La última felonía de este tirano, dictador fascista

Sánchez quiere prohibir a la Policía investigar por razas los delitos de bandas y yihadismo

La reforma legal que pretende abordar el PSOE puede dejar a la Policía sin una de sus bazas clave en las investigaciones: los agentes usan perfiles de las razas humanas en sus pesquisas sobre posibles delitos cuyas probabilidades son mayores entre bandas de extranjeros o en ciertos ambientes identificados con barrios o áreas de las ciudades donde determinados inmigrantes cuentan con mayor representación. Los socialistas tramitan ya las bases de una reforma que quiere “identificar los patrones de discriminación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en particular el uso de perfiles raciales en las tareas de investigación y vigilancia policiales”.

La prohibición de esos perfiles dificultaría la identificación de colectivos especialmente proclives a algunos delitos en áreas como la criminalidad de bandas o incluso de yihadismo. Desde la Policía hasta Hacienda. Todos los cuerpos que persiguen comportamientos ilegales cuentan con perfiles que determinan las probabilidades de comisión de infracciones dependiendo de características de los distintos grupos de población.

Hacienda lo hace con perfiles de contribuyentes con mucho gasto y reiteración en las pugnas con Hacienda. Y la Policía lo hace para investigar delitos, por ejemplo, entre las bandas latinas, en grupos fundamentalistas islámicos o en las mafias del este.

Pero el PSOE quiere acabar con esto. Quiere prohibir lo que denomina como “perfiles raciales” en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El texto donde ha recogido este plan se tramita en estos momentos en el Senado bajo la forma de informe del PSOE sobre la Ponencia de reforma de la legislación en materia de inmigración. Allí se recogen los siguientes puntos “en relación a la lucha contra el racismo y la xenofobia”:

-“Reforzar, desde un enfoque interseccional que incorpore la perspectiva de género, de diversidad sexual, discapacidad y los derechos de la infancia y adolescencia, la estrategia contra el racismo y la xenofobia, aunando políticas públicas e iniciativas no gubernamentales e incidiendo especialmente en acciones en materia educativa, de comunicación y de sensibilización, con el objeto de poner fin a las discriminaciones por motivos raciales que existen en España en cuestiones tan básicas como el acceso a la vivienda, el empleo o la sanidad y que generan condiciones laborales de explotación”.

Derecho al acceso y uso de la vivienda

El informe del partido de Pedro Sánchez profundiza en este asunto y señala su propósito de “incluir en la Ley de Igualdad de trato y no Discriminación el derecho al acceso y uso de la vivienda, para articular medidas preventivas, informativas y de sensibilización”. Y, también, un punto que afecta directamente a la Policía y Guardia Civil: “Elaborar Protocolos de trato no discriminatorios en las FFCCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), adecuados a la nueva Ley, que incluyan la casuística étnico-racial”.

Los socialistas aclaran este punto en el siguiente párrafo, dejando claro que lo que buscan es “recopilar datos que permitan identificar los patrones de discriminación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en particular el uso de perfiles raciales en las tareas de investigación y vigilancia policiales, todo ello con pleno respeto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y a la auto identificación racial o étnica”.

No se trata del único punto polémico de un informe que pretende dar la vuelta a la legislación en materia de inmigración. La misma norma pretende erradicar paulatinamente y por ley el uso del término mena y hasta “prohibir la detención de niñas, niños y adolescentes” inmigrantes “por debajo de 18 años”.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, parte de la Ponencia de Estudio que Aborde el Fenómeno Migratorio de Manera Integral. Dicha ponencia se ha creado en el Senado. El PSOE ha encontrado ya el rechazo frontal del PP a sus propuestas. Y es que, algunas de ellas oscilan entre una reforma constitucional para permitir votar en las elecciones municipales a todos los inmigrantes residentes y no nacionalizados, hasta la prohibición de la detención de los menas.

El documento señala que “a tenor de los informes, estudios y ponencias celebradas en sede parlamentaria, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, partiendo de la arquitectura institucional y competencial del Estado derivada del marco establecido en la Constitución española y los Estatutos de autonomía, insta al Gobierno de España” a impulsar determinadas reformas legislativas.

Entre esas reformas figura un apartado destinado a los inmigrantes menores de edad: “Niñas, niños y adolescentes migrantes”. El texto está redactado sin atender al hecho de que sean menores no acompañados o menores con sus padres. Y solicita desde la homogeneización de “las pruebas de determinación de edad de menores migrantes no acompañados, eliminando las pruebas oseométricas e incorporando las resoluciones del Comité de Derechos del Niño respecto al criterio de determinación de la edad”, hasta “prohibir la detención de niñas, niños y adolescentes por debajo de 18 años”.

Un total de 144.012 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española durante el año 2021, lo que supuso un aumento del 14,1 por ciento respecto al año anterior, y la cifra más alta desde 2016, según la Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, se mantiene la tendencia al alza que viene produciéndose desde 2017, cuando se contabilizaron 66.498 adquisiciones de la nacionalidad española de residentes. Si bien, aún está por debajo de las 150.944 registradas en 2016.

Atendiendo al perfil, el 47,8 por ciento de las personas extranjeras que adquirió la nacionalidad española en 2021 fueron hombres y el 52,2 por ciento mujeres. Por edad, las personas entre 40 y 49 años constituyeron el grupo más numeroso en cuanto a adquisiciones de nacionalidad española, seguido de cerca del grupo de 30 a 39 años.

El 22,5% de las personas que adquirieron la nacionalidad española durante 2021 siempre había residido en España, mientras que el 77,5% vivió previamente en el extranjero.

Además, de los datos se desprende que los extranjeros que se nacionalizaron en 2021 tardaron unos 14 años en adquirir la nacionalidad española.

Respecto al modo de adquisición de nacionalidad española, 121.760 casos fueron por residencia -que exige a la persona haber vivido en España durante 10 años de forma legal y continuada-, y 21.712 por opción. Esta última modalidad, por la que pueden solicitar la nacionalidad personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, o cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España, se dio sobre todo en los menores de 20 años.

La nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que adquirieron la nacionalidad española en 2021 fue la de Marruecos, con 42.000 casos, el 29,2 por ciento del total. A continuación, se situaron nacionalidades de países sudamericanos y de Centroamérica y el Caribe: Colombia (8.251 personas), Ecuador (7.210), Bolivia (7.176), República Dominicana (6.255). Por su parte, entre los países asiáticos destacó Pakistán (5.921 personas).

Por comunidades autónomas, Cataluña (con 42.371 casos) y Comunidad de Madrid (con 25.827) concentraron el 47,4 por ciento de las adquisiciones de nacionalidad española en el año 2021. Por el contrario, Extremadura (770) y La Rioja (883) fueron las comunidades con menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.

Link.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por el socialista José Luis Escrivá, está trabajando en un borrador para realizar unas reformas en la la normativa de extranjería para regularizar a los inmigrantes en situación irregular que se formen en sectores en los que se necesiten trabajadores.

De hecho, el Consejo de Ministros ya acordó autorizar la tramitación administrativa urgente que permita modificar el Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el borrador en el que está trabajando el Ministerio de Escrivá se incluyen modificaciones del a ley actual y la creación de figuras nuevas.

Según ha explicado el Ministerio, "no es suficientemente ágil (la legislación actual) para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral y genera procedimientos muy burocratizados y complejos". Asimismo, han aclarado que el procedimiento normativo está en fase inicial por lo que han evitado dar más detalles.

Sin embargo, la previsión es que se presente este mediodía el balance de los primeros seis meses de funcionamiento de la reforma del reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de octubre de 2021.

Además, tal y como ha adelantado el diario 'El País', el borrador del decreto pretende ampliará la contratación en origen a otros empleados más allá de los temporeros, permitiría que los estudiantes extranjeros trabajen y obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular que se formen para puestos en los que se necesitan trabajadores.

Unas 500.000 personas extranjeras están en España en situación irregular

Por su parte, organizaciones que trabajan con migrantes calculan que en España, aproximadamente unas 500.000 personas extranjeras se encuentran en situación irregular, aunque no hay cifras oficiales.

Una de las principales reformas es cambiar el modelo de contratación de extranjeros que aún están en su país de origen y que posibilitará la captación de temporeros para campañas como la de la fresa de Lepe. Y quieren ampliarlo a los sectores como el transporte o la construcción.

Otro de los cambios que estudia el Ministerio de Escrivá es en los tipos de arraigo, donde se prevé crear un nuevo tipo de arraigo condicionado a la formación laboral en sectores específicos en los que faltan trabajadores.

Lucha contra la economía sumergida

Por otro lado, para luchar contra la economía sumergida plantean que se le pueda conceder la regularización al extranjero en situación irregular si se denuncia ante las autoridades laborales un empleo irregular por parte del trabajador o de cualquier otra persona, sin necesidad de demostrar una estancia mínima en el país.

Y para los estudiantes internacionales, el Ministerio estudia que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, para que puedan permanecer en el país una vez terminen los estudios.

144.000 extranjeros han obtenido la nacionalidad española

Precisamente este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato de los extranjeros residentes en España que han obtenido la nacionalidad durante el último año. Esta cifra asciende a 144.000 personas, un 14% más que en 2020 y se trata de la cifra más alta desde 2016.

El mayor número de nacionalidades se concedió en Cataluña y los marroquíes los que coparon las adquisiciones con 42.000.

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El Ministerio de Justicia de Pilar Llop ha realizado una polémica publicación en la que explican cómo solicitar la cancelación de los antecedentes penales, incluidos los delitos sexuales

Arden las redes sociales.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop, ha realizado una polémica publicación en la que explican cómo solicitar la cancelación de los antecedentes penales, incluidos los delitos sexuales, y ha obtenido como respuesta una auténtica lluvia de críticas.

“Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia” se lee en el polémico tuit publicado desde la cuenta oficial del organismo dirigido por Llop.

El texto va acompañado de un vídeo explicativo en el que se detalla paso a paso el proceso que deben seguir aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales, que deben deshacerse de ellos para poder conseguir la nacionalidad española o poder renovar el permiso de residencia en nuestro país.

«Antes de solicitar la cancelación de tus antecedentes te recomendamos verificar que tu causa no haya sido ya cancelada de manera automática. Para ello puedes solicitar un certificado de antecedentes penales y/o sexuales», se lee en el vídeo colocado en el perfil de YouTube del ministerio, con fecha del 7 de junio de 2022.

En el material audiovisual Justicia indica además, que ha implementado un proceso automatizado para realizar la gestión para cancelar los antecedentes penales vía telemática. De acuerdo a las cifras del ente, casi 250 mil personas han limpiado su historial penal «sin tener que solicitarlo o esperar más tiempo del necesario».

Las reacciones ante la publicación fueron inmediatas:

“Pero están locos?”, se pregunta el usuario Félix Sánchez.

“Para más INRI mirando en el video deja claro que eso incluye los delitos sexuales.. de verdad que si un partido propone hacer una ley retroactiva para juzgaros por traición o complicidad o lo que sea que nos pase, yo les votaré” se queja @nudpiedo.

“Por qué no le dais la nacionalidad a la gente aunque tenga antecedentes y ya? No entiendo el sentido de cancelarlos” reflexiona otro usuario.

Cancelación de antecedentes

Cabe recordar que en el proceso de obtención de la ciudadanía española se establece como requisito el acreditar una «buena conducta cívica», que aunque es un concepto jurídico indeterminado, hace referencia sobre todo al hecho de no tener problemas con la justicia.

Sin embargo, el Código Penal establece que los condenados por sentencia firme que hayan extinguido su responsabilidad penal, pueden realizar la solicitud de cancelación de dichos antecedentes penales, previo informe del Juez o Tribunal sentenciador, si cumple con unos requisitos.

De acuerdo a la normativa, la persona debe cumplir sin delinquir de nuevo con determinados plazos, “que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena”:

6 meses para las penas leves.
2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
3 años para las restantes penas menos graves.
5 años para las penas graves.

Link.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 215 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la creación de 17 centros propios con una capacidad de 6.100 plazas para la acogida de inmigrantes. Así lo anunció el lunes la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, en lo que supone un aumento presupuestario superior al 29% con respecto al año pasado.

Concretamente, la presentación de cuentas contempla la puesta en marcha de hasta 7 centros en las Islas Canarias en los que el ministerio dará cobertura durante hasta un mes y medio a todos aquellos inmigrantes ilegales llegados al archipiélago canario.

Por otro lado, se financiará la creación de otros 2 centros en la Península y 8 nuevos centros de acogida de protección internacional, donde los inmigrantes solicitantes de asilo podrán permanecer hasta un año y donde se les prestará alojamiento y manutención, así como otro tipo de servicios sociales y sanitarios.

En cuanto a la ubicación de los centros peninsulares, Isabel Castro ha matizado que los primeros que contarán con licitaciones para su puesta en marcha tendrán ubicación en Valladolid, Soria, Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Mérida (Badajoz).

En el marco de la creación de estos 17 centros de acogida, el Ministerio de José Luis Escrivá incrementará el gasto dedicado a la inmigración en más de un 29 por ciento, incrementando estas partidas hasta los 815 millones de euros para la financiación, entre otras cosas, de la aplicación del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería.

Según datos aportados por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el año 2019 en España existía capacidad para la acogida de hasta 400 inmigrantes en centros de gestión propia. Con esta medida el Gobierno incrementará el número de plazas administradas por el Estado en un total de 5.700, un aumento superior al 1.400% en un momento en el que España vuelve a sufrir nuevas oleadas de inmigración ilegal cada semana.

El Gobierno de Pedro Sánchez favorece el «efecto llamada» en la inmigración ilegal en los Presupuestos pactados para el año 2023, unas cuentas muy expansivas en el gasto y en el derroche.

La entrada de inmigrantes ilegales constituye desde hace décadas uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad española y que tiene una incidencia directa y perjudicial en la seguridad de los barrios -especialmente los más desfavorecidos-, y en la conservación de la identidad nacional. En las cuentas, el Ejecutivo impone sus intereses ideológicos, que pasan por la implementación de la agenda globalista que aspira a un mundo sin fronteras y a una sociedad multicultural.


Así, el conjunto de partidas presupuestarias para beneficiar a la inmigración ilegal cuenta con un montante superior a los 881 millones de euros, un 65% más de los contemplado para los Presupuestos del actual ejercicio. En este sentido, se destinan 750 millones para acciones «en favor de los inmigrantes«, un 32% más que en 2022 y un 77% más que en 2021. Además, dedica 131 millones a los Menores Extranjeros No Acompañados (menas), 3,3 millones más que este año y 23,3 millones más que en 2021.

Las cuentas están centradas en la ampliación y en la mejora de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como los de Madrid y Lanzarote, y contempla la construcción de uno nuevo en Algeciras (Cádiz).

Así, cabe señalar la desprotección de la frontera sur de España: la inversión prevista para el Plan de Seguridad en Canarias es la misma, siendo las necesidades hoy -y las que se pueden augurar en 2023- muy superiores a las previstas; se ha congelado la inversión en la frontera de Melilla, y se ha reducido en Ceuta, dos enclaves que sufren frecuentes violentos asaltos en sus vallas.

‘España Decide’ de VOX

Este mes de octubre, la formación liderada por Santiago Abascal presentó «España Decide», un documento en el que se exige que «se devuelva la palabra a los españoles» para que decidan sobre políticas públicas que tienen incidencia sobre su vida diaria y la seguridad y el bienestar de sus familias.

El documento denuncia que las políticas migratorias del «consenso» han convertido España «en el epicentro de la inmigración ilegal en Europa» y asegura que es «una decisión tomada a espaldas del pueblo español que tiene consecuencias muy importantes en las fronteras, la soberanía y la integridad territorial; las relaciones laborales y las ayudas sociales; y el orden público, la seguridad ciudadana; la cohesión social y la identidad nacional».

«Es evidente que una mayoría reclama un cambio en las políticas migratorias y en la defensa de nuestras fronteras, y son muchos los aspectos que se pueden y se deben preguntar a los españoles», agrega VOX.

Joderse...

Prisas en La Moncloa. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere nacionalizar por la vía rápida a cientos de miles de hijos y nietos de españoles que se exiliaron durante el franquismo. Todo gracias a la denominada Ley de Memoria Democrática que entrará en vigor en los próximos días. El cálculo que hacen en el Ejecutivo es que la inmensa mayoría de esos nacionalizados votarán a PSOE o Podemos. El Ministerio de Exteriores asegura en respuestas oficiales que no tienen informes con estimaciones del número de potenciales beneficiarios de esta medida. En todo caso, hay aproximaciones que hablan de hasta 250.000 personas, sobre todo, residentes en Cuba, México, Argentina y otros países latinoamericanos.

Según ha podido saber Okdiario, la urgencia por aprobar la ley -que salió adelante gracias al voto del PNV y Bildu- ha conllevado que haya recibido luz verde sin informes claves. El propio Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática consideraba «recomendable» un pronunciamiento del Ministerio de Exteriores. Sin embargo, en ese departamento no consta ese documento sobre el impacto de la norma en materia de nacionalizaciones.

En todo caso, el equipo de José Manuel Albares ya se ha puesto manos a la obra para reforzar los consulados. La número dos del ministerio ha reconocido en el Congreso de los Diputados que ya cuentan con una «avalancha» de peticiones. La ventanilla para llevar a cabo este procedimiento estará abierta dos años, si bien la ley contempla que se podrá prorrogar.

En algunos países como Argentina, periódicos locales indican que se beneficiarán 60.000 personas. Por su parte, en Cuba entidades españolistas como la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, recuerdan que el censo de población de 1933 contabilizaba una comunidad española en Cuba de 840.055 personas; muchas de ellas, ya hijos de españoles. Sólo 227.104 de ellos habían nacido en España. Tras la Guerra Civil, esta cifra se disparó. Aseguran que sumando hijos y nietos, en la isla caribeña hay actualmente más de un millón de habitantes, del total de 11, que podrían acogerse a la norma. Según traslada a este periódico, la cifra «dependerá del reglamento de aplicación, con los detalles particulares, las facilidades que brinden los consulados para el trámite y el tiempo que la ley se mantenga en vigor».

Fuente.

VOX reclamará una consulta para que los españoles decidan cuál es el modelo de control de la inmigración que quieren, dado que esta elección tiene consecuencias en la soberanía, en las relaciones laborales, en las ayudas sociales, en la seguridad y en la identidad nacional.

Lo dijo el pasado sábado el vicepresidente primero de Acción Política de la formación, Jorge Buxadé, tras clausurar el II Encuentro Frontera Sur, un evento celebrado en Ceuta en el que se denunció la complacencia de las autoridades de la Unión Europea con las mafias de tráfico de personas y su negativa a defender las fronteras, y se alertó de los efectos del multiculturalismo en las ciudades europeas.

Ceuta es una de las ciudades españolas más perjudicadas por el «efecto llamada» migratorio favorecido tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha aumentado en el proyecto de Presupuestos para 2023 un 65% las ayudas a la inmigración ilegal -hasta un total de 881 millones de euros-, como por los burócratas de Bruselas. Pese a que las avalanchas migratorias y los asaltos a la valla son desde hace décadas una de las principales amenazas a las que se tiene que enfrentar la sociedad ceutí, con la consecuente incidencia en la inseguridad y la delincuencia, los globalistas continúan alentando la inmigración ilegal en virtud de un fracasado modelo multicultural.

Pero este aliento no se aprecia solo en las partidas presupuestarias dedicadas a la ampliación y mejora de los Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) o la atención de los Menores Extranjeros No Acompañados (menas), por ejemplo, sino en la concesión de la nacionalidad española. Precisamente VOX ya presentó en el Congreso una proposición de ley para endurecer los requisitos exigidos de cara a obtener la nacionalidad y garantizar que se acredita «un vínculo de lealtad y de compromiso histórico con el pasado, el presente y el futuro» de España.

Así, defendió elevar de 10 a 15 años el plazo general de residencia legal y continuada para la concesión de la nacionalidad española, y exigió que todo aquel que quiera adquirir la nacionalidad por residencia tenga que acreditar el conocimiento del español mediante un certificado oficial de idiomas, acreditando u acreditando un suficiente conocimiento y manejo de la lengua española.

En Ceuta, se ha concedido la nacionalidad española a 2.363 inmigrantes procedentes de Marruecos en los últimos nueve años (desde 2013 hasta el pasado año 2021), según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los años en los que se concedieron más nacionalidades fueron 2021 (un total de 410), 2014 (un total de 360) y 2013 (un total de 355). En el conjunto de España se ha concedido la nacionalidad española desde 2013 y hasta 2021 a 264.938 marroquíes. Buena parte de las concesiones de nacionalidad se hicieron sin los requisitos lingüísticos imprescindibles.

En este sentido, VOX aboga por acabar con las prácticas fraudulentas de adquisición de la nacionalidad y por restringir su atribución por procedimientos que no acreditan «un suficiente grado de integración en la nación».

Fuente.

Más de 222.000 inmigrantes ilegales han llegado a territorio español desde que Pedro Sánchez accedió al poder en junio de 2018, un año que se cerró con un total de 65.383 entradas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Más del 80% de las llegadas se produjeron tras el cambio de Ejecutivo.

En el año 2019, un total de 32.513 ilegales llegaron a España, según las estadísticas del Ministerio del Interior. Al año siguiente, y pese a la crisis sanitaria, el flujo de accesos ilegales no se detuvo y se cerró 2020 con un total de 41.861 entradas contabilizadas
[url= https://gaceta.es/espana/mas-de-222-000-inmigrantes-ilegales-han-llegado-a-espana-desde-que-sanchez-accedio-al-poder-20230409-0955/]por ACNUR.[/url]

En 2021, llegaron 43.197 ilegales a España, según los datos de ACNUR. El Gobierno no contempla los asaltos a la valla de Ceuta en mayo. Si se suman estas llegadas, «entre 12.000 y 14.000 personas», según la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de la ciudad autónoma, el resultado es más de 57.000 ilegales. Por su parte, en 2022 los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señalan que accedieron más de 31.700 inmigrantes.

En los primeros tres meses de 2023 ya han accedido a España un total de 4.372 inmigrantes. Son menos de los que entraron el año pasado en el mismo periodo, pero los suficientes para que en casi cinco años se hayan batido todos los registros históricos en llegadas de inmigrantes ilegales.

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El Gobierno aumenta un 65% las partidas para favorecer la inmigración ilegal
El Gobierno de Pedro Sánchez favorece el «efecto llamada» en la inmigración ilegal en los Presupuestos pactados para el año 2023, unas cuentas muy expansivas en el gasto y en el derroche.

La entrada de inmigrantes ilegales constituye desde hace décadas uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad española y que tiene una incidencia directa y perjudicial en la seguridad de los barrios -especialmente los más desfavorecidos-, y en la conservación de la identidad nacional. En las cuentas, el Ejecutivo impone sus intereses ideológicos, que pasan por la implementación de la agenda globalista que aspira a un mundo sin fronteras y a una sociedad multicultural......

Más de 180.000 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española en 2022, un 26,1% más que en 2021 y la cifra más alta desde 2014.

Así consta en la Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes. Año 2022, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó en el mes de junio y que ha vuelto a tomar relevancia esta semana tras los gráficos que Datadicto ha compartido esta semana en X, antes Twitter.

Además de la cuantía de nacionalidades concedidas durante el pasado año, el dato más llamativo es el país de origen de quienes en mayor porcentaje reciben la nacionalidad española.

Así, más del 30% de estos «nuevos españoles» proceden de Marruecos; un dato muy superior al de los siguientes grupos más nacionalizados: el de los colombianos y el de los ecuatorianos, ambos con un 6%.

En términos absolutos, durante 2022, España otorgó la nacionalidad a 55.463 marroquíes. Y de nuevo es Marruecos, por detrás de España, el país de nacimiento más frecuente con 23.335 adquisiciones.

Respecto de la forma de adquisición 157.415 casos fueron por residencia (se exige un mínimo de 10 años de residencia continuada en nuestro país) y 23.558 por opción (derecho que tienen aquellos que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, o personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España). Esta última modalidad se dio sobre todo en los menores de 20 años, donde el 95,7% del total de adquisiciones fue por esta vía.

Por comunidades, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron el 49,8% de las adquisiciones de nacionalidad española con 48.901 y 41.456 casos respectivamente. Por su parte, Extremadura (760) y La Rioja (1.083) fueron las regiones con menor número de adquisiciones entre sus residentes.

Más de 170.000 nacionalidades a marroquíes desde la llegada de Sánchez

Si se comparan los datos de 2022 con el año anterior, las nacionalidades concedidas a personas con nacionalidad marroquí aumentaron el pasado año. En concreto, se han incrementado de las 42.000 de 2021 a las 55.463 de 2022.

Esta ha sido la tónica desde que el líder del PSOE y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llegó al poder en el año 2018.

Así, ese año se concedieron 25.372 nacionalidades a marroquíes, 24.544 en 2019 (el único año en que descendieron), 28.258 en 2020, 42.000 en 2021 (el año en que se produjo la invasión a Ceuta en la que accedieron más de 10.000 ilegales), y 55.463 en 2022. Así, durante la legislatura de Sánchez se han concedido 175.637 nacionalidades españolas a marroquíes.

Los agricultores alertan de que España pasará de ser uno de los mayores exportadores europeos de tomate a tener que importarlos desde Turquía o Marruecos en apenas doce años si la UE sigue beneficiando a las producciones de terceros países. Por ese motivo, COAG ha reclamado "medidas urgentes a nivel europeo contra la competencia desleal de las importaciones de terceros países en el sector del tomate".

La Comisión Europea ha presentado sus datos a medio plazo para el sector en los que prevé una importante caída del 21,5% de la superficie y del 22% de la producción de tomate fresco en España hasta 2035, todo ello fruto de las políticas medioambientales europeas, que elevan los costes de producción nacionales dejando nuestros tomates en desventaja competitiva frente a Marruecos.

"Las condiciones de producción desiguales por disponer de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos o por permitir condiciones laborales a veces abusivas y costes salariales muy inferiores, hacen que las producciones procedentes de estos compitan deslealmente a su entrada en los mercados europeos".

La consecuencia, según COAG, es que "toda la Unión Europea sufriría un importante crecimiento de las importaciones de terceros países, pero el país más perjudicado sería España, dado que pasaría a ser importador neto tomate en 2035, debido a la presión de los competidores de fuera de la UE, en lugar de uno de los principales actores del mercado europeo con sus envíos".

La situación, de hecho, ya es preocupante. "Los datos de comercio exterior muestran como las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo se han incrementado en un 52% desde 2013 hasta 2022, mientras que las procedentes de Turquía casi se han cuadruplicado en un periodo similar", señala COAG.

En lugar de exigir a la UE que permita el uso de fitosanitarios vetados a los europeos pero presentes en los tomates de Marruecos, COAG reclama medidas proteccionistas como la prohibición de importar productos que no cumplan con las normas de producción europeas. También reclaman "la revisión del sistema de precios de entrada, la reducción del contingente de tomate con beneficios arancelarios por la salida del Reino Unido de la UE y la aplicación de medidas de salvaguardia en los momentos de perturbación grave de los mercados, cosa que ocurre año tras año por las importaciones de terceros países".

"Mientras aquí nos dedicamos a desregular la entrada de producto de terceros países, nuestros competidores refuerzan las ayudas a la agroexportación, con medidas que caerían en la ilegalidad, ahondando más en el dumping comercial frente a la producción europea de tomate", ha recalcado el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora.

"Lo más grave de todo es que la Comisión Europea es consciente de ello y no parece querer poner remedio. Todo lo contrario, abandona a las personas que producimos y facilita que las empresas de aquí se vayan a producir fuera para que luego inunden nuestros mercados con producciones que dañan nuestra rentabilidad. ¿Quiere la UE depender de Mohamed VI a la hora de elaborar sus ensaladas? A priori, resulta como mínimo inquietante".

Link.

“Hay CUERPOS POLICIALES que NO DAN la NACIONALIDAD del AGRESOR a PROPÓSITO”
Ocultar la nacionalidad en un caso aislado es razonable para no sembrar odio y el miedo. Ocultar miles de casos al mes es promover la ignorancia. Informar previene a la sociedad para que sea cauta y consecuente. Los periodistas que desinforman son cómplices de los delitos que la sociedad ignora que se fraguan.


Si todos los periodistas fuesen así, no importaría su ideología.

Un total de 242.342 extranjeros obtuvieron en 2023 la nacionalidad española por residencia, una cifra que duplica la registrada el año previo y que ha rebajado de forma considerable la bolsa de solicitudes pendientes de estudio, aunque aún son más de 200.000.

Los datos, recogidos por el Ministerio de Justicia, muestran el impacto de los planes de choque puestos en marcha por este departamento ante el atasco de cientos de miles de peticiones a la espera de tramitación.

En seis años, desde 2018, 875.757 personas han obtenido la nacionalidad española por residencia, a la que se puede optar tras más de diez años de residencia legal y continuada, aunque en el caso de los refugiados basta con cinco años y a los originarios de países iberoamericanos y de otros cercanos históricamente a España solo se les exige dos años.

2023 fue un año especialmente activo en la tramitación de este tipo de expedientes: se resolvieron 256.817 solicitudes, la cifra más elevada de los últimos años, y el 94 % de ellos en sentido positivo, en línea con los años anteriores.

Pero la entrada de peticiones no cesa y en 2023 se registró también la mayor cifra de los últimos años: 194.753.

El ejercicio acabó así con 218.237 expedientes pendientes, algunos de ellos presentados hace ocho años.

Al margen de por residencia, en España puede obtenerse también la nacionalidad por carta de naturaleza, una decisión discrecional del Gobierno que benefició en 2023 a 785 personas. También por origen, si el padre o la madre son españoles o nacidos en España; por posesión de estado, si se ha utilizado la nacionalidad española durante diez años de buena fe; y por opción, para quienes han estado sujetos a la patria potestad de un español o el padre o la madre hubieran sido españoles y nacidos en España.

En 2015 se aprobó una vía especial para que pudieran optar a la nacionalidad los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV, que podían solicitarla sin haber residido nunca en España y sin tener que renunciar a la suya original.

Según el balance del Ministerio de Justicia, se han registrado más de 241.887 peticiones y se han resuelto 78.889, casi 72.000 en sentido afirmativo.

Por países, el grupo más numeroso de beneficiarios procede de México (23.571), seguido de Colombia (18.343), Venezuela (9.129), Argentina (5.137), Israel (3.935), Estados Unidos (2.322), Panamá (2.053), Ecuador (1.217), Brasil (1.099) y Turquía (1.014).

VOX: 'Regalan lo más preciado que tenemos'

El líder de Vox, Santiago Abascal, denunció públicamente que "regalan lo más preciado que tenemos, nuestra nacionalidad, a muchos que ni pueden ni quieren integrarse y, de paso, alteran el censo electoral", refiriéndose a los datos publicados por el Ministerio de Justicia sobre la obtención de la nacionalidad por parte de 242.342 extranjeros.

"La política migratoria que necesitamos es justo la opuesta: fronteras firmes, mano dura con las mafias, expulsión de ilegales y de legales que delincan y fin a la barra libre de permisos de residencia y nacionalizaciones", comentó el líder de Vox, quien en muchas ocasiones ha denunciado las políticas de "efecto llamada" del Gobierno.

Recientemente este partido registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de detener los procedimientos relacionados con la concesión de la nacionalidad español a personas procedentes de "culturas islámicas". La presentó diciendo que en 2023 entraron más de 23.000 personas de manera ilegal en Canarias.

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2023 se ha convertido en el año con más extranjeros nacionalizados en España desde 2008, concretamente 240.208 personas, un aumento del 32,3% respecto al año anterior, según informa el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La nacionalidad más frecuente es la marroquí. Marruecos representa un 22,5% del total, seguido por Venezuela, con el 12,6%; Colombia, con el 7,8%; Ecuador, con el 4,7%; y Honduras, con el 4,7%.

Con casi el mismo número de hombres que de mujeres, siendo el 45,2% hombres y el 54,8% eran mujeres. La mayoría entre 30 y 39 de años, seguido del grupo comprendido de 40 a 49 años.

Por comunidades, Cataluña (con 60.846 casos) y la Comunidad de Madrid (con 50.049) concentraron el 46,2% de las adquisiciones de nacionalidad española en 2023. En contraste, La Rioja (con 952) y Extremadura (con 1.309) fueron las comunidades autónomas con el menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.

España bate el récord de extranjeros nacionalizados en 2023 en los últimos 15 años

Extranjeros nacionalizados año a año

2002: 111.002

2003: 159.739

2004: 189.742

2005: 262.839

2006: 353.080

2007: 376.992

2008: 402.712

2009: 266.517

2010: 239.700

2011: 198.723

2012: 172.210

2013: 133.000

2014: 162.000

2015: 172.000

2016: 160.000

2017: 164.000

2018: 181.000

2019: 207.000

2020: 128.000

2021: 147.000

2022: 181.581

Las 10 nacionalidades extranjeras más numerosas en España

Marroquí: Más de 880.000 personas.

Rumana: Alrededor de 320.000 personas.

Colombiana: Aproximadamente 220.000 personas.

China: Más de 130.000 personas.

Británica: Cerca de 120.000 personas.

Ucraniana: Más de 110.000 personas.

Venezolana: Alrededor de 100.000 personas.

Ecuatoriana: Más de 90.000 personas.

Dominicana: Aproximadamente 90.000 personas.

Peruana: Más de 80.000 personas.

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