SOS Racismo denunciará al presidente del PP vasco por decir que las ayudas sociales deben ser “primero para los de casa”

SOS Racismo interpondrá hoy una denuncia contra el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, por un supuesto delito de «provocación a la discriminación y al odio», después de que defendiera que las ayudas sociales deben ser «primero para los de casa», y arremetiese por el «buenismo» hacia los extranjeros en situación irregular.

La entidad hará extensible su denuncia a la formación popular de Bilbao, que ha distribuido un folleto en el que se puede leer. ‘Primero, los de Bilbao. Por un sistema justo de adjudicación de vivienda pública’.

SOS Racismo pedirá a la Fiscalía que estudie si las manifestaciones contenidas en el díptico, firmado por la portavoz municipal del PP, Cristina Ruiz, o las manifestaciones que aparecen en su página web, pudieran ser constitutivas de delito. Como asegura este colectivo, en el folleto «se afirma que hasta ahora se ha discriminado a la población de Bilbao por un intento de favorecer al colectivo de inmigrantes».

La organización considera que es una información «completamente falsa, que pudiera inscribirse en un supuesto delito de los recogidos en el artículo 510 del Código Penal, es decir, en la provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos y el de que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundiere informaciones injuriosas». Asimismo, reclama al Ayuntamiento de Bilbao que estudie presentar una querella por las afirmaciones de los populares.

Cristina Ruiz considera que la denuncia de SOS Racismo «está fuera de lugar» y carece de «fundamento y de razón jurídica». El PP de Bilbao asegura que tiene «la conciencia muy tranquila». «No es un folleto contra nadie, sino a favor de los derechos de miles de bilbaínos que llevan diez años y más en listas de espera para acceder a un piso protegido», enfatizó la portavoz popular en el consistorio de la capital vizcaína. fuente

La violencia sigue instalada en la sociedad vasca y no cesa. Al menos esto es lo que se desprende de la memoria anual del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), presentada ayer por su director, Carlos Cubero, y por la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto. La lectura del balance genera desazón. La actividad de los forenses creció un 22% el año pasado.

En total, firmaron 28.284 expedientes, 5.201 más que en 2010. Este importante aumento está en relación directa con el incremento de los actos más sórdidos, cuyo esclarecimiento requiere del trabajo de expertos en medicina legal.

Las agresiones sexuales se han disparado un 42% hasta sumar 296 episodios, frente a los 208 del ejercicio anterior. Esta tendencia ya se apuntaba en el informe de la Dirección de Víctimas de la Violencia de Género referido al primer semestre del año pasado, en el que se recogían 105 denuncias. Los expertos advertían entonces de un hecho preocupante: uno de cada diez agresores sexuales en Euskadi es menor de edad. Por ello, planteaban la necesidad de trabajar con la juventud y de forma específica con los adolescentes para poner freno a estos comportamientos.

Ahora bien, este crecimiento de los ataques sexuales no puede considerarse homogéneo en el conjunto del País Vasco. Ha sido espectacular en Álava, al triplicarse los casos en un solo año (de 25 a 74), mientras que en Vizcaya se ha pasado de 126 a 174 denuncias (un aumento del 38%). En Guipuzcoa lo que se ha producido es un descenso del 16%: 48 episodios frente a los 57 del año anterior.

La violencia sexual ejercida contra las mujeres es, en muchas ocasiones, el último escalón de las agresiones machistas, que también subieron. El informe recoge 1.251 frente a las 810 de 2010. Esta cifra, sin embargo, no es la real. Los juzgados vascos tramitaron el año pasado 4.125 denuncias, lo que supone una media de once al día. Un tercio de estos expedientes estuvo acompañado de un informe del forense.

Un apartado de los comportamientos violentos en el seno de la familia es el que se refiere a las agresiones entre padres e hijos o entre hermanos. También han experimentado un aumento importante, sobre todo en la modalidad de ‘presión’ psicológica o emocional, frente a un descenso del maltrato físico. Álava tiene de nuevo el peor registro, con 61 denuncias, lo que supone un crecimiento del 154%; Vizcaya suma 425 (121%), mientras Guipuzcoa vuelve a situarse en el polo opuesto al descender la casuística un 27%.

Autopsias y muerte natural

Tanto la viceconsejera de Justicia como el director del Instituto Vasco de Medicina Legal se congratularon ayer del menor número de autopsias y necropsias (examen solo externo de un cadáver) realizadas en los casos de muertes naturales. El año pasado se llevaron a cabo 386, 110 menos que en el ejercicio anterior. María Victoria Cinto señaló que esta menor actividad en este campo es fruto del acuerdo firmado en febrero de 2011 con Osakidetza para coordinar actuaciones. Añadió, en este sentido, que realizar autopsias ante casos de defunción «sin interés médico-legal o judicial» supone en cierto modo desaprovechar «recursos materiales y humanos», además de «una molestia para los familiares» de los fallecidos.

La actividad de los forenses vascos también ha descendido -un 4%- a la hora de practicar análisis para determinar la edad penal de menores inmigrantes llegados al País Vasco sin acompañantes. En total se hicieron 262 estudios de este tipo. De ellos, más de la mitad (188) corresponden a Vizcaya, 48 a Álava y solo 26 a Guipuzcoa fuente

Agentes de la Ertzaintza destinados en Bilbao revelaron ayer su malestar por el «frustrante» resultado que está obteniendo su trabajo en la búsqueda y detención de los autores de robos con violencia en la capital vizcaína. Tras confirmar un «repunte» de este tipo de casos, lamentan en declaraciones al grupo Correo que los jueces permitan la «inmediata» puesta en libertad de los presuntos autores. «Tres detenidos no pueden estar en la calle apenas un día después de ser puestos a disposición judicial», criticaban.

Según reconocieron, la situación empieza a hacer mella en la moral de los efectivos que patrullan la villa día y noche, aunque no haya mermado su implicación -ayer en diez minutos varias patrullas realizaron tres identificaciones, un robo por el método del tirón cerca de Atxuri y otro en un local en Santutxu-.

Se sienten frustrados especialmente tras el intenso dispositivo desplegado en las últimas fechas. Constatada la proliferación de sujetos que recurren a la fuerza para robar a viandantes, especialmente de edad avanzada y sobre todo bolsos y cadenas de oro, el Departamento vasco de Interior optó por aumentar la seguridad con más personal y logró identificar a 23 presuntos autores de estos delitos, «confirmados fotográficamente por las propias víctimas». Sin embargo, apenas un día después de arrestar a tres de ellos los agentes volvieron a verlos pasear «tranquilamente, aunque alguno acumula más de 30 arrestos por casos similares. Y eso que no hablamos de hurtos, sino de robos con violencia tipificados como delito y, por tanto, que pueden conllevar la pena de prisión».

«Se está creando una alarma social entre la ciudadanía y la Justicia debería tomar cartas en el asunto porque cuesta mucho trabajar viendo que los jueces no apoyan tu trabajo», recriminaron. En su opinión, los juzgados no están recurriendo «con la constancia necesaria a potestades a su alcance como es la prisión preventiva». Y están convencidos de que medidas como esta tendrían un triple efecto: «Demostrar al vecino que la denuncia realmente logra el objetivo deseado, facilitar que el número de robos descienda -son conscientes de que hay más delincuentes que los ya identificados, pero subrayan que su reincidencia «es más que patente»- y que estos sujetos reduzcan su actividad ante la amenaza real de cárcel, porque la realidad es que ahora se sienten impunes a nuestras intervenciones».

«Se ríen a la cara»


Los ertzainas aseguraron que sus compañeros de la Policía Municipal comparten este planteamiento. Una afirmación que ratificaron los propios vecinos. «Cuando les hemos exigido mayor presencia o medidas para reducir la delincuencia en la zona, tanto los agentes de la Policía autonómica como de la Guardia urbana nos han confesado sentirse maniatados: de un lado intervienen ‘hasta donde les dejan sus responsables’ y de otro empiezan a sentir que los ladrones se les ríen a la cara cada vez que los detienen porque saben que van a volver a la calle en apenas unas horas», lamentaba una vecina de García Salazar.

Los agentes, en ese sentido, consideraron que el problema podría reconducirse notablemente con una mejor coordinación interinstitucional y entre las fuerzas de seguridad. Y pusieron varios ejemplos, según sus propias palabras, de sencilla ejecución y efectividad «inmediata». «Dado que un gran número de los detenidos son de otras nacionalidades, la Policía Nacional debería colaborar más con los juzgados, ya que muchos son además ilegales que tendrían que pasar por la oficina de Extranjería», exigieron. Además, en los casos que ya son juzgados, a veces se conmutan las penas por la salida de España, «pero a los cuatro días vuelven a entrar con otro nombre sin que nadie haga nada».

En su opinión, las administraciones públicas también podrían contribuir a la mejora de la efectividad policial. Por ejemplo, a través del control de las ayudas sociales. «Hay que exigir a los beneficiarios contraprestaciones y, sobre todo, colaboración, porque no puede ser que sigan cobrando este dinero mientras amparan a ‘sin papeles’. Hay que regularizar todo eso».

Su propio cuerpo tampoco quedó exento de las críticas. Los ertzainas apuestan por incorporar a nuevos efectivos para optimizar unos tiempos de respuesta que, además, aseguran que se han visto perjudicados con la centralización de las llamadas de emergencia. «A veces tardamos más de siete minutos en atender una alerta, cuando el ladrón sólo necesita tres para desaparecer». fuente

A pesar de la crisis y el azote del paro, los inmigrantes siguen considerando Vascongadas un destino con oportunidades de futuro. Mientras en el conjunto de España la burbuja migratoria que se desató a comienzos de la última década se ha desinflado –la población extranjera disminuyó un 0,3% el pasado año–, el menor impacto de la recesión en Vacongadas ha generado que en esta comunidad aún crezca de forma significativa la cifra de foráneos empadronados; en concreto, un 4,5% en 2012. Lo que sí ha cambiado es la nacionalidad mayoritaria en el colectivo; tras la preeminencia de colombianos, bolivianos y ecuatorianos en un pasado reciente, los marroquíes (17.832) han desbancado por primera vez a los rumanos (17.598) como los más numerosos.

Así se desprende del último informe del Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi), que ha analizado la evolución de la población extranjera en Euskadi desde 1998. Una radiografía que permite apreciar el importante peso específico adquirido por los inmigrantes desde finales de los 90 –cuando apenas estaban contabilizados 15.000 en el padrón, la mayoría portugueses– hasta la actualidad, cuando esa cifra se ha multiplicado por más de diez, hasta sumar 151.800 personas. De representar menos del 1% de la ciudadanía al 6,9%. En el conjunto de España son el 12,4%. La mayoría procede de Latinoamérica (40,87%), mientras que el resto de Europa aporta algo más de una cuarta parte, un volumen muy similar al de África.

Aunque la llegada de extranjeros no se ha interrumpido en ese periodo, el efecto de la crisis y especialmente la falta de oportunidades laborales han aminorado de forma muy significativa la intensidad del flujo migratorio. Si bien en 2008 el volumen de inmigrantes se disparó un 19% hasta rebasar por primera vez la barrera de los 100.000 –los ascensos habían sido similares en los ejercicios precedentes–, el incremento se ha frenado de forma paulatina hasta el 4,5% registrado el pasado año.

Aún así, hay que tener en cuenta que las nuevas nacionalizaciones pueden alterar la estadística: cuando un extranjero con permiso de residencia lleva determinado tiempo en el país puede solicitar el pasaporte español, «con lo que automáticamente cambia de ‘bando’ y desaparece de las estadísticas de inmigrantes», matiza el director de Ikuspegi, Gorka Moreno.

Aunque la mayoría llega directamente de su país de origen, su mejor coyuntura económica respecto a otras comunidades y su menor saturación en términos migratorios han convertido a Euskadi en una suerte de espita para otras regiones con índices de desempleo disparados y duros recortes en coberturas sociales. Ikuspegi ha detectado un fenómeno creciente: inmigrantes cuyo primer destino fue Cataluña, Madrid, Valencia o Murcia, donde la presencia de extranjeros supera ya ampliamente el 15%, están protagonizando una segunda migración con destino a Vascongadas, donde «aún tienen hueco».

Nacionalizados
Respecto a su procedencia, el mapa de nacionalidades ha experimentado una considerable variación a lo largo de los años. Mientras hasta 2001 la mayoritaria era la portuguesa, las latinoamericanas empiezan pronto a ocupar protagonismo.

Colombianos, ecuatorianos y bolivianos han sido, hasta 2007, los colectivos más numerosos para dejar paso a partir de 2010 a Rumanía y Marruecos como los países que más ciudadanos aportan. Ahora bien, como matiza Moreno, el factor de nacionalización española también puede pervertir en este caso las conclusiones; no en vano, los iberoamericanos tan sólo deben acreditar dos años de residencia regularizada para optar a ser ciudadanos españoles de pleno derecho, mientras que para los oriundos de otros países, como es el caso de Marruecos, el plazo mínimo de estancia ‘con papeles’ se eleva a una década. «Si incluyésemos los ya nacionalizados, es casi seguro que el colectivo procedente de Ecuador o Colombia sería más numeroso que el marroquí», cree el director de Ikuspegi.

El repunte detectado entre los ciudadanos de origen marroquí no parece ser fruto de una primera migración desde su país, sino de un rebote desde otras comunidades. Son mayoritariamente hombres que deciden trasladarse al quedarse en paro y sin ayudas, pero que en Euskadi adolecen de una muy difícil inserción laboral y más en tiempos de crisis. El director de Ikuspegi admite que el efecto llamada de las prestaciones sociales puede ser una de las razones de su desplazamiento al País Vasco, pero «no la primordial, máxime cuando los requisitos se han endurecido y ahora se necesitan tres años de empadronamiento para optar a la RGI». «Tendremos que ver si estas llegadas son más o menos permanentes o si, por contra, están muy acotadas a la crisis y luego desaparecen. Puede ser que esas personas estén probando suerte o que Euskadi sea la vía intermedia para dar el salto a otro país europeo».

La radiografía de Ikuspegi está confeccionada con datos del padrón, que incluyen tanto a la población regularizada como a la que está en situación ilegal. En contra de la opinión generalizada, los ‘sin papeles’ son minoritarios: ocho de cada diez inmigrantes tiene permiso de residencia. Tampoco es real la idea de que la crisis haya dado pie a «un retorno masivo, aunque desde las instituciones se pusieran en marcha programas específicos. Hoy por hoy, sus países de origen no son una alternativa porque no van a estar mejor que aquí», apunta Moreno, que consideraría «una catástrofe que los extranjeros se marchasen. Tenemos una población muy envejecida y son necesarios si queremos mantener nuestras cotas de bienestar». fuente

Lejos de retirar sus acusaciones contra SOS Racismo Álava -organización a la que acusó de ser los “mayores expertos en saquear las ayudas sociales en Álava”-, el diputado general de este territorio, Javier de Andrés (PP), ha vuelto a lanzar duros reproches contra el colectivo que dirige en el territorio Fede García. Lo hace después de ser preguntado por el “ultimatum” que le dio el colectivo. García dijo que o se retractaba de sus palabras o se querellarían contra él. Y le dio 15 días de plazo para la disculpa.

Ésta no ha llegado, sino todo lo contrario. “No voy a responder a ninguna amenaza por defender mi opinión. Pero sí animaría a que SOS Racismo o las propias administraciones hicieran el ejercicio que yo he hecho”, ha proseguido en su explicación durante la comparecencia tras el Consejo de Diputados de los martes. El jefe del Ejecutivo foral recordó que el colectivo “había inscrito de forma irregular a 1.252 inmigrantes (en el año 2003)” en su local de la calle Zapatería de Vitoria, un hecho admitido por la organización, que cree “legales” estos “empadronamientos ficticios” que tienen por objeto que los inmigrantes sin domicilio fijo (o con dificultades para empadronarse en él) puedan acceder al padrón y por tanto a la tarjeta sanitaria, las ayudas sociales u otros derechos que les puedan asistir.

Con esa cifra, De Andrés ha echado cuentas. “Multiplicando esa cifra de 1.252 extranjeros por 866 euros mensuales que se cobra de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), aunque sólo sea un año, la broma de SOS Racismo nos ha podido costar 13 millones de euros” a las arcas públicas, ha dicho.

De Andrés ha asegurado que la voluntad de SOS Racismo cuando realizaba esos empadronamientos en su sede de la calle Zapatería era que esas personas extranjeras “tuvieran la oportunidad de beneficiarse de las ayudas sociales de Álava y Euskadi, seguramente sin vivir aquí. Porque puede que estuviesen recogiendo pera en Lleida o el fresón en Huelva. Si eso sale adelante, mucha gente habría cobrado sin trabajar”.

“Es necesaria una reflexión”

Ha reclamado una reflexión para acometer cambios legales en este asunto, porque ha habido un “error” a la hora de planificar el uso de la RGI, con decisiones de “alguien que ha querido ser muy generoso con el dinero de los demás”.

Por último, tras reconocer que no sabe si todas esas 1.252 personas empadronadas de manera ficticia cobraron la RGI, ha concluido que puede ser que no solo hayan cobrado la renta básica durante un ejercicio, sino que podrían haberla cobrado más años y sus cálculos se queden cortos.

ONGetas sinverüenzas, com mis impuestos, subvenciones a ongetas cero.