Los puntos perdidos por multas de tráfico prescribirán a los tres años

La DGT utilizaba un vacío legal para evitar que los conductores pudieran recuperar sus puntos.

EL SUPREMO DA LA RAZÓN A LOS AUTOMOVILISTAS

Para no dotar a la pérdida parcial de puntos de ninguna garantía jurídica y así poder mantener sin límite de tiempo en los registros unos antecedentes desfavorables de los conductores el anterior director general de Tráfico Pere Navarro definió la pérdida de puntos como “una mochilita que acompañaba a determinadas sanciones graves y muy graves”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró la cuestión y en su sentencia del 4 de junio de 2009 reconoció sin ninguna duda la naturaleza sancionadora de la pérdida de puntos y, por tanto, la obligación de respetar las necesarias garantías jurídicas que rodean a cualquier sanción, entre ellas la obligación de cancelar de oficio, a efectos de antecedentes, la anotación de las sanciones y detracción de puntos en el Registro de Conductores e Infractores una vez transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.

La DGT ha aceptado los razonamientos jurídicos planteados por la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) en defensa de uno de sus miembros y ha ordenado que conforme con lo establecido en la Ley de Seguridad Vial y la Ley de Protección de Datos se cancelen sus antecedentes desfavorables como conductor, recuperando con ello su saldo de puntos, “una vez transcurrido el plazo reglamentario desde su cumplimiento o prescripción”.

Hasta ahora, la DGT venía manteniendo el criterio de que la pérdida de puntos no constituía una sanción y por tanto no le afectaba la cancelación de antecedentes prevista en el apartado 4 del Art. 93 de la Ley de Seguridad Vial. Link

Un juez de Sevilla ha anulado una multa de tráfico por exceso de velocidad, en una sentencia en la que critica la "jibarización de trámites" que utiliza la Administración por un afán recaudatorio.

El juez de lo Contencioso 10, en una sentencia, anula una multa de 300 euros y pérdida de dos puntos del carné de conducir impuesta a un conductor por circular en mayo de 2011 a 126 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 en la carretera A-480 Chipiona-Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según la sentencia, el Ministerio del Interior utilizó para sancionarlo el procedimiento sumarísimo previsto en la Ley de Tráfico, que prevé que la multa surta efecto si el denunciado no formula alegaciones en 15 días, procedimiento que el juez considera "harto dudoso", ya que está limitado a infracciones leves o a las graves que no detraigan puntos.

"La jibarización de trámites no puede hacerse al margen de las garantías esenciales del procedimiento administrativo sancionador, en aras de una mayor recaudación", dice la sentencia. Añade que "por mucho que se pretendan tramitar sumariamente las sanciones de tráfico, la precipitación en generar y obtener rápidamente pingües beneficios para la Administración no puede hacerse a costa de violentar normas básicas del procedimiento".

Todos los trámites

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Pero además, la resolución sancionadora debe ser dictada "ineludiblemente" por la autoridad competente, en este caso el jefe provincial de Tráfico de Cádiz, trámite que no existió en la multa examinada, por lo que el juez dice que "hacer pasar, sin más, una denuncia de la Guardia Civil por una resolución sancionadora supone una flagrante violación de la competencia para sancionar establecida por la ley".

En el caso examinado, el juez añade que hay más motivos para invalidar la multa, ya que no se notificó al afectado los posibles recursos ni se le informó de las consecuencias que podría tener el hecho de no efectuar alegaciones en el plazo de 15 días.

En el expediente enviado por la Administración de Tráfico "también parece haber utilizado criterios de jibarización", puesto que comunicó al denunciado que "en el reverso de esta denuncia encontrará más información", pero en dicho folio vuelto solo aparece la foto tomada por el cinemómetro.

Así las cosas, dice el juez que "no consta en absoluto que al interesado se le informase cumplidamente ni de las consecuencias aparejadas al hecho de no efectuar alegaciones en plazo ni menos aún de los recursos que cabrían contra una eventual conversión de la denuncia en una resolución sancionadora". Dada la cuantía de la multa, su anulación no puede ser objeto de recurso y el juez impone a la Jefatura de Tráfico de Cádiz, dependiente del Ministerio del Interior, el pago de todas las costas causadas en el proceso. Link

La Dirección General de Tráfico obtuvo el pasado año la mayor recaudación desde 2015

España ha alcanzado la cifra más alta de sanciones en los últimos ocho años

La Dirección General de Tráfico obtuvo el pasado año la mayor recaudación desde 2015, con un total de 507 millones de euros y una media 1,4 millones de euros diarios. Para alcanzar la cifra más alta de los últimos ocho años la DGT impuso 15.000 sanciones al día, un total de 5,5 millones en 2022.

La administración encargada del tráfico en toda España, excepto Cataluña y País Vasco, impuso más de 3,7 millones de multas por exceso de velocidad, ocupando dos tercios del total de las sanciones. El aumento de radares móviles junto con los radares fijos detectaron 1,1 millones de exceso de velocidad, un aumento del 30,2% respecto al pasado año.

Otras de las sanciones más repetidas son las multas por tener caducada la Inspección Técnica de Vehículos. Una infracción que cometieron más de 600.000 conductores, que condujeron en condiciones de ITV desfavorable o caducada. Por otro lado, 137.000 conductores fueron sancionados por conducir sin carné y otros 100.000 por circular sin cinturón de seguridad.

Según los datos de la DGT, Andalucía fue la comunidad autónoma con más multas durante 2022, acumulando 1.402.101 de sanciones. En toda España se produjeron 5.542.178 denuncias, un 15,6% más que el ejercicio anterior. La recaudación total fue de 507.361.888 euros en todo el país.