El Gobierno tendrá que tocar las pensiones para atajar el déficit

El Gobierno tendrá que tocar las partidas más grandes del Presupuesto si quiere cumplir los objetivos pactados con Bruselas, lo que le obligará a congelar o bajar las pensiones, según diversos expertos en economía.

El Ejecutivo aprobará mañana jueves los Presupuestos del año 2013 en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, pero no se conocen los detalles de las cuentas ni si el Gobierno finalmente optará por tocar las grandes partidas.

Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo ha descartado una y otra vez la posibilidad de tocar las pensiones, pero los expertos consultados por Europa Press creen que no podrá mantener esta promesa electoral y se verá obligado a congelarlas y reducirlas.

En concreto, el experto de Fedea Nacho Conde argumenta que hay partidas que no se pueden tocar más, como las inversiones reales, y otras a las que habrá que destinar grandes cantidades del Presupuesto, como el pago de los intereses de la deuda y las prestaciones por desempleo.

En este contexto, Conde ve "difícil" que los Presupuestos sean "creíbles" a los ojos de Bruselas si no se tocan partidas importantes como las pensiones o los salarios de los empleados públicos. Ante esta tesitura, el experto cree que el Gobierno optará por congelar las pensiones o reducir las más altas, porque los funcionarios han sufrido ya muchos ajustes a lo largo de la crisis.

Conde considera "justo" tocar ahora las pensiones, porque los funcionarios han perdido el 30% de su poder adquisitivo durante la crisis, y apuesta por no revalorizarlas en el mes de noviembre a pesar del incremento del IPC y por congelarlas o incluso bajarlas un poco de cara a 2013.

En cualquier caso, cree que las cuentas del año que viene mantendrán la eliminación de una de las pagas extra de los funcionarios, como en 2012, y diversas medidas para elevar los ingresos, como el 'céntimo verde' o el cambio a la tributación de las plusvalías que ya ha anunciado Rajoy.

El Gobierno subirá el 0,25% las pensiones el próximo año, lo que elevará la partida necesaria para abonar estas prestaciones a 115.669 millones de euros. Es decir, aunque la subida será la mínima prevista por la norma que establece el Factor de Revalorización Anual, el importe de esta rúbrica aumentará un 3,2% debido al alza del número de beneficiarios.

En total, las pensiones supondrán más del 85% de los 136.103 millones de euros que figuran como presupuesto consolidado para la Seguridad Social en 2015. De ellos, los ingresos por cotizaciones sociales apenas cubrirán un 80%. Lejos quedan los años en los que las cuotas de los trabajadores bastaban para pagar las pensiones e, incluso, las cuentas de la Seguridad Social arrojaban superávit.

¿Cómo cubrir los casi 27.000 millones de desfase existente entre los gastos previstos y los ingresos por cotizaciones sociales? Fundamentalmente, por dos vías. La primera serán los 13.073 millones de euros que el Estado transferirá directamente de los presupuestos de los ministerios de Empleo y de Sanidad.

La hucha de las pensiones
Otros 9.834 millones procederán fundamentalmente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del que el Gobierno ya ha sacado 24.648 millones de euros en los últimos tres años. En concreto, el fondo aportará 8.446 millones de euros, mientras que otros 783 millones procederán de remanentes de tesorería y otros 804 de otras operaciones financieras. Además, los ingresos patrimoniales supondrán algo más de 2.100 millones del presupuesto del sistema.

Con los 8.446 millones de euros que el Gobierno prevé sacar de la llamada "hucha de las pensiones", el fondo se quedará a punto de situarse por debajo de la barrera de los 40.000 millones de euros, ya que actualmente tiene 49.586 millones y es probable que también se recurra a él para pagar la paga extra de Navidad de los pensionistas.

Según las previsiones del Gobierno, al final de 2015, España tendrá 9,3 millones de pensionistas, 120.000 más de los que espera tener este próximo 31 de diciembre. En menos de diez años, desde 2007, el número de pensionistas españoles habrá crecido en más de un millón de beneficiarios, fundamentalmente debido a los jubilados.

A jorobarnos de nuevo

El Gobierno saca otros 7.750 millones del Fondo de Reserva para pagar las pensiones en diciembre. Ya sólo quedan 34.221 millones.

Ya se ha convertido en una tradición, aunque preocupante. En los últimos años, el Estado tira de forma recurrente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar las pagas extra a los pensionistas, una en verano y otra en Navidad.

La última vez ha tenido lugar este mismo miércoles, ya que la Tesorería de la Seguridad Social ha dispuesto de otros 7.750 millones de euros de la denominada hucha de las pensiones para garantizar el "pago puntual" de las prestaciones contributivas a los jubilados.

"Como viene siendo habitual, en los meses de diciembre se produce una necesidad adicional de financiación para hacer frente al abono de dos mensualidades de pensiones (paga ordinaria y extraordinaria), que este mes de diciembre alcanza un importe de 15.387 millones de euros", hecho por el cual el Gobierno ha tenido que recurrir de nuevo al Fondo. Esta cuantía es muy similar a la registrada el 1 de diciembre de 2014, cuando la Seguridad Social retiró otros 8.000 millones del Fondo.

Desde 2012 se vienen sucediendo las retiradas de dinero para cubrir el agujero que presente el sistema público de pensiones. Como consecuencia, el Fondo, cuyo dinero está invertido exclusivamente en deuda pública española, cuenta hoy con unos activos de 34.221 millones de euros -a valor de adquisición-, lejos, por tanto, de los 66.815 millones que registraba a cierre de 2011.

En total, la citada hucha se ha vaciado en 32.594 millones durante la presente legislatura, reduciéndose a casi la mitad en los últimos cuatro años. Hoy por hoy, registra su nivel más bajo desde 2005, cuando acumulaba 27.184 millones.

Dicho Fondo, cuya creación tuvo lugar a principios de la pasada década para cubrir, precisamente, este tipo de eventualidades, no ha dejado de vaciarse desde 2012, momento en el que los ingresos derivados de las cotizaciones sociales empezaron a no llegar para cubrir el pago total de las prestaciones contributivas. La creciente brecha entre ingresos y gastos ha sido compensada por esta hucha y por el traspaso final de las pensiones no contributivas a los Presupuestos Generales del Estado para que, de este modo, sean sufragadas mediante impuestos en lugar de cotizaciones sociales.

El problema, sin embargo, es que el déficit estructural se mantendrá e incluso se agravará con el tiempo debido al declive demográfico que sufre España, de modo que se deberán adoptar nuevas medidas durante la próxima legislativa con el fin de mantener el sistema en pie, bien adelantando los mecanismos automáticos de corrección que contiene la última reforma de las pensiones, bien subiendo impuestos para tratar de reducir el déficit de la Seguridad Social o, en última instancia, abogando por un cambio de modelo que, por el momento, ningún partido se atreve a plantear, a pesar de que el actual sistema de reparto es una especie en peligro de extinción entre los países ricos.

M. LLAMAS

Los pensionistas deberán completar su prestación con 500 euros al mes para llegar a fin de mes. El sistema de pensiones tiene un déficit de 27.000 millones y en aumento.

Alerta de navegantes para la generación más prolífica del siglo XX, la de los ‘baby boomers’: si no se ha ahorrado un amplio colchón para afrontar la jubilación con holgura, se verán obligados a vender sus activos inmobiliarios para sobrevivir. Así lo han afirmado el presidente del Foro del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Herce, y el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, que han advertido de que las pensiones de la Seguridad Social para los nacidos entre 1946 y 1965 “no van ser suficientes” para su subsistencia y, “si no han ahorrado para la vejez, tendrán que vender sus viviendas”, ha afirmado Herce.

En el encuentro de Deusto Business Alumni bajo el título “Pensiones y ahorro a largo plazo en el contexto actual”, ambos economistas han coincidido en la urgencia de adoptar medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y en que los cambios adelantados “parecen insuficientes”. Por eso han abogado por afrontar ya una reforma profunda de las pensiones orientada a la sostenibilidad del sistema. Herce ha señalado que en España la pensión inicial supone alrededor del 80% del último salario y aún así “hay millones de pensionistas que necesitan complementos de 300 euros al mes para poder terminar el mes, algo que no todos pueden afrontar por la insuficiencia de ahorros de los españoles para la vejez”.

En su exposición, Doménech ha advertido que “en poco tiempo” habrá muchos más millones de pensionistas que “no han ahorrado lo suficiente para la jubilación y necesitarán complementos de sus pensiones de 400 o 500 euros al mes para llegar a fin de mes”. Se refiere a la citada generación ‘baby boomer’, que ha destinado el ahorro de su vida a la vivienda. Según mostró, los hogares españoles tienen invertido en vivienda 3,5 veces el PIB nacional, es decir cuatro billones de euros. “Al no disponer de una gran liquidez, estos ‘baby boomer’ van a tener que liquidar sus viviendas para poder obtener esos complementos de pensiones”, insistió Herce. ”Y esos hijos solo van a poder alquilar por la mitad de precio (porque va a haber muchas en el mercado) las viviendas que no heredarán”, auguró.

Doménech ha vuelto a criticar el camino tomado por el Gobierno en su reforma de pensiones y ha indicado que el sistema “parece que se ha hecho más generoso” pero, si se mira a la dimensión de la sostenibilidad a medio y largo plazo, se ha “empeorado”. Según ha apuntado, teniendo en cuenta que el pasado año se han transferido a los fondos de la seguridad social 40.000 millones y se acaban de alcanzar los 20 millones de afiliados, el déficit contributivo del sistema de pensiones es de alrededor de 27.000 millones, que equivalen a un 2,2% del PIB y la previsión es que vaya a aumentar al 2,5% en 2025.

Doménech ha afirmado que, con la derogación del índice de revalorización de las pensiones, se ha eliminado un mecanismo corrector de acumulación del déficit y a ese 2,2% se añadiría otro 2,7% del PIB si no se toman medidas. Junto a ello, habría que sumar otro punto con la derogación del factor de sostenibilidad, que, aunque “no corregía el déficit, trataba de no aumentarlo”, de manera que “nos vamos a seis puntos más de gasto”.

El responsable de BBVA Research ha indicado también que, si se pasa de 25 a 35 años en el cómputo de cálculo de la pensión, se podría mejorar la sostenibilidad del sistema en nueve décimas, pero, si se cogen los 25 mejores, la “sostenibilidad empeora”, en concreto, en siete décimas, lo que sería una diferencia entre una situación u otra de 1,7 puntos del PIB. “No le veo ningún atributo de equidad” al Mecanismo de Equidad Intergeneracional que sustituye al factor de sostenibilidad porque van a pagar más cotizaciones a la Seguridad Social los que son más jóvenes y supone traspasar “costes de una generación a otra”. Por tanto, los cambios que se han realizado en la reforma están “empeorando la capacidad del sistema de ser autosuficiente con la cotizaciones sociales” y básicamente lo que se está haciendo es “pasando déficit de la Seguridad Social al resto de cuentas públicas”.

Doménech ha indicado que España va hacia la “excepcionalidad” respecto a lo que hacen países del centro y norte de Europa que son referentes en el estado del bienestar y llevan haciendo reformas desde hace décadas, de manera que se puede aprender de sus prácticas que vienen a concluir que, si se vive más, es una “buena solución” que para sostener el sistema es que “se trabaje más o ajustar la pensión inicial a ese aumento de la esperanza de vida”.

Ante la decisión de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, teniendo en cuenta el alza de los precios, Doménech ha asegurado que revalorizar las pensiones con la inflación es deseable pero se debe hacer “en un sistema que ya esté diseñado sostenible”, con unas pensiones iniciales que “sin déficit actuarial”, permiten la revalorización en función de la inflación sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema. Si no fuera así, su sostenibilidad no será posible.

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