curso.

Esto quiere decir que las empresas dedicadas a la distribución de alimentos, como los supermercados y otros comercios similares, están asumiendo parte importante de la subida de la inflación y, en vez de subir precios un 19% y repercutir por completo el aumento de costes con el que están lidiando, han limitado la subida de estos productos al 14%.

Pero sería un grave error pensar que los supermercados solo enfrentan estos costes a la hora de sacar adelante la producción. La energía, por poner otro ejemplo, es un input muy relevante para estos negocios, que realizan un importante esfuerzo por conceptos como la refrigeración de los productos o la iluminación y el aire acondicionado de las tiendas. Si volvemos al IPRI y nos fijamos en esta categoría podemos ver que, de enero a noviembre, dicho concepto se ha encarecido un 38,6%. Otra piedra más en la "mochila" de los distribuidores de alimentos.

Otro indicador relevante es el coste del empleo, puesto que hablamos de un sector muy intensivo en mano de obra. Pues bien, si estudiaos cómo se ha comportado la evolución del coste laboral total por hora efectiva de trabajo en la rama del comercio, podemos ver que la subida aplicada en los tres primeros trimestres de 2022 ha sido del 4,8%. También ese coste va directo a la operativa de los supermercados y demás empresas dedicadas a la venta minorista de alimentos.

No termina ahí la cosa. Las empresas del ramo enfrentan también el impacto de una carga fiscal que ha aumentado notablemente en España durante los últimos años. De enero a noviembre, la recaudación del Impuesto de Sociedades ha subido un 27%. A esto hay que sumarle la entrada en vigor del nuevo Impuesto al Plástico, que va a costarle 30 millones al sector a partir del 1 de enero.

Y, por si no fuese suficiente, no hay que olvidar que los supermercados también lidian con el problema de la carga regulatoria y burocrática que se impone a todas las empresas de nuestro país y, especialmente, a un sector sujeto a numerosos controles. En los informes del Foro Económico Mundial, España figura como el país número 114 de 141 en lo tocante a la calidad de su marco regulatorio. No solo eso, sino que el número de disposiciones normativas aumentó un 22% en 2020 y un 4,8% en 2021 y, si bien aún no se disponen de datos finales para 2022, todo apunta a que la deriva volverá a ser similar.

Evidentemente, si todo el aumento de costes golpease a una industria con márgenes holgados, caso por ejemplo de las grandes empresas tecnológicas, quizá hablaríamos de un tejido productivo capaz de soportar con cierta solvencia el efecto de las continuas subidas en los precios de sus principales factores de producción. Sin embargo, los márgenes de los supermercados son mucho más bajos de lo que podríamos pensar. Y es que, como pone encima de la mesa un informe de Future Retail, las ventas anuales de las principales cadenas superan los 60.000 millones de euros, pero sus ganancias rondan los 1.500 millones. Esto significa que los operadores del mercado retienen apenas 3 euros de beneficio por cada 100 euros de ventas.

Por otro lado, los estudios que ha realizado Eurostat ponen de manifiesto que los precios de la alimentación abonados por los consumidores españoles están 8,5 puntos por debajo de la media de la Eurozona. En consecuencia, pagamos unos precios más competitivos que muchos de nuestros socios comunitarios, con todo lo que ello supone en términos de márgenes y ganancias de las empresas del sector.

Habida cuenta de todo lo anterior, resulta evidente que (1) no es cierto que los supermercados aprovechen la crisis inflacionista para hacer caja, sino todo lo contrario, puesto que también lidian con un grave problema de encarecimiento de sus factores de producción que presiona a la baja sus ganancias; (2) el gobierno agrava el problema a base de subir impuestos y reforzar las obligaciones normativas; y (3) el sector tiene márgenes reducidos y precios más bajos de los que vemos en nuestros países vecinos. Tres evidencias que tumban la propaganda del gobierno socialista-comunista.

Link.