El Tribunal de Cuentas concluye que el Plan E de Zapatero fue un 'pufo' y no sirvió para crear empleo

El Informe del Tribunal de Cuentas

El 'Plan E' de Zapatero se gastó casi 40.000 euros por parado contratado

Fueron 37 millones de euros en carteles y sigue costando dinero al contribuyente

Periodista Digital, 14 de octubre de 2012 a las 09:11

A finales de 2008, con el paro disparándose por encima de los 100.000 nuevos desempleados al mes, José Luis Rodríguez Zapatero lanzó el Plan E. El objetivo declarado por el Gobierno era crear empleo y relanzar la economía española.

Hace unos días, el Tribunal de Cuentas publicó el informe que ha realizado sobre el destino de los fondos que el Ejecutivo socialista dedicó a obras públicas en más de 8.000 municipios españoles.

Y sus conclusiones no pueden ser más demoledoras. Ni se creó empleo, si se gastó bien el dinero público, ni se consiguieron los objetivos buscados.

Subraya D. Soriano en 'Libremercado' que lo más doloroso del informe del Tribunal de Cuentas tiene que ver con el empleo, el objetivo principal del Plan E. Según los cuadros incluidos en las páginas 111 y 113 del documento, los 30.698 proyectos generaron 201.195 contratados.

Teniendo en cuenta que el coste total ejecutado fue de 7.859 millones, tenemos un importe por desempleado de algo más de 39.000 euros. Si se cuentan las casi 17 millones de jornadas efectuadas, aparece un coste de 463 euros por día de trabajo.

Está claro que en el Plan E se pagó a muchas personas que no eran desempleadas. La mayoría de los trabajadores de las empresas contratistas ya estaban ocupadas cuando empezó el programa, por lo que esos 39.000 euros por parado no quieren decir que por unos meses de trabajo (la mayoría de las actuaciones no se dilataron más allá de unas semanas) se pagase ese salario.

Pero sí es una cifra que sirve para calibrar la magnitud del despilfarro. Si el objetivo era simplemente reducir el paro y relanzar el consumo, no parece muy lógico gastarse casi 40.000 euros por unos meses de trabajo.

Pero el problema no es sólo de coste, es que todo lo que tiene que ver con el empleo y el Plan E sale muy malparado de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas.

Éstas son sus conclusiones más importantes:

> "El 67% de los trabajadores empleados en la ejecución de los proyectos que formaban parte de la estructura de la empresa con anterioridad al FEIL, continuaban prestando sus servicios en la misma en el segundo semestre de 2011. Únicamente el 4% de los que fueron contratados específicamente para la ejecución de los proyectos FEIL continuaron en dicha fecha trabajando en la empresa".

> "En lo que se refiere al seguimiento de la creación de empleo, objetivo fundamental del FEIL [siglas de Fondo Estatal de Inversión Local, el nombre oficial del Plan E] el 66% de los ayuntamientos no realizaron ninguna actuación".

> "El 21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades locales en la solicitud de fondos y el 12% de los proyectos fueron adjudicados a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo".

> "Las empresas adjudicatarias incumplieron el compromiso de contratación de desempleados en el 11% de los contratos suscritos. El número de trabajadores desempleados afectados por este incumplimiento ascendió a 14.206".

> "En el 8% de los contratos no se incluyó la condición especial de ejecución consistente en que el nuevo personal que el contratista necesitara emplear para la ejecución de las obras se encontrase en situación de desempleo, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto regulador. De las entidades que incluyeron la condición especial, el 25% no previó penalización en caso de incumplimiento, y de las que incluyeron cláusula de penalización, el 44% adjudicó contratos con menos trabajadores procedentes del desempleo de los que se habían comprometido a contratar las empresas en sus ofertas y únicamente aplicaron penalizaciones el 12% de estas entidades".

> "El 50% de las entidades, si bien remitieron al Ministerio como parte de la documentación justificativa la información proporcionada por las empresas adjudicatarias relativa al número de contratos con desempleados que realizaron, no llevaron a cabo ninguna otra comprobación ni ejecutaron el seguimiento establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 9/2008".

> "La documentación que las entidades requirieron a las empresas adjudicatarias para acreditar la situación de desempleo de los trabajadores contratados resultó muy heterogénea, confundiendo en muchos casos la condición de demandante de empleo con la situación legal de desempleo".

Casi la mitad de los 8.000 millones se adjudicaron "a dedo"

Las obras se hicieron sin licitación pública, apenas abordaron nuevos proyectos ni se crearon empleos

Ni se primó la creación de empleo, ni el dinero se invirtió en obra nueva, ni se dio publicidad a las adjudicaciones.

El «Plan E» con el que el Gobierno Zapatero pretendió dinamizar en 2009 y 2010 la economía y con el que se repartieron 8.000 millones de euros entre los ayuntamientos de España no sólo fue un fracaso, sino que no cumplió ni de lejos los objetivos propuestos.

Escribe Esther Palomera en 'La Razón' que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, puso ayer negro sobre blanco ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) las irregularidades detectadas en la fiscalización del llamado Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).

La primera: que no se primó la creación de nuevos puestos de trabajo en las obras financiadas, como era el principal objetivo del proyecto.

«La contratación de trabajadores no se utilizó como elemento decisorio para la selección de proyectos».

El fondo se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de 5 millones de euros y un desembolso final de 7.836,16 millones de euros.

Pero el plazo de 54 días para elaborar las propuestas de inversión establecido por el real decreto supuso una «limitación» para la «adecuada planificación», lo que unido al retraso de las actuaciones con 30 días de media, llevó a que no se garantizara que las inversiones fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.

Así, en términos generales, según relató el presidente del Tribunal de Cuentas, los ayuntamientos utilizaron ese dinero para llevar a cabo proyectos que no habían podido ejecutar con anterioridad por falta de recursos, pero no hubo obra nueva, como se estableció entonces en las normas para acceder a la financiación.

En casi la mitad de los contratos se incumplió además el requisito de ejecución inmediata y en siete de cada diez proyectos el fin de las obras se retrasó más de lo previsto. El periodo medio de puesta en funcionamiento fue de 134 días por encima de la fecha inicialmente fijada.

El presidente del máximo órgano fiscalizador del Estado señaló que tampoco se primó la creación de empleo en el momento de la adjudicación de los contratos y que no se intentó lograr rebajas en los importes.

De hecho, casi la mitad de los contratos se adjudicó directamente sin publicidad, lo que popularmente se conoce como contrataciones «a dedo».

El portavoz socialista en la Comisión, Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan, lo defendió con el argumento de que fue "una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático", que sirvió para ayudar a trabajadores golpeados por la crisis, con fondos públicos destinados directamente a esas obras que decidían los Ayuntamientos, con plazos de ejecución rápidos que limitaban, por ejemplo, la publicidad de las adjudicaciones.

Las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas motivaron una agria polémica entre PP y PSOE, ya que el socialista Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan, defendió con ardor el mismo.

Así afirmó que la puesta en marcha de este programa fue «una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático» y llevada a cabo por un Gobierno que entendía «el valor de las políticas públicas como herramienta para cambiar las cosas, y no ser meros espectadores».

Y dijo esto antes de recordar que «ningún alcalde puso el grito en el cielo» ni rechazó el dinero que llegaba del Estado.

Desde el PP, su portavoz, Eloy Suárez, replicó que aquello, «más que un plan, fue una ocurrencia de 8.000 millones que ha dejado muchas cargas» y que además «forma parte de la herencia envenenada que dejó el PSOE» al actual Gobierno.

En su opinión, el hecho de que sólo el 4 por ciento de los contratados por el «Plan E» siguieran trabajando en el segundo semestre del año demuestra el «absoluto fracaso» del programa en lo relativo a la creación de empleo.

Esto, además de que provocó, según el diputado del PP, un déficit del 1,1 por ciento del PIB que hubo que financiar después con deuda pública.

El Tribunal de Cuentas denuncia el caos, el despilfarro y la falta de control en el programa de gasto público estrella de Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero anunció a finales de 2008 la puesta en marcha del que catalogó como el "mayor esfuerzo inversor del Estado en los Entes Locales de la historia democrática de nuestro país". El Plan E era el proyecto estrella del Gobierno socialista para devolver a España a la senda del crecimiento. El programa era keynesianismo puro y duro: gasto estatal en obras públicas (más o menos necesarias, eso era menos importante) con el objetivo de impulsar la actividad económica, que comenzaba a dar signos importantes de desfallecimiento.

Ahora parece claro que los resultados no fueron los esperados. Ni se cambió la tendencia de destrucción de empleo, ni se modernizó la economía española, ni se impulsó la actividad. Los 8.000 millones que costó el Fondo Estatal de Inversión Local, el nombre oficial del Plan E, acabaron en el enorme montón de deuda pública que ya acumulaba España y sólo sirvieron para que el Tesoro se acercara un poco más al precipicio del rescate.

De hecho, ahora sabemos que aquel proyecto no sólo tuvo un efecto sobre el Presupuesto de 2009. En este momento, los ayuntamientos españoles siguen pagando por los proyectos que en aquel momento impulsaron al calor del Plan de Rodríguez Zapatero. Hace unos días, Tribunal de Cuentas publicó el Informe de Fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las Entidades locales en relación con las inversiones financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, y sus conclusiones son demoledoras: no se creó empleo, hubo poco control, no se siguieron los procedimientos legales, se sobrepasó el coste previsto... Y, además, sus consecuencias todavía se hacen notar en el bolsillo de los contribuyentes españoles.


Dos proyectos sin pérdidas

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De todos los proyectos que se realizaron a raíz del Plan E, algunos se iniciaron y acabaron con la obra que era su razón de ser. Por ejemplo, si un ayuntamiento planteó la reparación de una calzada a un coste de un millón de euros, cuando terminó el trabajo de los operarios también lo hizo el desembolso presupuestario.

Sin embargo, muchos otros dieron origen a gastos que siguen presentes en estos momentos y con el que no será fácil terminar. Por ejemplo, un polideportivo exige la contratación de personal, reparaciones en las canchas, etc... Dentro del informe, el Tribunal de Cuentas dedica un apartado a analizar en profundidad 79 de estas obras (como una muestra de lo que se hizo en toda España) y las conclusiones son desalentadoras.

Además, hay que recordar que en teoría este dinero iba destinado a actuaciones de los ayuntamientos no incluidas en los Presupuestos del municipio. Es decir, que eran cuestiones superfluas o que, como mínimo, no eran una necesidad acuciante. Por todo eso, en un momento en el que las cuentas públicas están al límite y la deuda ahoga a los contribuyentes españoles, ver sus resultados es todavía más doloroso.

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> De los 79 proyectos, en 11 (un 14%) no se ha presentado información sobre sus cuentas a enero de 2012.

> No es extraño que no se informe sobre el algunos de estos proyectos, puesto que el 15 de septiembre de 2011, más de dos años después de su fecha teórica de finalización, 14 de estos 79 (un 18%) no estaban en funcionamiento.

> El coste de estos 14 proyectos (que, como decimos, forman parte de una muestra) ascendió a casi 28 millones de euros. Si esto es lo que sale en el grupo de control estudiado por el Tribunal de Cuentas, cualquiera puede concluir que el despilfarro total en obras no inauguradas tres años después de su finalización ascendió a varios cientos de millones de euros.

> Pero es que mirando a las obras en funcionamiento, la fotografía es casi más preocupante. En 35 de los 79 proyectos (el 44%) fue necesario contratar personal para poner en marcha las instalaciones (aunque en esto hay que reconocer que en su gran mayoría fueron empleados de los ayuntamientos).

> Estos 35 proyectos han seguido incurriendo en diferentes costes que sumaban a finales de 2011 más de 4,3 millones de euros. Sin embargo, sólo 23 generaban ingresos. Es decir, que un 15% eran nuevas instalaciones que sólo suponen gastos al municipio de turno.

> Y de los que generan ingresos, sólo dos (un 2,5%) han logrado equilibrar el presupuesto y sus ingresos son iguales a sus gastos. Esto no quiere decir que hayan generado cash como para pagar su obra, que sería lo que se le pediría a cualquier inversión privada. Quiere decir que los ingresos que generan son suficientes como para cubrir sus gastos operativos. Ni beneficios ni pérdidas en su gestión diaria. Se trata del Tanatorio Municipal de Pazos de Borbén (Pontevedra) y del Hogar del Pensionista de Puebla de la Calzada (Badajoz). Es un triste consuelo, pero habrá que felicitar a sus ayuntamientos.

Los ejemplos del derroche...