Así enterró Sánchez el proyecto para extraer uranio en España

Una empresa australiana trató de extraer uranio en Salamanca. Diez años después, aún espera que un recurso resucite el proyecto.

En la segunda mitad del siglo pasado, España llegó a convertirse en el segundo productor de uranio de Europa con varias minas en distintos puntos del país que se explotaron al tiempo que se desarrollaba la industria en torno al procesado de combustible y España construía los cimientos de su parque nuclear. Tras años en que los distintos yacimientos llegaron a proporcionar el 20% del uranio que necesitaban las centrales españolas, a finales de siglo se produjo el cierre de las minas: en 1990 cerró La Haba, en Badajoz, abierta en 1966; en 2000 cerró la última, la de Saelices el Chico, en Salamanca, cuyos terrenos están siendo restaurados.

Detrás del cierre no estuvo el agotamiento de los recursos sino la baja rentabilidad: en 2000, fecha de la clausura definitiva, los costes de producción en Saelices el Chico superaban en casi un 30% los costes de mercado por un desplome en los precios que llevó a una difícil situación a la pública ENUSA y que produjo situaciones similares en otros países. El uranio, sin embargo, seguía allí y unos años después se invirtieron las tornas: el auge del precio de esta materia prima llevó a distintas empresas a interesarse por los yacimientos españoles, en Extremadura y, sobre todo, en Castilla y León.

El caso de Berkeley es el más significativo: la empresa australiana puso sus ojos en Retortillo, una pequeña localidad salmantina, hace más de diez años para construir una mina a cielo abierto y una planta de fabricación de concentrados de uranio. En 2012, explican fuentes de la empresa, empezaron "con la fase de permisos" y "desarrollo técnico" del proyecto, con la búsqueda de financiación, el diseño de las instalaciones y la evaluación del yacimiento. Afirman que en lo que fue "un proceso largo y tedioso", algo común a todos los proyectos mineros y más especialmente cuando implican actividad radiactiva, evolucionó "de forma satisfactoria hasta 2017/2018". "La empresa obtuvo por encima de 120 permisos e informes favorables", dicen, de "administraciones locales, provinciales, autonómicas" e incluso del Ministerio de Industria, que les otorgó, explican, una "concesión previa" para la planta de procesado. Sostienen que "fue a raíz del cambio de Gobierno", es decir, de la llegada del PSOE de Pedro Sánchez a la Moncloa, "cuando todo empezó a ponerse en stand by".

Los dos ‘noes’ al uranio

2021 fue el año del portazo casi definitivo a los planes de la empresa. El Consejo de Seguridad Nuclear emitió en julio un informe desfavorable sobre la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo. Una decisión que avaló el posterior no definitivo del Ministerio de Transición Ecológica al proyecto. El organismo fundamentó la decisión en "la escasa fiabilidad y en las elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotérmicos e hidrogeológicos" referidos al "almacenamiento definitivo" de los residuos. "La información aportada no permite acotar la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras que Berkeley propone para envolver los residuos", sostenía el informe, que también hablaba de "numerosas deficiencias" en la documentación presentada que habían obligado a "numerosas peticiones de información adicional".

La decisión no fue unánime: uno de los cinco consejeros, Javier Dies, sí apoyó el proyecto y redactó un voto particular muy crítico con la tardanza del informe y sus conclusiones. "Las deficiencias observadas en ningún caso conllevan un riesgo radiológico a las personas o medio ambiente durante el proceso de construcción o predisponen al mismo de modo irreversible ya durante operación y almacenamiento definitivo de residuos", sostuvo el consejero, que calificó el proyecto de "estratégico para Europa y por tanto también para España".

Sólo unos meses antes, se había aprobado en el Congreso la ley de Cambio Climático, con la inclusión de una enmienda de PSOE y Podemos que prohibía la concesión de nuevas licencias para la minería del uranio y que dejaba clara cuál era la posición del Ejecutivo en torno a este proyecto y a los que pudieran surgir.

Un año después, la empresa, que inició obras en la zona en 2016 como la construcción de una carretera, no tira la toalla. Presentaron un recurso contra la decisión del ministerio de Teresa Ribera que está "pendiente de resolución". Sostienen que echaron abajo el proyecto basándose en unas supuestas "incertidumbres" que ellos intentaron aclarar en sucesivos informes que pidieron hacer llegar, sin éxito, al CSN, algo que, según dicen, "infringe el procedimiento administrativo". También se quejan de que desde el organismo les hicieron solicitudes que no se hicieron en otros expedientes de autorización en instalaciones similares en España. Mientras, afirman, "seguimos trabajando en ver cómo mejorar el proyecto".

Desde la empresa afirman que "es una cuestión obviamente política" de un Gobierno "opuesto a la energía nuclear". Ellos insisten en que se trata de "una oportunidad de cubrir con autoabastecimiento una producción que genera el 21% de la electricidad en España", en alusión al sector nuclear. También señalan cómo el uranio ha sido extraído en España "desde los años 50" sin "ningún tipo de problema" pese a que "la tecnología no es comparable a la de ahora". "Lo único que ha hecho ha sido generar riqueza", señalan.

El CSN defiende su independencia

Mientras, recuerdan que la Ley de Cambio Climático no les incumbe porque "no afecta a las concesiones" ya realizadas y a las solicitudes ya hechas. En caso de que finalmente se les otorgaran todos los permisos, afirman que "podríamos operarla durante los catorce años iniciales previstos" y estiman que en dos años podrían comenzar a extraer y procesar el mineral.

El actual presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, rechazó este verano en una entrevista referirse a las reclamaciones judiciales de Berkeley. "Nunca vamos a reaccionar al ruido alineándonos con él para garantizar que nuestros técnicos trabajan de acuerdo a lo reglado para que después el pleno tome su decisión", declaró en alusión a la polémica que se generó en su día entre la compañía y el organismo, del que defendió su independencia.

M.R. Martín