Pueblos a oscuras o sin teléfono y semáforos inservibles, las consecuencias del robo del cobre

El año pasado movió seis millones de euros en el mercado negro.

El Ministerio del Interior lo ha puesto ahora en su "punto de mira".

Más vigilancia y endurecer las penas, las medidas previstas.

Pueblos a oscuras o sin teléfono, semáforos inservibles, regadíos resecos... Son algunas de las consecuencias del robo de cobre, un lucrativo negocio que solo el año pasado movió seis millones de euros en el mercado negro y que el Ministerio del Interior ha puesto ahora en su "punto de mira".

El plan del Gobierno, esbozado la semana pasada por el ministro Jorge Fernández Díaz, pasa por introducir en el Código Penal una nueva tipificación del hurto de cobre que endurezca las condenas para los ladrones y también para quienes comercian después con el material robado.

Fuentes de Interior consultadas creen imprescindible que las penas por este delito tengan en cuenta no solo el valor del cobre sustraído, sino también el daño causado en negocios y empresas que, en muchos casos, se ven obligadas a detener su actividad durante días o semanas. El motor de un pozo en una explotación agrícola quizá pueda ser sustituido por no demasiado dinero, aunque con el peligro de perder la cosecha por falta de riego si no se actúa a tiempo.

Algo parecido ocurre con el cable eléctrico que se roba en el alumbrado público de pueblos y ciudades. Son centenares de kilómetros de cobre que en el mercado negro se pagan a poco más de 5 euros el kilo, pero que cuesta millones de euros reponer. Ya en 2010, Telefónica reconoció un aumento de los costes cercano al 400% en algunas regiones, como Cataluña, debido a la desaparición de decenas de kilómetros de cable telefónico. Situación que sufren también compañías eléctricas como Endesa, que habla de pérdidas millonarias para mejorar la seguridad de subestaciones y transformadores, unas de las presas más codiciadas.

La segunda estrategia de las Fuerzas de Seguridad para lograr erradicar esta lacra que afecta también al resto de países industrializados es reforzar la vigilancia de las chatarrerías y fundiciones. Es conocido que en algunas de estas instalaciones se hace la "vista gorda" y se procesa el metal robado, que después se exporta a países como China, fábrica global de productos electrónicos que consume ingentes cantidades de cobre.

5.036 personas arrestadas en 2011 y 3.544 en 2010

De forma periódica, la Policía y la Guardia Civil revisan los libros de registro de entrada y salida para comprobar el origen del metal que se compra y se vende. El dispositivo contempla además acuerdos de colaboración con las principales empresas afectadas -compañías eléctricas, de telecomunicaciones y ADIF-, para establecer medidas preventivas que eviten los asaltos. Según datos del Ministerio del Interior, el valor del cobre sustraído en 2011 alcanzó los 5,8 millones de euros, casi dos millones más que en 2010, y más del triple que en 2009, cuando el robo de este metal apenas llegaba a los 1,3 millones de euros.

El 2011 hubo 16.228 robos de cobre, y más de 13.700 en 2010, año en el que se produjo un espectacular repunte de este delito. Unas cifras que coinciden con el número de detenidos por la Policía y la Guardia Civil: 5.036 personas arrestadas en 2011 y 3.544 en 2010, frente a las 1.300 de un año antes.

En mi modesta opinión, siguen siendo los políticos los únicos culpables de todo esto