Fiscalía admite que "se ha ido de las manos" el tema de los menores inmigrantes y defiende la repatriación

A cuchilladas han terminado dos grupos de Menas que están enfrentados y que ya protagonizaron otra pelea el día 1 de diciembre.

El pasado día 1 de diciembre varios Menas (menores extranjeros no acompañados) se enfrentaron en una pelea en la Plaza de los Burgos de Pamplona.

En esa ocasión, tres policías municipales que acudieron al lugar, alertados por la pelea que se estaba produciendo, resultaron heridos al mediar en la misma.

Los Menas, que portaban navajas, salieron corriendo al ver la presencia policial.

En el día de ayer, según se ha podido saber, estos dos grupos de Menas han vuelto a protagonizar otra violenta pelea en las calles de Pamplona.

Una nueva pelea con cuchillos y navajas entre los menores extranjeros no acompañados, que ha terminado con tres heridos, uno de ellos en estado grave.

Hasta el momento se ha producido la detención de dos personas por estos hechos.

Esta nueva pelea se produjo loa madrugada del jueves al viernes, también en los alrededores de la plaza de los Burgos de Pamplona.

Decidieron finalizar lo que empezaron el día 1 y que no pudieron terminar debido a la llegada de la Policía Municipal de Pamplona.

Cuchillos y navajas.

La pelea se desarrolló en el casco antiguo de la ciudad, con cuchillos y navajas, donde se produjeron carreras y enfrentamientos entre los dos grupos de Menas.

Uno de los heridos, el de gravedad, sufrió una cuchillada, siendo atendido en el Complejo Hospitalario de Navarra.

Los otros dos heridos, presentan cortes y golpes, siendo las lesiones de carácter leve.

Es la tercera pelea protagonizada por los mismos grupos, en menos de una semana.

Este hecho ha movilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que podrían repetirse nuevos enfrentamientos entre los dos grupos de Menas.

La sensación de inseguridad entre los vecinos ha crecido exponencialmente.

Espero que las víctimas por parte de estos animales sean los familiares de los degenerados que nos los traen a nuestra tierra. https://www.policiah50.com/nueva-pelea-con

Los funcionarios reclaman más personal en el turno de guardia para hacer frente al incremento de detenciones, 400 más en 2019 respecto al año anterior

Día 28 de noviembre de 2019, los calabozos del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Judicial de Madrid están hasta arriba. Los agentes se ven obligados a pedir cesiones de espacio a otros equipos de la Policía y la Guardia Civil. Hasta 52 menores han llegado durante el turno de guardia a la Fiscalía de Menores. Una reyerta tiene parte de culpa del número de detenidos, aunque no todos llegan a las dependencias del Ministerio Público por el mismo motivo. Cuando acaba la jornada, hasta 26 han pasado a disposición de los fiscales.

La jornada descrita sirve como ejemplo del desbordamiento que denuncian los funcionarios de la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid como consecuencia del ascenso gradual de las detenciones en los últimos años. Sólo en los diez primeros meses de 2019, las fuerzas policiales detuvieron a 400 jóvenes más que en el mismo periodo de 2018, trasladan a El Independiente funcionarios de la Fiscalía.

Agresiones y violencia machista

Entre todos los atestados policiales que se trasladaron al Ministerio fiscal, destacan los que recogen presuntos delitos de agresiones sexuales de menores hacia otros menores. Según el recuento realizado por los funcionarios de la Fiscalía de Menores madrileña, éstos aumentaron un 97,5% los primeros diez meses de 2019 respecto al año anterior, pasando de los 40 a los 79 casos.

Tras éstos, el porcentaje de denuncias más alto respecto a 2018 se correspondió con presuntos delitos de robo con violencia o intimidación (62%), violencia doméstica (20%), homicidio o tentativa de homicidio (18%) y violencia de Género (16%).

Un «alto» número de los detenidos fueron menores extranjeros no acompañados (menas).

En total, mientras en 2018 fueron detenidos 1.537 menores, a fecha de octubre de 2019 ese número ascendió a 1.937, reflejando un incremento de 400 detenidos más. Las citadas fuentes afirman, aunque no cuentan con un dato concreto al respecto, que un «alto» número de los detenidos fueron menores no acompañados (MENAS). En dichos casos, sus tutores legales (orientadores de sus centros) son quienes les acompañan mientras comparecen en la Fiscalía.

Altas horas de la madrugada

Antes acabábamos las guardias a las dos o las tres de la madrugada de manera muy esporádica, como algo excepcional, pero ahora es una constante», se queja una de las funcionarias de la Fiscalía de Menores madrileña que reclama, igual que sus compañeros, que se incremente el número de personas destinadas a la guardia de detenciones (ahora son sólo tres) para poder hacer frente al repunte de casos de delincuencia juvenil.

Las fuentes funcionariales consultadas explican el procedimiento que se sigue en estos casos: cada vez que se procede a la detención de un menor por un presunto delito grave, los cuerpos policiales envían el atestado a la Fiscalía de Menores. Allí, los fiscales estudian el atestado y deciden si el menor debe quedar en libertad o en disposición de la Fiscalía (durante el máximo permitido de 24 horas) mientras se toma declaración tanto al menor retenido como a las víctimas de su presunta conducta delictiva.

En 2019 han aumentado un 56% las órdenes de protección hacia menores, de las que el 90% se corresponden con situaciones de violencia de Género.

La Fiscalía es la encargada de tramitar la mayoría de diligencias de investigación y solicita al juzgado de menores que adopte las medidas personales que considera necesarias, como pueden ser la libertad vigilada o el ingreso en centros de internamiento en régimen semiabierto o régimen cerrado. Precisamente las medidas personales contra menores se han incrementado un 15% también en el último año por la gravedad de los hechos denunciados. También han aumentado un 56% las órdenes de protección hacia menores, de las que el 90% se corresponden con situaciones de violencia de Género.

Tres funcionarios de guardia

De todos los funcionarios (47) que trabajan en la Fiscalía de Menores entre oficiales, tramitadores y agentes, tres rotan en la guardia de detenciones. Todos los atestados que entran antes de las 20.30 horas en cualquier comisaría de toda la Comunidad de Madrid, aunque se trate de un municipio alejado de la capital donde se encuentra la sede del Ministerio Público, deben tramitarse antes del día siguiente. De ahí que las jornadas se alarguen algunos días hasta altas horas de la madrugada.

«A veces, el fiscal tiene que estar parado esperando a que los funcionarios terminemos de hacer nuestros trámites para redactar sus informes por la cantidad de trabajo», explican las fuentes consultadas por este diario.

De todas las guardias que realizaron en 2019, el 40% se prolongaron entre las 21 y las 00.00 horas y el 9% más allá de las 00.00 horas, unos porcentajes cuatro puntos superiores a los del año 2018.

«Estamos desbordados y no sólo sufrimos por nosotros, que a veces no podemos ni salir a comer, sino también por los menores. Nos preocupa que esto influya negativamente en ellos», reflexiona una de las trabajadoras de la Fiscalía. Tanto ella como sus compañeros han trasladado las reclamaciones a los sindicatos, que pedirán más personal a la consejería de Justicia de Madrid. El sindicato CSIT Unión Profesional ya ha hecho público un comunicado en el que exige «mejoras para los trabajadores de la Fiscalía de Menores para ofrecer un servicio de calidad, con las garantías suficientes».

Esto es lo que hay.

Tambien:

> El número de MENA en Melilla supera el millar, tras incrementarse en más de 200 en los últimos seis meses

Terrible agresión la sufrida por un joven en Madrid. Una decena de menores inmigrantes agredió brutalmente a un joven para robarle el teléfono móvil.


Según ha informado el diario ABC, la agresión se produjo el domingo a las 22.30 horas a la salida de la boca de Metro Arturo Soria, situada en la calle de Ulises número uno.

El grupo de menores no acompañados acorraló a su víctima, momento en el que propinaron puñetazos y patadas, haciendo caer al suelo con la cara llena de sangre.

Afortunadamente, los servicios de emergencias del Samur han confirmado que el joven no tuvo que ser trasladado al hospital, al ser heridas superficiales que pudieron ser tratadas en el mismo lugar de la agresión.

Las autoridades policiales están investigando si los menas pertenecen al centro de menas del barrio de Hortaleza, un centro que en los últimos días ha recibido el apoyo de formaciones como Podemos y PSOE, organizando una concentración en defensa de los menas que residen en él.

Tambien en abc.

Los menas llevan varios años siendo un grave problema para la sociedad. Son menores sin familia que ni pueden ser deportados ni tampoco pueden ser internados en un centro, y campan a sus anchas por la geografía española saltándose en muchos casos la ley de manera impune.

Sin embargo, mucha gente está interesada en que los menas sigan llegando a nuestro país. El motivo no es otro que el dinero que se mueve gracias a ellos. El pasado otoño el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un presupuesto de 40 millones para repartir entre las Comunidades Autónomas para su cuidado. Además, otra partida de 13,6 millones fue aprobada para el Ministerio de Sanidad.

Los menas nos cuestan muy caros

Este dinero queda repartido en unas pocas manos que van desde los dueños de las instituciones donde los menas se alojan, hasta los monitores que les «educan». Ponemos ejemplos claros. En Madrid, se puso en marcha un centro de menas hace dos semanas, con capacidad para 26 menas, y al que se le aprobó un presupuesto de 1,7 millones de euros al año. Más de 65.000 euros por cada menor.

En el municipio de Miranda, en Asturias, Pilar Varela, Consejera del PSOE en la Comunidad, abre por sorpresa un nuevo centro de acogida de menas, con el correspondiente enfado de los vecinos. En el centro convivirán 18 menores, que contarán con nada menos que 18 monitores -6 en cada turno-. En total, más de 360.000 euros anuales en nóminas, sólo para atender a 18 jóvenes.

Las carreras de trabajo social sí tienen sentido si conoces amigos que puedan traerte menas a la localidad. Es un trabajo bien remunerado y además requiere de muy pocas habilidades. En la mayoría de casos los menas se escapan durante días y nadie da la voz de alarma. Menos problemas para los monitores.

La situación se repite por toda España. Ceuta cuenta con 360 menas residiendo en centros de acogida. El presupuesto para 2019 es de 6,45 millones de euros. Eso supone más de 17.900€ por cada mena acogido. Las cantidades no bajan de ese importe en ningún caso. O bien se está haciendo una mala gestión de los recursos públicos o quizá haya algún interesado en que esto suceda.

Por último, en Madrid, la ampliación de emergencia de 16 nuevas plazas de un centro de menas costará a los madrileños 522.368€ al año, un total de 32.648€ al año por cada uno de ellos.

Todo esto podría tolerarse si el sistema funcionase. La realidad es que muchos jóvenes salen de estos centros convertidos en auténticos delincuentes. Nadie sabe los motivos -o no nos los facilitan-, pero es una realidad. No se está integrando ni preparando a estos jóvenes para incorporarse a nuestra sociedad de manera adecuada. Link

Una veintena de menores magrebíes, tutelados por la Comunidad de Madrid, delinquen «colocados» a diario tras inhalar una sustancia altamente tóxica

El colocón apenas les cuesta tres euros. Son peligrosos, se sienten impunes y no parecen tener control. Pese a que pocos escapan de su actividad delictiva, las personas mayores y los grupos de adolescentes suelen ser sus víctimas predilectas. Entre su sarta de tropelías diarias destacan los robos con intimidación, la quema de contenedores y la violencia gratuita. Cargados con botes de disolvente y bolsas de plástico para inhalarlo, una veintena de menores forman la temida banda de los «niños del disolvente». El grueso del grupo, de origen magrebí, vive en las residencias de Primera Acogida de Hortaleza (Valdetorres de Jarama, 1) e Isabel Clara Eugenia (Mar Caspio, , desde donde salen cada día para desgracia de un vecindario que, harto de la delicada situación, pide con desespero una rápida solución.

Los mayores, entre los 14 y los 17 años, entran y salen del centro de Hortaleza con total libertad; mientras que los pequeños, de menos de 14, hacen lo propio del Clara Eugenia. Si las puertas están cerradas, saltan el muro de los patios sin que ningún trabajador pueda hacer nada por impedírselo. Se mueven a sus anchas por la zona, pero también en el entorno de Arturo Soria, Pinar del Rey, San Lorenzo y Villa Rosa. «No respetan nada», protestan dos mujeres frente a la puerta del parque colindante a los dos «fortines» de los adolescentes. Allí, varios de ellos esperan desafiantes el paso de los viandantes. «¿Tienes un cigarro?», reclaman a todo el que pasa, en lo que muchos afectados señalan como la antesala de gran parte de los ataques. Para colmo, hay veces que se les puede ver con cuchillos u otros objetos punzantes.

El nombre de la «banda del disolvente» está más que justificado. Pese a la advertencia del envase -«puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias»-, los menores consumen sin reparo esta sustancia tóxica. «Ves a los que tienen como mucho 13 o 14 años con unos colocones que casi no pueden ni andar», apunta Dolores, una inquilina de los bloques más próximos al parque Alfredo Kraus, a un lado del centro comercial de Mar de Cristal. Por ese lugar, aparentemente tranquilo, raro es el día en el que no aparecen. «Hace dos tardes estábamos sentados en una de las mesitas cuando llegaron seis o siete y nos intentaron quitar lo que teníamos encima», remarcan tres jóvenes con poca pinta de dejarse amedrentar. «Nos enfrentamos a ellos y empezaron a lanzar piedras», prosiguen cansados de lidiar con la escena una y otra vez.

Lo cierto es que son numerosos los episodios violentos que esta banda juvenil ha protagonizado. Aunque los problemas vienen de lejos, en los últimos tiempos parecen haber rebrotado con fuerza. «Cada año entran chavales nuevos y desde hace meses pasan cosas casi todos los días», relata Javier Gallardo, quien desde su terraza ve a diario como se las gastan los malhechores: «La otra noche mi cuñado y yo salimos a gritarles porque iban saltando de techo en techo por los coches y nos contestaron “hijos de puta, bajad aquí si tenéis cojones”». Con una hija de once años, reconoce sentir miedo e impotencia, sobre todo, «porque a esta edad ya empieza a ir sola a clase».

Precisamente, a los once años fue asaltado el hijo de Fernando Pérez. En 2016 le rodearon junto a un amigo para arrebatarles los teléfonos móviles. «Mi hijo pudo escapar pero a su compañero si se lo quitaron. Los detuvieron y a las dos horas estaban otra vez en la calle», recuerda su padre, consciente de que el pánico entre la pandilla de su pequeño es tal que evitan salir por la zona del atraco: «Se van hacia el Palacio de Hielo porque no quieren pasar por lo mismo». A raíz de aquello, Fernando pidió permiso en la Junta del Distrito para convocar una manifestación. La marcha fue secundada por decenas de residentes, pero desde entonces la protesta se estancó.

Violencia extrema

Ahora, casi dos años después, los vecinos han estallado. La semana pasada se reunieron en la calle para hacer una recopilación de las denuncias presentadas y valorar en común los siguientes pasos a dar. «La impotencia es tal que ya no sabemos qué hacer», protesta Sandra García, agredida el pasado 8 de abril -día de su cumpleaños- por un grupo de nueve niños. «Salí con mi hermano a pasear al perro y vino uno a pedir un cigarro. Le dijimos que no teníamos y ya se acercaron los otros ocho», rememora sin saber en aquel momento lo que sufriría a continuación: «Llamamos a la Policía y salieron corriendo. Cogieron a cuatro y nos dijeron que estuviéramos tranquilos». Sin embargo, nada más retirarse los agentes, uno de ellos echó a correr hacia sus víctimas. « Agarró un palo y me tiró al suelo del golpe. Una patrulla vio la agresión y detuvo al atacante, que fue trasladado a las dependencias del Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume)», resume la afectada, aún a la espera de juicio.

El hecho de que sean menores de edad, algunos incluso por debajo de los 14 y por tanto inimputables, complica sobremanera la labor policial. Las personas mayores, como Pilar Contreras, de 68 años, son su blanco preferido. «Me han asaltado dos veces, la primera me arrancaron la cadena que llevo en el cuello y se fueron. Pero la segunda, además del robo, me tiraron delante de mi marido», incide presa del pánico: «¿Qué si tengo miedo? En cuanto los veo empiezo a temblar».

Tampoco los jóvenes se libran de una violencia desmedida con duras secuelas físicas y psicológicas. A Vanesa le rompieron un diente, como bien refleja en su denuncia. Salía de trabajar y apenas le quedaban 50 metros para llegar a casa. «Noté como me cogían por el cuello», describe. Le quitaron el bolso y trataron de abrir su abrigo para ver si tenía algo más de valor. «Empecé a gritar y me metieron la mano en la boca. Yo les mordí y recibí un puñetazo que me arrancó el diente de cuajo», prosigue a duras penas. Dos individuos fueron apresados: «Uno, mayor de edad, que está en la cárcel; y otro, de 17 años, que fue condenado a 24 meses en un centro de internamiento». El tercer implicado, dada su corta edad, ni siquiera pudo ser arrestado.

La quema de contenedores es otro de sus «pasatiempos», en ocasiones, con fatales consecuencias para los coches aparcados junto a los mismos. Por si fuera poco, según advierten en la barriada, los robos al descuido en determinados semáforos y la rotura de lunas también están a la orden del día.

Me cago encima de la gentuza asquerosa que se manifestó en favor de esta escoria y los hijos de mala madra que nos los traen aqui

Mientras se suceden las protestas de los municipios seleccionados por la Comunidad para acoger a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en Hortaleza, Madrid negocia que el Gobierno de Pedro Sánchez lo ayude a financiar los entre 120 y 150 euros que gasta cada día en atender a cada migrante. Sin embargo, las reuniones entre técnicos de las dos Administraciones no han desbloqueado el pago de los siete millones de euros que Madrid reclama al Ejecutivo tras recibir solo 1.500 euros de la línea de financiación de 40 millones articulada por Moncloa para ayudar a las comunidades más afectadas.

¿A qué se dedica ese gasto? Según un argumentario de la Comunidad, a “garantizar a los menores su estancia, alojamiento y manutención, el cuidado personal, su seguridad, vigilancia y control durante su estancia en la residencia, así como una atención especializada”; a adecuar las instalaciones del centro de residencia a las necesidades de los migrantes; y a contratar a los educadores, monitores, médicos, enfermeros, mediadores culturales y administrativos que lideren las “actividades educativas y formativas para iniciar la adaptación al medio educativo y a la integración de una vida cotidiana estructurada, iniciando el conocimiento de la nueva lengua para favorecer la comunicación y la adaptación a nuestro país”.

Pese a que es el Ejecutivo quien corre con los gastos, ningún municipio madrileño se ha ofrecido a acoger a los migrantes en su territorio. Tres Cantos se negó, como ahora lo ha hecho Arroyomolinos. Pozuelo, por su parte, ha argumentado que el piso al que han sido trasladados varios menores no cumple con la normativa.

En paralelo, el profesorado del instituto de educación secundaria San Fernando, en la autovía de Colmenar Viejo, ha expresado su desacuerdo con la próxima llegada —que podría producirse esta misma semana— de un grupo de menores a una residencia que se encuentra en el recinto del centro.

El País.

La justicia progre no hace nada con un Mena fugado que robó 2500 navajas en Zaragoza

La Policía Nacional de Zaragoza procedió a la detención de un Mena de 16 años que se había fugado de un Centro de Educación e Internamiento de la capital aragonesa. No se fue a una biblioteca sino que empezó a delinquir hasta robar 2500 navajas. El problema, según los agentes, es el mismo de siempre: es un menor de edad que no pasa a disposición judicial sino que se pone a disposición de la Fiscalía de Menores, cuyos profesionales son más buenistas que sus compañeros de la justicia para adultos.

En sus actos delictivos priman los robos con fuerza e intimidación, pero también los de usurpación de bien inmueble y allanamiento de morada. De esta forma, el delincuente quería entrar a vivir gratis en casa ajena sin pagar ninguna renta al propietario.

Delitos relacionados con la libertad sexual y con el patrimonio están a la orden del día de los Menas. La opinión pública se ha hartado y cada vez son más los que piden a las autoridades públicas que tomen cartas en este asunto y se limite la entrada de una vez por todas.

Ocho Menores Extranjeros No Acompañados (menas) se encuentran detenidos después de protagonizar en la mañana de este viernes, 27 de diciembre, un motín en uno de los centros, propiedad del Gobierno de Navarra, que les acoge en Gazólaz.

Según ha podido conocer el digital Navarra.com, la Brigada de Intervenciones Especiales (BEI) de la Policía Foral ha tenido que emplearse a fondo para zanjar esta grave situación en la que, incluso, los menas han llegado a retener contra su voluntad a varios de los trabajadores del centro.

Al parecer, los menas se han sublevado y han 'secuestrado' a un vigilante de seguridad, así como a varias de las cuidadoras que en esos momentos se encontraban en un chalé, en la Cendea de Cizur.

Al llegar, la Policía Foral ha controlado la situación y, finalmente, ha procedido a la detención de los ocho causantes de este peligroso altercado en la Comunidad foral que han sido conducidos a dependencias policiales.

Los agentes navarros han tratado de identificar a todos los individuos.

En principio, se trata de ocho menores extranjeros que permanecen aún en comisaria a la espera de confirmar sus identidades, así como la decisión que se pueda tomar por la vía judicial, aunque algunos de ellos podrían ser inimputables al contar con menos de 14 años.

La detención ilegal, delito al que podrían enfrentarse algunos de estos menas en Gazólaz, está tipificado en el artículo 163.1 del Código Penal español puede ser castigado con pena de cárcel de cuatro a seis años, aunque en el caso de los menores se rige por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.

No es el único altercado que este 'colectivo' protagoniza en la Comunidad foral. El pasado 3 de diciembre, tres policías municipales resultaron heridos después de mediar en una pelea entre varios jóvenes y menores extranjeros no acompañados (MENAS) ocurrida en la Plaza de los Burgos de Pamplona.

Precisamente, tres días después de ese altercado tuvo lugar otra violenta pelea a cuchilladas en la misma plaza y en la zona de Calderería que se saldó con tres heridos, uno de ellos de gravedad.

El Sindicato Unificado de Policía en Navarra ya alertó de que el aumento de estos menores en situación de desamparo en Pamplona ha generado "sensación de inseguridad" entre los vecinos.

Este sindicato también apuntó que estos son alojados en centros de menores, "actualmente saturados", o en pisos tutelados en régimen abierto, similares al que han tenido lugar los hechos este viernes en Gazólaz.

Estos menores se encuentran bajo la tutela del Gobierno de Navarra lo que complica un "control eficaz sobre ellos".

A finales de agosto, por ejemplo, agentes de la Policía Municipal de Pamplona detuvieron a 4 jóvenes acusados de abusar de varias chicas menores de edad.

Está claro que los que nos traen aquí a toda esta escoria y que además nos cuestan miles de millones de euros todos los años, son unos hijosdelagrandisimasput....de magnitud superior

El Ejecutivo de la Ciudad de Ceuta prepara la petición oficial al Gobierno de la Nación para que asuma la "situación de emergencia" ante la "entrada masiva" de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) cuya cifra se ha disparado un 70 por ciento en los últimos cuatro meses, según cálculos del Gobierno local.

La declaración oficial que prepara el Gobierno la Ciudad Autónoma, que preside el popular Juan Vivas, considera "necesario y urgente" enviar una "demanda de socorro" al Gobierno de la Nación para que éste, "en el uso de las facultades que le atribuye el artículo 149.1.2ª de la Constitución" y teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes de las ciudades autónomas, "adopte las medidas que sean adecuadas para resolver la situación de grave crisis y de emergencia que, en relación con la problemática de los Menores Extranjeros No Acompañados, sufre nuestra ciudad".

El documento, consensuado con el resto de fuerzas políticas en un grupo de trabajo creado para abordar la problemática de los niños migrantes en Ceuta, apuesta por que el fenómeno se considere "propio de la inmigración irregular", que es competencia de la Administración General del Estado y no relativo al área de menores, que sí es competencia de la Ciudad.

Para el Gobierno de Vivas, la mejor solución "desde la perspectiva del interés del menor" es buscar la colaboración de las autoridades marroquíes para el reagrupamiento familiar y retorno de sus menores.

Según las cifras aportadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma, el número de menores acogidos en Ceuta ha pasado en cuatro meses de 250 a 420, lo que supone un incremento del 70 por ciento, a los que hay sumar niños en situación de calle, cuya cifra fluctúa constantemente y que en la actualidad ronda los 300. Solo en el mes de diciembre, según datos de la Policía Local, accedieron a Ceuta de forma irregular alrededor de 80 chavales.

Además, según añaden desde el Ejecutivo ceutí, el centro de realojo temporal ha visto multiplicada por siete su capacidad de acogida y no puede ya acoger a ninguno de los menores que en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad malviven en la calle.

"Es una situación insoportable", ha admitido el portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, lanzando una "llamada de socorro" al Gobierno de la Nación.

Las cifras son "elocuentes", considera el portavoz del Gobierno de Ceuta, ya que, "según fuentes oficiales, la estancia de Menores Extranjeros No Acompañados es, para el conjunto de España (47 millones de habitantes), de unos 14.000 menores; en Ceuta y Melilla (175.000 habitantes, si sumamos las dos poblaciones) el dato es de cerca de 2.000 menores".

Así, según ha subrayado, esto supone que "una parte de España (Ceuta y Melilla) que representa, en términos de población, un 0,4% del total nacional, soporta un 14% de la carga que supone la presión migratoria de los Menores Extranjeros No Acompañados". "¿Es justo y razonable que así sea?¿Es justo y solidario que dos ciudades pequeñas, con muchas necesidades y escasos recursos, vulnerables y amenazadas tengan que soportar una carga de este tamaño? Sinceramente, creemos que no", ha agregado.

En 2018, último ejercicio cerrado, el coste de atención a los Menores Extranjeros No Acompañados sufragado por la Ciudad alcanzó los 10 millones de euros, de los cuales 2,34 millones llegaron de las arcas la Administración General del Estado mediante subvención nominativa. Link

No os preocupéis que ha dicho el gobierno que nos van a glorificar con tanto progreso que los van a ir repartiendo por toda la peninsula como hacen siempre, y 140€ del ala al día por cada alaja de esta que nos cuesta, para que seamos felices enriquiendonos con tanta multiculturalidad y así su gobierno se pueda gastar el dinero en el armamento más caro y sofisticado que hay en la actualidad.

«Está siendo una época terrorífica». De esta manera tan tajante califican distintas fuentes policiales la situación que se vive en el centro de Madrid en cuanto a todo tipo de robos. Tanto es así, que la comisaría de Leganitos, la que mayor carga de trabajo tiene en Europa, ha registrado en 2019 su récord en número de detenidos: 8.400 frente a los 7.500 del ejercicio anterior. Buena culpa de este incremento la tienen grupos de menores extranjeros no acompañados (menas) que no paran de asaltar a viandantes en el distrito más transitado de Madrid.

Tanto es así, que el número de robos con violencia e intimidación ha subido entre un 150% y un 200% en el año que acaba de finalizar. «Es una barbaridad lo que está ocurriendo, nunca se había visto algo igual. Sobre todo, por la noche y de madrugada», indican. Efectivamente, entre la 1.30 y las 5 horas de cada jornada, especialmente los fines de semana, se calcula que el 70% de los arrestados por la Policía Nacional en Centro son menas. Pero la ley está de su parte y, tal como entran en dependencias de Leganitos, pasan luego al Grupo de Menores (Grume) y, de ahí, vuelta al centro de acogida de Hortaleza. Y la rueda vuelve a comenzar el día siguiente.

Porque hay contabilizados entre 70 y 90 menas que actúan robando en la zona cada jornada. Se suelen organizar en grupos pequeños, de cuatro o cinco, y aprovechan sobre todo vías estrechas en torno a la Puerta del Sol para asaltar a sus víctimas. Calles como las de Cádiz, Victoria y Tetuán, no tan transitadas (sobre todo, cuando está oscuro), son el escenario por el que mejor se mueven. Y por donde encuentran a sus objetivos, que suelen ser especialmente turistas extranjeros o de otras provincias de España. Por su poca especialización, los menas delincuentes no suelen dedicarse al hurto (para ello tendrían que saber manejarse en técnicas que, por ejemplo en el caso de los carteristas, son bastante complejas); sino que directamente agreden o amenazan a quienes van a robar. Les golpean con puños, patadas o alguna barra o directamente les dicen que les den lo que llevan si no quieren que les «partan la cara».

Por robar, roban de todo: desde móviles (probablemente, lo que más), a bolsos, carteras y hasta zapatillas de deportes de marca y cinturones. «Podemos ver a algunos de esos chavales con gorras que cuestan 30 euros, y está claro que no se las han comprado», especifican nuestras fuentes.

Mienten con la edad

Los móviles son de última generación. Y no se suelen quedar con ellos. Los revenden a receptadores paquistaníes y marroquíes de los barrios de Lavapiés y de Oporto, que están localizados por la Policía. Por un terminal de 1.200 euros pueden sacar 60 o 70 euros, y el aparato luego acaba en Mauritania, país donde se suele comerciar ahora con ese tipo de mercancía. De hecho, los investigadores se han incautado de cientos de teléfonos procedentes de estos robos en distintos operativos.

Cuando son arrestados, los menas que delinquen en el centro se las saben ya todas. Lo común es que digan que tienen 16 o 17 años; pero, como van indocumentados, es imposible saber en muchos casos si dicen la verdad, porque aparentemente algunos tienen aspecto de 23 años. Todo queda en manos de las pruebas radiológicas de la muñeca que la Fiscalía pueda ordenar que se les practiquen.

«El auge de los menas en la zona es increíble. Más que en 2018, y se está notando muchísimo. Pero desde principios de diciembre se vienen registrando muchos más robos en el distrito. El puente de la Constitución fue tremendo. Y, conforme se acercaba la Nochebuena y había más gente de cenas de empresa y de fiesta, la cosa iba a más. Y todavía quedan los Reyes y luego las rebajas. Los compañeros han llegado a disolver a grupos de 40 y 50 de estos menores a las dos de la madrugada en algunas calles del centro», indican otras fuentes.

Refuerzo policial

De los 8.400 detenidos el año pasado en Leganitos, el 70% fueron por hurtos (los delitos leves de esta índole alcanzaron los 15.000); el resto se lo reparten, sobre todo, la violencia de género, las reclamaciones judiciales y el tráfico de drogas. Los que sí han bajado son los robos con fuerza. Entre el 80% y el 85% de los delitos graves y leves los cometen personas de origen extranjero.

La situación es tal, que ha habido que reforzar la oficina de denuncias de la comisaría de Centro, con cuatro agentes tomando testimonio a quienes llegan a dar partes de un delito y hasta tres horas de espera. Y todo ello, en un edificio de los años 40 que piede a gritos un traslado desde hace décadas.

Los cientos de agentes que trabajan en el inmueble, en el que solo se han realizado obras de «parcheo» en algunas plantas, lleva esperando una nueva sede, tras promesas de gobiernos de PSOE y PP, sin que nadie haya hecho nada al respecto.

ABC.

El Síndic de Greuges alerta de «situaciones poco aconsejables» entre más de 4.000 moros y adolescentes en guarda o tutela de la Generalitat


El último informe del Síndic de Greuges refleja que, a partir del verano de 2018, los centros de recepción -especialmente en Alicante y Valencia- se han visto "desbordados" por la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAS), que ha tenido como consecuencia un incremento de plazas residenciales "de forma apresurada".

"Incluso se han producido actuaciones administrativas contrarias a la normativa vigente" en materia de ordenación de centros residenciales, señala el informe del Síndic de Greuges de 2018, que se ha entregado este lunes por vía telemática a Les Corts Valencianes.

La incorporación al sistema de estos menores extranjeros no acompañados, tanto por su número como por las circunstancias que determinan "el carácter precipitado y colectivo de las entradas, está tensionando el funcionamiento de los recursos residenciales", provocando situaciones como la sobreocupación de los centros de recepción o la distorsión de procesos de evaluación y derivación de casos, señala.

El Síndic de Greuges también constata la existencia de situaciones "poco aconsejables, como la presencia exclusiva de menores extranjeros en algunos centros, lo que viene a postergar su necesaria integración con otros menores de nacionalidad española".

El informe del Síndic de Greuges de 2018 refleja que atendió 12.162 quejas presentadas por la ciudadanía e inició 40 de oficio, mientras que su Oficina de atención ciudadana atendió 10.963 consultas.

Según la memoria, en la Comunitat hay 4.123 niños y adolescentes en situación de guarda o tutela de la Generalitat, y cuando llegan a la mayoría de edad muchos quedan sin red de apoyo que les acompañe en el proceso de emancipación.

Aunque la Conselleria ha diseñado un plan de apoyo integral dirigido a ellos, el Síndic considera que su desarrollo "continúa siendo insuficiente".

Además, dentro de este colectivo de tutelados por la Generalitat que alcanzan la mayoría de edad, el Síndic señala que merece especial referencia el conjunto compuesto por menores extranjeros no acompañados, para el que el grado de vulnerabilidad se convierte en "extremo".

También alerta de que se sigue incumpliendo el precepto que apremia a no acordar el acogimiento residencial de menores de 3 años, si bien la Conselleria tiene a 42 en acogimiento residencial, y en muchas ocasiones la estancia en los centros supera ampliamente los tres meses previstos como excepcionales en la legislación.

Derechos incumplidos

La memoria pone de relieve que en los últimos años se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal de derechos ciudadanos, pero sin acompañarlos de dotación económica para recursos materiales y humanos, lo que lleva a numerosas quejas por los retrasos en la resolución de expedientes administrativos en demanda de prestaciones o ayudas previstas por ley.

De hecho, las demoras en la tramitación de expedientes administrativos de dependencia, vivienda, servicios sanitarios o ayudas siguen siendo el principal motivo de queja de la ciudadana.

En el ámbito de la salud el motivo más recurrente de las quejas son los retrasos en recibir asistencia sanitaria, tanto en pruebas diagnósticas como en atención. La memoria también contempla los obstáculos para hacer real el derecho a la salud de las personas extranjeras.

Durante el año 2018, las quejas relacionadas con el respeto a los derechos lingüísticos se han incrementado un 50% respecto del ejercicio anterior, pasando de 55 a 83, y en materia de urbanismo han crecido un 638% las quejas tramitadas, hasta superar las 2.000.

Las quejas derivadas de la aplicación de la Ley de Transparencia han aumentado un 45%, de 253 en 2017 a 369 en 2018, en su mayoría referidas a la falta de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública o la patrimonialización de la información por parte de los equipos de gobierno.

Y los canallas bastardos mal-nacidos y mal-parido que no paran de traernos toda esta basura aquí

El hotel de cuatro estrellas en Sant Just Desvern, hace un año y un mes que a parte de sus clientes, cuenta también con unos huéspedes muy especiales: 110 menores de edad subsaharianos que llegaron a Cataluña el pasado verano.

La Generalitat tomó como medida «temporal» la decisión de alojarlos en el hotel (no muy baratillo, por cierto) pero un año después los MENAS siguen instalados ahí.

La Generalitat intentó trasladarlos hace unos meses a un centro de menores de nueva construcción de Rubí pero las protestas de los vecinos y la negativa de la alcaldesa de la población provocó que esta alternativa quedara en vía muerta.

De momento, el efecto llamada en Cataluña ha provocado la congestión total de todos los centros de acogida. Bienvenidos a la República independiente de los MENAS con derecho a Hotel cuatro estrellas.

Fuente.

Ayer estaba hablando con un amigo por teléfono y se interrumpió la conversación con un: ¿qué haces? Y un grito de dolor. Un MENA le había pegado un puñetazo porque según él le había mirado mal, cuando mi amigo sólo paseaba por la calle. Mi amigo pudo escapar y hoy tiene todavía un fuerte dolor. Suerte que quedó en el susto, pues podía haber sido peor.

El otro día cuando iba por el Raval me rodearon tres MENAS y uno de ellos trató de quitarme el móvil. Pude reaccionar escabulléndome y los tres menas ser rieron por mi huída. ¿Qué querían, que me parase a hablar con ellos para que me quitasen el móvil? ¿Qué les plantase cara para que me denuncien por xenofobia?

A una vecina le quitaron el bolso un grupo de MENAS el otro día. No conozco prácticamente a una persona que no hay tenido un incidente con los MENAS en Barcelona.

A menudo los veo colándose en el metro, campan a sus anchas sin que el ciudadano se sienta protegido. A según que horas no se puede pasar por el Raval de Barcelona y barrios adyacentes. A veces veo que algún Mosso o policía los interroga, pero responden con chulería y salen de rositas.

Señores esto NO ES RACISMO, es una realidad. Queremos vivir en paz, no vernos amenazados por jóvenes sin oficio ni beneficio que vagan por las calles.

La Barcelona de Colau es de las ciudades en las que se producen más delitos y no se pone remedio para atajar la solución.

Ellos mismos grabaron un vídeo de rap en donde se jactan de un robo de un bolso. Link

El fiscal de la Hermandad, Raúl Moya, reclama una reunión urgente para garantizar la seguridad después de ser apedreados por inmigrantes en el puerto. La Hermandad pide una reunión urgente con la delegada del Gobierno y el presidente de la Ciudad

La Hermandad de la Amargura de Ceuta ha pasado una de sus peores noches, después de que el ensayo de costaleros que estaban llevando a cabo en la Junta de Obras del Puerto se viera sobresaltado por lo que puede etiquetarse de auténtica emboscada. Tal y como ha explicado el fiscal de la Cofradía, Raúl Moya, en declaraciones a El Faro de Ceuta, el desarrollo de esta práctica preparatoria para la salida de Semana Santa se vio afectado por el lanzamiento de piedras contra sus participantes que fue llevado a cabo por un grupo de MENA que había en el puerto. Los hechos se sucedieron pasadas las nueve de la noche.

Los costaleros tuvieron que refugiarse suspendiendo bruscamente el ensayo al ver que estos menores les acometían con piedras y mostraban palos. Se vivieron escenas de pánico e intranquilidad entre los que participaban de este ensayo. Moya, que como fiscal de la Cofradía es el encargado de velar, entre otras funciones, por todos los hermanos, ha exigido que se adopten con urgencia “medidas de seguridad”, sea quien sea el competente, reclamando una reunión con la autoridad competente, ya sea la Delegación del Gobierno, la Ciudad Autónoma o la Autoridad Portuaria al objeto de que se proteja la integridad de los costaleros y que perviva lo que es una tradición.

En el momento de lo ocurrido había hombres y mujeres y todos se vieron afectados por un momento de tensión, sorpresa e indignación por lo que estaba ocurriendo. La Amargura siempre ha llevado a cabo sus ensayos por las calles del puerto sin problemas, ya que tienen allí las instalaciones. Ahora exigen garantías porque temen que alguno de sus integrantes pueda sufrir cualquier tipo de agresión ante situaciones de esta índole.

Un mensaje de tranquilidad

Tras estos acontecimientos, la Hermandad ha querido transmitir “un mensaje de tranquilidad a todos los hermanos, costaleros y en definitiva al pueblo de Ceuta”. En un mensaje al que ha tenido acceso este periódico, quieren expresar públicamente “nuestro total rechazo a la violencia que pudieron presenciar nuestros costaleros”.

Relatan que “nuestra cuadrilla vivió una intensa amenaza por parte de los MENA” y que “enseguida se hicieron varias llamadas al 112”, acudiendo la Policía Nacional, portuaria y Guardia Civil.

Además de denunciar los hechos, también se ha dejado constancia del suceso al presidente del Consejo de Hermandades y ha pedido respeto y amparo por parte de las administraciones a tradiciones como estas “para que nuestra Semana Mayor luzca como se merece”. Piden también una reunión “de manera urgente” con la delegada del Gobierno y el presidente de la Ciudad “para dar constancia de lo ocurrido y exigir soluciones”,

Nos cuestan un capital mantener a todas estas larvas inútiles e inservibles y nos lo agradecen así

El Mena aprovechó un descuido de la educadora, que recibirá 1000 euros de indemnización

Una de Menas. Ha ocurrido en Valencia. El segundo delito sexual en poco tiempo. El primero - todavía en fase judicial - fue el abuso de un educador hacia una interna. Ahora es al revés. Un Mena senegalés abusó sexualmente de una educadora en otro centro.

El niño - como diría Teresa Rodríguez - pidió a la educadora que le abriera la puerta de la habitación para recoger la chaqueta. Una vez allí y aprovechando que estaban solos, el Mena la empotró contra la pared y empezó a restregarse contra ella haciendo movimientos simulando una relación sexual hasta que acabó eyaculando.

¿Y cual ha sido la pena? Seguir 14 meses más en el hotel de 5 estrellas en el que está... y con régimen semiabierto. Todo un chollo ya que podrá ampliar su estancia hasta pasada la mayoría de edad y, a diferencia del resto de Menas, no tendrá que abandonar el centro. También se ha condenado a la Generalidad valenciana a pagar 1000 euros a la víctima. Link