¿Fue la persecución por las izquierdas a los católicos equivalente a un genocidio?

En agosto de 1936 se alcanzó la cifra más elevada, con más de 1.650 asesinados en la zona republicana: una media de 53 por día, entre ellos nueve obispos

Escoria descerebrada

La persecución religiosa que se había iniciado en España, a partir de la implantación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, alcanzó sus más violentas y generalizadas manifestaciones en la zona llamada, impropiamente, “republicana” o, mejor, “frentepopulista” y “roja” durante la Guerra Civil que comenzó a raíz del levantamiento iniciado por el Ejército y secundado por muchos españoles, y que se autodenominó desde los primeros momentos como Alzamiento o Movimiento Nacional.

Durante tres años, y especialmente en los diez primeros meses, se impidieron las manifestaciones externas del culto, se profanaron con incendios y saqueos miles de edificios eclesiásticos causando ingentes e irreparables daños en el patrimonio artístico y se causó muerte violenta a obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas en número cercano a siete mil, además de otras decenas de miles de seglares asesinados, entre otros motivos por sus creencias y práctica religiosa.

Lo ocurrido en España se sitúa en un contexto internacional marcado por la continuidad del laicismo en unos estados liberales sometidos tanto en Europa como en América a una profunda crisis, por la persecución religiosa en Méjico, por las dificultades en las relaciones Iglesia-Estado ante las nuevas formas de Estado surgidas en Italia y Alemania y, sobre todo, por la sangrienta persecución iniciada en Rusia a partir de la Revolución de octubre de 1917 y durante el stalinismo, que tendría su continuidad en la fulgurante expansión del comunismo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial tanto en Europa como en Asia.

Ya en tempranos pronunciamientos se ponía en relación lo que ocurrido en Rusia, Méjico y España atribuyendo la persecución contra la Iglesia al odio fomentado por “algunas sectas subversivas de todo orden religioso y social”[1].

La investigación histórica permite afirmar que esta persecución fue fundamentalmente antirreligiosa y estuvo alimentada de dos fuentes que hundían sus raíces en el siglo XIX: el laicismo sectario vinculado al liberalismo y el ateísmo propugnado por el socialismo marxista, especialmente una vez que el Partido Comunista protagonizó la Revolución rusa.

El resto de las aproximaciones que sitúan a la persecución religiosa en su contexto político, sociológico o económico pueden ayudar a su mayor comprensión histórica, siempre que no caigamos en el presupuesto marxista de reducir las ideas, sistemas y creencias a mera superestructura que evoluciona al ritmo marcado por la estructura real de la sociedad, que serían los medios y las relaciones de trabajo.

España, donde el Partido Comunista era casi inexistente al comenzar la década de los 30, conoció cómo otras fuerzas políticas se dejaban seducir por la experiencia bolchevique para acabar sometidas a la órbita soviética transformando así una guerra civil, que había comenzado siendo un conflicto interno, en un primer enfrentamiento armado a gran escala contra el comunismo. Hagamos algunas precisiones sobre este proceso y su relación con la persecución religiosa:

1. Algunos historiadores niegan rotundamente que a partir de febrero de 1936 y por parte del Frente Popular hubiese el propósito de pasar a la dictadura del proletariado, es decir, de implantar un régimen marxista. Se trata de una opinión y nada más, pues los documentos, los discursos y los artículos de la prensa izquierdista demuestran lo contrario[2]. En julio de 1936, España se encontraba en un proceso revolucionario similar al soviético, si bien con la peculiaridad de que su principal motor no era el Partido Comunista[3] sino el PSOE dispuesto a llegar hasta donde no había podido en 1917 y 1934, haciendo ahora un uso combinado de la acción directa y de los cauces legales. Al tiempo, los comunistas se estaban sirviendo del Partido Socialista para llevar adelante sus propósitos tal como hicieron antes en la URSS con los mencheviques y seguirían haciendo en España durante la guerra.

2. Ahora bien, la propia evolución política de la República y de la España en guerra iba a provocar la marginación de los republicanos y la persecución directa a los anarquistas desembocando en el protagonismo decisivo de las organizaciones marxistas de inspiración soviética. Primero, por la seducción que lo ocurrido en Rusia desde 1917 causaba en los fanáticos seguidores del socialista Largo Caballero, apodado por sus correligionarios como el Lenin español, y después porque la intervención soviética en la guerra acabará provocando una total dependencia de la zona llamada republicana. De aquí que en el magisterio episcopal y pontificio se caracterice lo ocurrido en España como una persecución causada por el comunismo. Tal es el caso de la Encíclica Divini Redemptoris (1937) de Pío XI y de muchos pronunciamientos del episcopado español.

A veces se afirma que es un error reducir al comunismo fuerzas revolucionarias diversas y, más aún, en el caso de España, donde el factor comunista antes de comenzar la guerra había sido de escasa significación numérica. Lo cierto es que el PCE, con el patrocinio soviético y el respaldo de buena parte del Partido Socialista (PSOE) con el presidente del Gobierno Juan Negrín (mayo de 1937 – marzo de 1939) a la cabeza, fue apoderándose del control de la retaguardia frentepopulista. Por otro lado, todas las fuerzas revolucionarias —aunque, efectivamente, tenían muchas diferencias y los enfrentamientos entre sus diversas facciones provocaron centenares de muertos[4]— coincidían en su ateísmo y en un objetivo socio-político que se puede calificar genéricamente de “comunista”. Comunismo libertario o anarquista, por un lado; y por otro, comunismo estatista que comprende el socialismo marxista y el comunismo propiamente dicho. Todo ello no obsta para que, hasta 1936, el vehículo del ideal soviético y la principal fuerza pro soviética, fuera el PSOE.

Aquella República en la que su presidente del Gobierno, Largo Caballero (septiembre de 1936 – mayo de 1937), se veía con arrestos para precisar a Stalin que “cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserva a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas”[5] dio paso a una cada vez mayor dependencia de la Unión Soviética, cuya preponderancia se manifiesta en todos los aspectos: la política general, la prensa, la organización del terror, el Ejército Popular —sujeto al Comisariado Político y vigilado por la misión militar soviética— y la Hacienda pública que envía a la URSS gran parte de las reservas de oro del Banco de España (que no le pertenecían) y de los bienes particulares depredados por los revolucionarios o por intervención estatal.

3. Un análisis objetivo nos revela que el inicio de la persecución a los católicos se remonta a la primavera de 1931, cuando llegó al poder una coalición que coincidía en considerar a la religión como un obstáculo al progreso y un instrumento del régimen derrocado.

Las fuerzas que protagonizaron los primeros pasos del nuevo régimen (socialistas, anarquistas, comunistas, republicanos de izquierda y algunos regionalistas) diferían entre sí en casi todo: en la forma del Estado, en la organización económica, en la consideración hacia los grupos sociales, en el papel de la religión, la cultura y la enseñanza…

Únicamente había un punto de coincidencia: la voluntad decidida de construir artificialmente una sociedad carente de todo fundamento religioso.No va a ser tanto la guerra cuanto la definitiva desaparición del Estado de derecho entre febrero y julio de 1936 lo que permitió a ese laicismo alcanzar una virulencia que antes no había sido posible. Los artículos de la Constitución de 1931 y las medidas tomadas con posterioridad demostraron que se pretendía elaborar un marco legal negando la existencia política, social y cultural de un amplio sector de la sociedad española y, además, consagrando esta exclusión en el plano jurídico.

El paso siguiente sería la invasión de la esfera de la intimidad y hasta de la vida. La quema de conventos, la persecución religiosa legislativa y la eliminación masiva de eclesiásticos y seglares en la Revolución de octubre de 1934 y, sobre todo, a partir de julio de 1936, serían pasos sucesivos de una misma secuencia lógica en la que actuaron las dos formas de laicismo a las que hemos aludido: el elitista y burgués de los partidos liberales (con la legislación) y el populista de los partidos revolucionarios (con la acción directa).

En su Carta Colectiva, los obispos españoles caracterizaron la revolución española por su crueldad, inhumanidad, capacidad destructora de la civilización y el derecho, antiespañolismo y, sobre todo, anticristianismo. Las cifras de religiosos y sacerdotes asesinados en zona frentepopulista avalan esta última afirmación y fueron fijadas con relativa exactitud no mucho después de acabada la guerra. Ya en una serie de artículos publicados en 1939 y 1940 por el padre Constantino Bayle se hablaba de 3.875 sacerdotes asesinados y 139 desaparecidos (que hacen un total de 4.014 víctimas del clero secular) y unos 2.500 religiosos[6]. En el libro La dominación roja en España, basado en la investigación promovida por el Ministerio de Justicia se daban los siguientes datos:

El total de asesinatos cometidos en las personas de los Ministros de la religión católica o profesos religiosos por el Frente Popular, en lo que fue zona roja, asciende a siete mil novecientos treinta y siete, entre Obispos (de los cuales fueron asesinados 13), sacerdotes (5.255) y religiosos (2.669), correspondiendo a Madrid mil ciento cincuenta y ocho (de los cuales ciento once son religiosas asesinadas en la capital), y a Barcelona un total de mil doscientas quince víctimas, también por el solo motivo de su carácter religioso o condición sacerdotal; en Valencia, setecientas cinco; en Lérida, trescientas sesenta y seis; en Tarragona, doscientas cincuenta y nueve, y en las demás provincias sometidas al terror marxista estos asesinatos se cometen también en cifras muy elevadas[7].

Con ocasión del homenaje que, por iniciativa del arzobispo de Valladolid, D. Antonio García y García, tuvo lugar en aquella ciudad los días 11 y 12 de abril de 1950, se elaboraron unas relaciones nominales que permitían colocar la cifra más aproximada de asesinados entre 6.900 y 7.000[8]. En 1953, el escolapio Calasanz Bau, había ultimado un fichero en el que se confrontaban las relaciones nominales de Valladolid y de la Causa General con otras procedentes de las diócesis y congregaciones. Estos son sus resultados finales: 4.065 sacerdotes seculares, 2.338 religiosos y 270 religiosas asesinados. Basándose en este fichero, a comienzos de los años sesenta, monseñor Antonio Montero hablaba de 4.184 víctimas del clero secular (incluyendo a doce obispos, el administrador apostólico de la Diócesis de Orihuela y un centenar de seminaristas), 2.365 religiosos y 283 religiosas; es decir, un total de 6.832, cifra comúnmente aceptada[9].

> Por diócesis, la más castigada proporcionalmente fue la de Barbastro (que perdió el 88% de su clero) y en cifras absolutas la de Madrid-Alcalá (334) seguida muy de cerca por Valencia (327), Tortosa (316) y Barcelona (279).

> La familia religiosa masculina que más víctimas aportó fueron los Claretianos (259), seguidos de los Franciscanos (226) y Escolapios (204). Entre las religiosas destacan las Adoratrices y las Carmelitas de la Caridad, ambas congregaciones con 26 víctimas.

> En el mes de julio las bajas fueron 733 y sólo el 25 de julio, día de Santiago, patrón de España, fueron 68 los martirizados en diversos lugares. En la provincia de Madrid, desde el 19 al 31 de julio de 1936 fueron asesinados al menos 113 sacerdotes y religiosos. En esas mismas fechas, sólo en la ciudad de Barcelona, las víctimas eran más de 50.

> En agosto de 1936 se alcanzó la cifra más elevada con más de 1.650 asesinados: una media de 53 por día, entre ellos nueve obispos.

> Aunque ellos no disponían de este dato, cuando el 1 de julio de 1937 los obispos españoles publicaron su Carta Colectiva los sacrificados alcanzaban ya la cifra de 5.839 (un 95% sobre el total con fecha conocida).

Mucho más difícil es dar cifras de seglares muertos como consecuencia de la persecución religiosa; no porque no dispongamos de los datos esenciales para poder situar el número de caídos en la retaguardia republicana entre 60.000 y 70.000 personas, sino por una razón metodológica: resulta imposible establecer una frontera nítida entre la persecución religiosa y la represión de carácter sociopolítico.

Lo que suele definirse como “represión” es algo que se dio en ambas retaguardias durante la Guerra Civil y que hemos definido como “el conjunto de actos coercitivos, emanados de la instancia que ejerce el poder, sobre la población no adicta o neutral, con la finalidad última de evitar y castigar posturas o actuaciones político-sociales y/o de respaldar la implantación de un orden de cosas distinto”[10]. Pero sólo en una de las zonas, la llamada con gran imprecisión “republicana”, se encontraban razones de tipo religioso entre las motivaciones de esa persecución a los disidentes. Tampoco es necesario hacer coincidir el concepto teológico de mártir con otro, mucho más amplio, de víctima de una persecución religiosa en la que no existen fronteras nítidas, porque no las hay en la vida real, entre lo religioso, lo político y lo social.

Lo primero que llama la atención en estas cifras es lo elevadas que resultan, sobre todo si se tiene en cuenta que, si bien a comienzos de la Guerra Civil el 59% de la población española quedó en zona gubernamental y el 41% en zona sublevada, los frentepopulistas vieron cómo se iba reduciendo forzosamente el territorio y, por lo tanto, la población bajo su control debido a las continuas derrotas sufridas en el terreno militar. Volviendo al reparto de víctimas en toda España, los porcentajes entre clero secular, regular y religiosas no son homogéneos como puede verse en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Porcentaje de víctimas religiosas por zonas de España

En todas las regiones predominan los asesinatos de sacerdotes seculares, mientras que el número de religiosos resulta especialmente elevado en el Centro, Aragón-Cataluña y el Norte. En el primer caso, esto se explica por las matanzas de Paracuellos (noviembre de 1936) y por las comunidades de frailes del mismo Madrid y diversos pueblos, sobre todo de Toledo y Ciudad Real, que fueron eliminadas en su práctica totalidad (Toledo capital, Alcázar de San Juan, Manzanares, Daimiel…). En Aragón y Cataluña hay que referirse a lo ocurrido en Barbastro, Barcelona, Lérida y Cervera, pues sólo en estas cuatro localidades se concentra el 53% de los religiosos asesinados en toda la región. En el norte fueron Santander y Gijón las ciudades más castigadas, mientras que el resto de las víctimas fueron muy dispersas.

Los lugares en que fusilaron a más religiosas fueron Madrid (con la práctica totalidad de los casos ocurridos en la zona Centro) y Valencia. En esta provincia, los sucesos fueron realmente trágicos, pues fueron exterminados varios grupos de monjas. En las provincias del Norte y del Sur, el porcentaje de religiosas sobre el total de víctimas eclesiásticas no llega al 1%. Para buscar el impacto de la persecución sobre el clero secular podemos valorar las pérdidas no ya por zonas, sino por diócesis, como se hace en el Cuadro 2 prescindiendo de aquellas demarcaciones en las que el número de víctimas fue muy bajo.

Cuadro 2. Número de víctimas entre el clero secular por diócesis

Las diócesis que perdieron un número más elevado de sus efectivos sacerdotales, por encima o en torno al 50%, fueron Barbastro, Lérida, Tortosa, Segorbe, Menorca y Toledo. Para toda España puede verse el reparto cronológico de las muertes de eclesiásticos en el Cuadro 3, elaborado a partir de aquellos casos en los que conocemos la fecha.

Cuadro 3. Asesinato de eclesiásticos (por meses y años).

El momento en que se sitúa el máximo de víctimas de la persecución religiosa oscila, según las zonas, entre los diversos meses del verano y el otoño de 1936, pero en la mayoría de las provincias fue agosto la que concentra las cifras más elevadas. Como excepciones, en Murcia y Vascongadas el mes en el que tuvieron lugar más muertes de eclesiásticos fue octubre; en Baleares y Madrid, noviembre; en Cantabria, diciembre; y en Vizcaya, enero de 1937. Todos estos máximos hay que ponerlos en relación con otros tantos episodios represivos ocurridos en dichas fechas (matanzas de Paracuellos, asaltos al barco Alfonso Pérez en Santander y a las cárceles de Bilbao, etc.).

A partir de diciembre de 1936 y de los primeros meses de 1937 hay un descenso progresivo del número de víctimas; y desde mayo de ese mismo año, y hasta el final de la guerra, las cifras de eclesiásticos asesinados son ya más reducidas, aunque ello no quiere decir que terminara la persecución sino que se orientó hacia otras formas. En todo caso, entre junio de 1937 y marzo de 1939 hemos documentado un centenar de muertes ocasionadas muchas veces entre eclesiásticos movilizados forzosamente y asesinados durante su estancia en los frentes o entre presos ejecutados por el Ejército Popular en retirada. También cabe referirse aquí a varios sacerdotes hechos prisioneros en las ofensivas sobre Zaragoza (de agosto a septiembre de 1937) y Teruel (diciembre de 1937 a enero de 1938).

Para ver todo esto con más detalle, interesa comprobar la extensión de la violencia laicista en los primeros momentos de la guerra. Sorprenderá su rápida expansión y su lento apagarse. El mismo 19 de julio de 1936 hay muertes de eclesiásticos en Barcelona y Sevilla; el 20 de julio se producen en las provincias de Barcelona, Córdoba, Jaén, Lérida, Madrid y Tarragona; y en días sucesivos se extenderán al resto, de manera que al terminar el mes habían tenido lugar asesinatos de sacerdotes y religiosos en treinta provincias. En cambio, habrá que esperar a agosto para que se produzcan crímenes de esta naturaleza en las provincias de Almería, Burgos, Cádiz, Santander, Murcia y Vizcaya.

El descenso de muertes fue lento. En enero de 1937 todavía hubo asesinatos en un total de trece provincias; en febrero, en ocho; y así sucesivamente hasta que al llegar a finales de 1938 prácticamente sólo ocurrían asesinatos de eclesiásticos en Cataluña y Madrid. Entre enero y marzo del último año de la guerra, los escenarios fueron las provincias de Barcelona, Lérida y Gerona (en enero y febrero) y, ya en marzo, los frentes de Badajoz, Castellón, Cuenca y Madrid.

Por último, conviene precisar —como manifestación del contenido específicamente antirreligioso de esta persecución— que, en muchísimos casos, se desarrolló con gran crueldad y que la finalidad de estos malos tratos cuando se aplicaban a sacerdotes y religiosos era, en muchas ocasiones, arrancarles blasfemias. Otro dato que cabe interpretar en el mismo sentido son las ejecuciones en masa, sin discriminación de sexo, edad o condición de las víctimas y, por supuesto, sin que aparezca en ellas ningún elemento político o social que pudiera explicarlas. Algunos de los casos más notables son el exterminio del teólogo claretiano de Barbastro al que ya hemos aludido, los setenta y cuatro sacerdotes fusilados en el cementerio de Lérida en la noche del 20 al 21 de agosto de 1936, los noventa y un religiosos (maristas, gabrielistas y monjes de Montserrat) fusilados en Barcelona o los quince hermanos de San Juan de Dios inmolados por no haber querido abandonar a sus enfermos del Hospital Marítimo de Calafell (Tarragona).

Los edificios destinados al culto (iglesias, ermitas y conventos) fueron por regla general convertidos en cárceles, casas del pueblo, almacenes, garajes, cuadras, etc. y sufrieron daños de diversa consideración, aunque en su mayoría reparables. El contenido de esos templos fue saqueado y quemado entre escenas sacrílegas, burlas, profanaciones, parodias de las ceremonias religiosas y realización de hechos incalificables con las imágenes y hasta los cadáveres enterrados. El Santísimo Sacramento, que en muchas ocasiones había podido ser consumido con reverencia, se convirtió en otras en objetivo preferente.

Esta vandálica proscripción de todo lo sagrado no tuvo nada de espontáneo y, además, fue objeto del refrendo gubernamental con una serie de disposiciones por las que se procedía a la incautación y clausura de todos los centros regidos por instituciones religiosas, incluso los que no fueran de su propiedad y estuviesen dedicados a la beneficencia. La medida provocó situaciones tan dramáticas como la que se vivió en el Hospital-Asilo de San José de Carabanchel Alto (Madrid) regido por los Hermanos de San Juan de Dios. El 1 de septiembre de 1936, guardias de asalto y milicias interrumpieron a los religiosos en su tarea de servir la comida a los enfermos y detuvieron a doce de ellos, que fueron inmediatamente asesinados en Boadilla del Monte (Madrid). El asilo quedó incautado y en los primeros días de noviembre, ante el avance de las fuerzas nacionales, las milicias abandonaron el edificio, pero antes resolvieron asesinar a los epilépticos asilados. Cuando trataban éstos de esconderse en los refugios, los milicianos dispararon sobre ellos, matando a trece de estos enfermos, cuyos cadáveres quedaron tendidos en las aceras y paseos del establecimiento.

La relación de pérdidas de obras religiosas de gran valor artístico, y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera catalogadas, es tan elevada que basta con citar algunos de los casos más notorios[11]. El monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles (Getafe) que fue volado con dinamita el 7 de agosto de 1936, después de ser asaltados los edificios religiosos que le circundaban. En Castellón de la Plana, en los primeros días del mismo mes, fue asaltada la iglesia arciprestal de Santa María, Monumento Nacional, quemando en una hoguera todas las imágenes, objetos sagrados y archivo; después de alguna discusión, el Ayuntamiento acordó la demolición del templo que se llevó a efecto. Especialmente afectadas resultaron algunas catedrales como la de San Isidro de Madrid, Jaén, Vich y Cuenca. Y en Toledo se incautaron el 4 de septiembre de 1936 “cumpliendo una orden verbal dada por el Excelentísimo Sr. D. José Giral, Presidente del Consejo de Ministros”, según figura en el acta, de la mayor parte del Tesoro catedralicio. En esta incautación desaparecieron objetos notables, aunque la rápida ocupación por las tropas nacionales de Toledo impidió la pérdida de otras joyas valiosas como la célebre Custodia de Enrique de Arfe, que ya estaba desmontada, así como los cuadros de la Catedral.

Desde el primer momento, las alocuciones de los militares sublevados reconocieron el carácter religioso de esta lucha; así, el general Francisco Franco desde Radio Tetuán el 25 de julio de 1936 declaraba que se combatía por la “Patria, la Familia y la religión”. El pueblo español dio sentido de cruzada —aunque la Iglesia no la declarara como tal— a la guerra, sobre todo, a medida que llegaban las noticias de lo que estaba ocurriendo en zona frentepopulista y que era continuidad de lo que se había comenzado ya durante la República: ardían las iglesias y se asesinaba por centenares a los sacerdotes y a los católicos practicantes.

Y, por eso, la jerarquía eclesiástica empezó a manifestarse en apoyo de los sublevados con documentos, como la Carta pastoral de los obispos de Vitoria y de Pamplona (6 de agosto de 1936) y Las dos ciudades (30 de septiembre de 1936), escrita por el obispo de Salamanca, Plá y Deniel, hasta desembocar en la Carta Colectiva del Episcopado español. A partir de 1936, el Episcopado español y el Papa acabaron dando la razón a quienes habían señalado el error que supone absolutizar la doctrina de la sumisión al poder constituido silenciando la paralela licitud de la rebelión en determinadas circunstancias.

Es en esta realidad donde deben situarse los pronunciamientos sobre el sentido de la guerra, claros e inequívocos desde el principio hasta su final. Y adquieren especial valor, porque la Iglesia podía haberse limitado a presentarse como víctima de una persecución religiosa y a tratar de neutralizar los efectos de ésta adaptándose en la medida de lo posible a la nueva situación. Por el contrario: en el mismo discurso a quinientos españoles en que habló por primera vez de “verdaderos martirios en todo el sagrado y glorioso significado de la palabra”[12], Pío XI mandaba su bendición “a cuantos se habían propuesto la difícil tarea de defender y restaurar los derechos de Dios y de la religión”; y, al acabar la guerra, el papa Pío XII concebía el primordial significado de la victoria nacional en los siguientes términos:

“El sano pueblo español, con las dos notas características de su nobilísimo espíritu, que son la generosidad y la franqueza, se alzó decidido en defensa de los ideales de fe y civilización cristiana, profundamente arraigados en el suelo fecundo de España; y ayudado de Dios, “que no abandona a los que esperan en Él” (Iud 13,17), supo resistir el empuje de los que, engañados con lo que creían un ideal humanitario de exaltación del humilde, en realidad no luchaban sino en provecho del ateísmo”[13]

Veamos con detalle la postura de la Iglesia a través de una serie de importantes documentos.

El cardenal primado, Isidoro Gomá, que carecía de noticias previas acerca del Alzamiento, se salvó de los efectos de la persecución religiosa (aunque su diócesis, Toledo, fue una de las más afectadas) por coincidir aquellas fechas con una estancia en Tarazona (provincia de Zaragoza) que quedó en zona nacional. Se trasladó a Pamplona y allí se convirtió en informador oficioso para la Santa Sede acerca de lo que estaba ocurriendo en España.

Su primer informe al Vaticano se despachó el 13 de agosto[14]. Partiendo de la tesis de que el catolicismo era víctima, llegaba a la conclusión de que, de no haberse producido el Alzamiento, se habría implantado en España una dictadura comunista y extinguido la Iglesia en el caso de que triunfase el Frente Popular. Gomá manifestaba tres preocupaciones fundamentales:

> La postura del nacionalismo vasco (PNV) contraria en la práctica a la doctrina de la Iglesia de no anteponer los intereses particulares a los del catolicismo.

> Tras la ola persecutoria y de desmantelamiento iniciada en 1931, de cuya responsabilidad nadie podía declararse absolutamente inocente, la Iglesia, aun en el caso de victoria del bando que la protegía, iba a encontrarse ante una formidable tarea de reconstrucción difícil de llevar a cabo.

> Por último, detectaba influencias exteriores que calificaba de paganizantes en el bando nacional. Advertía la existencia de un sector que preconizaba una especie de laicismo del Estado, tendencia que juzgaba poco conveniente. “Falta ver el alcance que se dará a esta proposición”.

En sus informes oficiosos a la Santa Sede, el cardenal primado, Isidoro Gomá, con frecuencia insiste en un criterio: juzgar a Franco siempre como un católico convencido y estimar su postura, al frente de la jefatura del Estado desde el 1 de octubre de 1936, como una garantía de que la orientación cristiana del Estado prevalecería en las líneas de la política general. Por ejemplo:

“Me afirmo en los conceptos ya expresados a Vuestra Eminencia sobre las condiciones personales del Jefe del Estado Español y los propósitos que le animan con respecto a las cosas de la Iglesia en España. Tiene el Generalísimo arraigados sentimientos religiosos, cumple como buen cristiano con los preceptos de la Santa Iglesia y manifiesta decidido empeño en que se restaure la vida religiosa en el país, empezando por la reforma de nuestra legislación, tan embebida del espíritu laico por obra de los últimos gobiernos”[15].

Buena prueba de esta actitud sería la prudente intervención de Franco en cuestiones especialmente delicadas, como lo fue la colaboración de los nacionalistas vascos con los marxistas, el compromiso político de parte de los sacerdotes en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya y la intervención partidista en el conflicto de miembros del clero vasco a favor de la causa roja, elogiada públicamente por la dirigente comunista apodada La Pasionaria. El primado de España, cardenal Gomá, y el jefe del Estado, Generalísimo Franco, pusieron fin con su intervención personal a las ejecuciones de algunos sacerdotes condenados sumariamente por tribunales de guerra y pasados por las armas bajo acusación de actividades políticas de carácter separatista[16].

El 30 de septiembre, el obispo de Salamanca, Enrique Plá y Deniel, publicaba una carta pastoral que titulaba Las dos ciudades. Tomando como base la doctrina agustiniana sobre las dos ciudades (la de aquellos que por amor a Dios llegan al menosprecio de sí mismos, y aquella otra que por amor a sí mismos desprecian a Dios), llegaba a la conclusión de que aquella contienda era, en realidad, una cruzada, pues se estaba dirimiendo la supervivencia de la Iglesia en España.

En el suelo de España luchan hoy cruentamente dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la tierra […] ¿Cómo justificar la toma de partido de la Iglesia? La explicación plenísima nos la da el carácter de la actual lucha que convierte a España en espectáculo para el mundo entero. Reviste sí, la forma externa de una guerra civil pero en realidad es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar sino para restablecer el orden […] Ya no se ha tratado de una guerra civil sino de una cruzada por la religión y por la patria y la civilización. Ya nadie podrá tachar a la Iglesia de perturbadora del orden que ni siquiera precariamente existía[17].

El 12 de diciembre de 1936, Gomá fue recibido por el Papa. Captó inmediatamente las dificultades que tendría que vencer porque “en Roma predominan en este respecto las conveniencias de la diplomacia sobre las exigencias de esta expresión de fe y entusiasmo religioso que ha acompañado al estallido de la guerra”. Eran varios los sectores que presionaban: Múgica esgrimía el asunto de los sacerdotes vascos; Vidal y Barraquer volvía a su idea de una negociación que permitiese alcanzar la paz religiosa. El clero francés se negaba a ver en Franco otra cosa que un peligroso aliado de Hitler…

La declaración de “cruzada” por parte de los obispos españoles causó impacto en los ambientes católicos. Produjo en Francia una profunda división. Este país tenía intereses directos respecto a lo que estaba sucediendo en España: junto a las cuestiones religiosas estaban las consideraciones políticas, derechas frente a izquierdas y germanofilia. En consecuencia, los católicos se dividieron y Jacques Maritain, cuya influencia sobre los monseñores vaticanos era muy grande, se situó a la cabeza de un grupo de intelectuales católicos empeñados en demostrar que era falso el principio y que la República tenía razón. Para los católicos, que experimentaban la más cruel de las persecuciones, era un verdadero escándalo que pudieran colocarse al lado de los verdugos[18].

La Carta colectiva del Episcopado Español de 1 de julio de 1937 no supuso innovaciones en juicios ya dados con anterioridad, aunque lógicamente por el número y relieve de los firmantes —dos cardenales, seis arzobispos, treinta y cinco obispos (uno de los cuales, el de Teruel, daría posteriormente testimonio de la firma con su sangre al ser asesinado en 1939) y cinco vicarios capitulares— y por su notoria repercusión mundial sigue constituyendo el documento más importante para definir la postura de la jerarquía eclesiástica española ante la guerra.

En la Carta se manifestaba ante la opinión pública, especialmente extranjera, que las causas de la guerra había que buscarlas en una situación anterior de continuos atropellos a los ciudadanos españoles en el orden económico y social, que habían puesto en gravísimo peligro la misma existencia del bien público, del orden y de la paz. Y se exponía que el alzamiento había sido en su origen un movimiento nacional en defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada. Ante el mundo entero, se apoyaba de forma rotunda a uno de los bandos por razones de orden social, moral y religioso: “hoy por hoy no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ella derivan que el triunfo del Movimiento Nacional”[19].

Ángel David Martín Rubio

1. El factor religioso constituyó uno de los elementos sustanciales de la guerra de España. Como tal, fue constantemente señalado en los pronunciamientos públicos oficiales, tanto de la Iglesia como de las autoridades del bando nacional. Pero también aparece como gran protagonista en las manifestaciones de autoridades republicanas y de partidos y grupos políticos de este bando, en el sentido de destruir o desterrar el catolicismo como una de las bases de la identidad española.

2. La situación de hecho de la Iglesia y los católicos, a partir de 1931, pero especialmente desde 1936, fue de acoso y persecución abierta, situación que algunos sectores justificaban por considerarla necesaria para la renovación de España, porque atribuían a la Iglesia ser una de las principales causas de los males de la sociedad española. En algunos partidos, casi era convicción obligada, debido a sus propios presupuestos marxistas en los que la religión constituía un elemento alienante que había que destruir, como trataron de hacer en Rusia y luego en las naciones conquistadas por el Ejército Rojo de Stalin, como Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia, Croacia, Eslovaquia, Hungría o Bulgaria.

3. No puede extrañar, por tanto, que por parte de la Iglesia católica, a través de sus portavoces, se insistiera en que los elementos claves del conflicto no eran los cambios sociales, políticos o económicos, sino que se estaba dilucidando la pervivencia o no del cristianismo en España y, por tanto, de todas sus manifestaciones de civilización y cultura.

4. La respuesta al laicismo agresivo nunca será promover la presunta autonomía de las realidades temporales o la independencia Iglesia-Estado, ni siquiera la neutralidad de éste (si es que pudiera existir).

5. La persecución religiosa y el carácter religioso de la Guerra de España se sitúan en un contexto revolucionario y contrarrevolucionario que supera con creces al momento cronológico en que se produjo, entre la revolución bolchevique de 1917 y la expansión del comunismo por medios militares y violentos desde 1945.