Persecuciones religiosas durante la Segunda República.

En 1939 la Iglesia emergía de una situación creada por los años de guerra (1936-39) y por los años precedentes de la República (1931-36). La nota dominante fue una persecución sistemática, denunciada solemnemente por el Papa y el Episcopado ante el mundo entero. La Constitución de la República y las leyes que la desarrollaron (1931-33) habían sometido a la Iglesia (a la institución y a los ciudadanos católicos) a los siguientes vejámenes:Privación del derecho a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y retirada de los crucifijos. Prohibición a las Congregaciones Religiosas de ejercer la enseñanza, apenas paliada por retrasos en la ejecución y por iniciativas creadoras de nuevos colegios; en 1936 el Gobierno manda ocupar los edificios.


Detención de Religiosas Adoratrices por milicianos

Disolución de las Ordenes con voto especial de obediencia al Papa, que se aplicó a la Compañía de Jesús, con nacionalización e incautación efectiva de todos sus bienes muebles e inmuebles y supresión de la vida en común. Nacionalización de todos los inmuebles de la Iglesia (templos, seminarios, conventos, etc.) y de todo el mobiliario destinado al culto. Extinción del Presupuesto del Clero, con el que se compensaban en parte las rentas de los bienes raíces anteriormente incautados: estrechez y aun miseria para el común de los sacerdotes. Leyes contra la institución familiar (secularización del matrimonio, divorcio, aborto). Precariedad en la asistencia religiosa a los católicos acogidos en centros asistenciales. Intromisión estatal en la vida de las Congregaciones. Restricción del culto fuera de los templos e incautación de los cementerios. Todo, agravado porque, al multiplicarse las arbitrariedades abusivas de autoridades subalternas, solían quedar impunes.


Imágenes profanadas y destruidas
Los Obispos de entonces resumieron así la situación: se trata a la Iglesia, no como a persona jurídica respetada, sino como a un peligro.Al llegar la guerra, la Iglesia recobró su libertad en la zona nacional. En la llamada zona roja se procedió desde el primer momento a su destrucción. La Iglesia deja de existir como institución pública reconocida. Lo que subsiste de su actividad es clandestino, especialmente en las grandes urbes, que facilitan el ocultamiento.


Quema del Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas de los Hnos. de la Salle
Los grupos revolucionarios –socialistas, comunistas, anarquistas-, continuando lo que inició en 1934 la revolución organizada por el partido socialista, en Asturias, realizaron en forma premeditada una destrucción sistemática: con exhibición e impunidad y en gran medida como instrumentos del Estado o detentadores de su poder. Si la intensidad fue mayor en el año 1936, los efectos, con nuevas amenazas y no pocas víctimas, continuaron hasta el fin


Templos destruidos y profanados
Se interrumpió todo culto público, toda predicación, toda publicación, toda institución y asociación religiosa. Se inutilizaron para su destino todos los edificios (iglesias, conventos, seminarios, etc.), se profanaron, se convirtieron en almacenes, mercados, cuarteles…Se quemaron o destrozaron muchas iglesias y la mayor parte de los retablos, imágenes, altares. Se requisó o dispersó el ajuar litúrgico, con pérdidas de decenas de millares de obras del patrimonio artístico. Se saquearon o incendiaron numerosos archivos y se expoliaron bibliotecas.

Detención del Cardenal Segura
Los sacerdotes y religiosos fueron acosados con voluntad de exterminio. Entre los religiosos, principalmente, los varones; pero algunas de las víctimas más tempranas fueron religiosas de clausura, como las Carmelitas de Guadalajara, declaradas Mártires por la Santa Sede. Bastaba ser sacerdote para ser asesinado, casi siempre sin apariencia de juicio y en muchísimos casos con crueldad horrenda


Iglesia de las Madres Salesas
Un jefe revolucionario afirmó en agosto de 1936: “El problema de la Iglesia…nosotros lo hemos resuelto yendo a la raíz. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto”. “La Iglesia ha sido completamente aniquilada”.


Profanación de tumbas y cadáveres
Se salvaron de morir únicamente los que lograron esconderse o los que, como presos, se beneficiaron de la moderación de algunos funcionarios.

Parodia de milicianos. Los que iban a llevar a España a la libertad…
Pasada la tormenta, y ajustados los recuentos de víctimas se comprobó que habían sido sacrificados trece obispos (no se salvó ninguno de los que permanecieron en la zona, excepto un ciego hospitalizado), y unos siete mil sacerdotes y religiosos, lo que equivale, como promedio, a un tercio del total del Clero en la zona republicana, alcanzando en algunas diócesis casi la mitad.

Al Clero hay que añadir decenas de miles de seglares, asesinados sólo por su condición de católicos piadosos o miembros de asociaciones apostólicas, sin contar los ejecutados por razones más directamente políticas.

Fuente

La República se desvió del buen camino
Alcalá Zamora: ‘La República se desvió del buen camino y cayó en la anarquía y en la guerra’

La República se desvió del buen camino y cayó en la anarquía y en la guerra”. No lo escribo yo. Lo dijo don Niceto Alcalá Zamora, en su libro “Régimen político de convivencia en España. Lo que debe ser y lo que no debe ser”, escrito en su exilio de Buenos Aires y publicado en 1945. Fue el artífice decisivo en la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. El único presidente legitimo, que fue desposeído de su cargo por las Cortes en abril de 1936, mediante un golpe de Estado parlamentario, que le obligó a emprender el camino del exilio con su familia.

Dice más. Escribe en el prólogo que “el Alzamiento de julio de 1936 (…) fue republicano en sus comienzos”. “La insurrección fue una rebeldía legal – subraya – contra los que habían violado reiteradas veces la legalidad constitucional”.

Para Alcalá Zamora, la República equivale a una fecha: el 14 de abril de 1931. “Todo lo que vino después fue una desviación del espíritu originario, causada por los fanáticos de uno y otro lado”. Cuenta que después de la quema de conventos de 1931, convocó un Consejo de Ministros para tratar de la conducta a seguir con la Iglesia católica. El propuso, – según escribe -, “la paz religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado y un nuevo Concordato”. Por once votos contra uno se acordó que esta seria la pauta a seguir. Sin embargo, semanas después, las Cortes y el Gobierno “se inclinaron por la persecución religiosa y el anticlericalismo del más rancio y desusado estilo”.

Luego, el eminente jurisculto, examina las mil y una ocasiones en que la Constitución de 1931 “fue deliberadamente violada y pisoteada por el Gobierno de la República a partir de febrero de 1936”. “De los 125 artículos de la Constitución – revela don Niceto – ni uno solo quedó intacto. Todos fueron conculcados por el Gobierno de Frente Popular”. Resume su denuncia con estas palabras: “¿Quién ha matado la Constitución de 1931? ¿Los rebeldes de julio de 1936? La verdad es que no han hecho sino disparar contra un cadáver que ya estaba apuñalado por las izquierdas republicanas”.

Los católicos de aquella época sufrieron la legislación laicista republicana con una terrible violencia totalitaria que trataba de arrancar a Dios de sus corazones. La República defendió el laicismo y tenía derecho a ello, pero no tuteló la libertad religiosa ni el pluralismo espiritual, requisito fundamental en un Estado democrático. Durante más de medio siglo se ha dado una interpretación exclusivamente política a la persecución violenta de la que fue objeto fundamental únicamente la Iglesia católica.

He aquí las palabras del cardenal Vidal y Barraquer al ministro Manuel de Irujo:

“Los fieles todos, y en particular los sacerdotes y religiosos, saben perfectamente los asesinatos de que fueron víctimas muchos de sus hermanos, los incendios y profanaciones de templos y cosas sagradas, la incautación por el Estado de todos los bienes eclesiásticos y no les consta que hasta el presente la Iglesia haya recibido de parte del Gobierno reparación alguna, ni siquiera una excusa o protesta”.

Así comenzó la persecución religiosa:

Año 1931.- (11-13.05): Más de un centenar de iglesias y conventos son incendiados y saqueados en Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Cádiz. La fuerza pública no interviene.

Año 1932.- (16.01): Orden de retirar el Crucifijo de las escuelas. (19.01): El Gobierno suspende el diario católico El Debate (23.01)

Año 1933.- Enero: Continúan los incendios de edificios eclesiásticos. (17.05) Las Cortes aprueban la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas.

Año 1934.- (04. 10): Comienza la revolución de Asturias. Los rebeldes entran en Oviedo, destrozan la catedral y otros edificios religiosos y asesinan 34 sacerdotes y religiosos. En Catalunya, el presidente Lluis Companys proclama el Estado catalán dentro de la Republica Federal Española.

Año 1936.- (19.02): Azaña forma el primer Gobierno del Frente Popular. Comienzan los incendios, asaltos, saqueos y destrucción de iglesias y conventos. Atentados y asesinatos de personas en toda España. A la persecución política se une la persecución religiosa.

En Tarragona, primera víctima de la persecución religiosa, el sacerdote Jaume Mir Vime es asesinado en el Monte de la Oliva. (24.07): La Generalitat cesa a los funcionarios no adictos y decreta el cese de los concejales desafectos al Frente Popular.

Año 1937.- (1, 7, 28. 01 y 20.02 ): La Generalitat elimina los nombres de Santos de las denominaciones toponímicas. (19.03): Pío XI publica la encíclica Divini Redemptoris contra el comunismo y la persecución religiosa en España.

Año 1938.- (11.02). El ministro Manuel de Irujo (PNV) invita al cardenal Vidal y Barraquer (exiliado por la República) a regresar a España. (30.04): Respuesta del cardenal: “Yo no debo regresar a mi diócesis mientras haya un solo sacerdote en las cárceles. No pueden hermanarse la libertad del pastor con la prisión de sus sacerdotes”.

Conclusión: Siete mil sacerdotes asesinados; diez mil templos devastados; miles de familias católicas enlutadas. El cardenal Vidal y Barraquer, exiliado. ¿Quién tendría que pedir perdón por esta barbarie? Ustedes mismos…

Por Francesc Basco, publicado en Diari de Tarragona el 25/11/2013

La persecución contra la Iglesia en la Segunda República costó la vida a 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas


«Hace 80 años, trece mujeres fueron fusiladas en Madrid por defender la democracia y la libertad. Que los nombres de las 13 Rosas nunca se borren de la Historia», escribió el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el lunes en su perfil de Twitter. Un homenaje al que se sumaron la vicepresidenta Carmen Calvo y Josep Borrell. «Olvidarlas sería su segunda muerte», añadió el ministro de Exteriores.

En junio, sin embargo, ningún miembro del actual Gobierno en funciones homenajeó a las 14 monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción que acababan de ser beatificadas por el Papa Francisco. Catorce mártires que fueron violadas y asesinadas por los republicanos en noviembre de 1936, pero que, según el Twitter de TVE, simplemente «desaparecieron cuando se las llevaron de su refugio un grupo de milicianos». Sánchez no dijo una palabra, a pesar de que la cadena recibió críticas.

Es un ejemplo más de cómo el PSOE ha eludido siempre referirse a la represión sufrida por la Iglesia durante la Segunda República y la Guerra Civil, que acabó con la vida de 6.832 religiosos según el estudio realizado por el historiador y ex arzobispo de Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno. De ellos, 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. En el «Catálogo de los mártires cristianos del siglo XX», de Vicente Cárcel Ortí, se amplía la cifra hasta los 3.000 seglares y 10.000 miembros de organizaciones eclesiásticas. Entre ellos, 13 obispos: los de Jaén, Almería, Barcelona, Tarragona, Ciudad Real, Lérida, Teruel, Guadix, Cuenca, Sigüenza, Orihuela, Segorbe y Barbastro.

Una prueba del odio y la impunidad con los que nació esta persecución son las declaraciones realizadas por el mismo Valle-Inclán en el diario «La Luz», en 1934: «Se ha dicho mucho sobre la quema de conventos, pero la verdad es que en Madrid no se quemaron más que cuatro birrias que no tenían ningún valor». La postura del escritor gallego no fue una excepción en los años 30. Los datos, además, no le dan la razón. La violencia anticlerical desatada en 1931, al comenzar la Segunda República, acabó con más de un centenar de edificios religiosos en toda España, a lo que hay que añadir un número enorme de objetos del patrimonio artístico y litúrgico destruidos, muchos cementerios profanados y varios miembros del clero asesinados antes de estallar la guerra.

El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, intentó sacar a la Guardia Civil para impedirlo, pero se encontró con la oposición del resto del gabinete. Como él mismo comentó en sus Memorias, durante aquella reunión, Manuel Azaña defendió que «todos los conventos del país no valen la vida de un republicano».

«Objeto de animadversión»

Una pasividad la del Ejecutivo republicano a la que también se refirieron intelectuales y testigos de la época como Julio Caro Baroja, sin olvidar la legislación que se puso en marcha para someter a la Iglesia y eliminar las órdenes religiosas. Como explicó en ABC el historiador y ex presidente del Parlamento de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa, «desde los primeros momentos del régimen republicano la Compañía de Jesús fue objeto de animadversión y persecución». En 1932, el Papa Pío XI llegó a proclamar que los jesuitas españoles debían ser considerados «mártires». Lo peor estaba por venir.

Durante la Guerra Civil, la represión alcanzó límites terroríficos. Se asesinó a miles de curas por el simple hecho de serlo. Gaspar Viana lo recordaba en este diario hace unos años. En 1936 vivía en un pequeño pueblo de agricultores de Guadalajara, Peralveche, y vio cómo «detenían y paseaban desnudo al párroco de Salmerón, un municipio cercano, con una cuerda atada a sus partes, mientras la banda municipal tocaba. Después le pegaron cuatro tiros y le cortaron las orejas para mostrárselas a los vecinos». O el famoso caso de Ceferino Giménez Malla, «El Pelé», un comerciante gitano arrestado al comienzo de la guerra por un grupo de milicianos en Barbastro (Huesca). La razón: salir en defensa de un joven sacerdote que estaba siendo golpeado y arrastrado por las calles del pueblo. El Pelé fue condenado a muerte, pero le ofrecieron el indulto si entregaba su rosario y renegaba de su fe. Se negó y fue fusilado mientras gritaba «¡viva Cristo Rey!». «Su vida muestra cómo Cristo está presente en los diversos pueblos y razas», dijo el Papa Juan Pablo II, en 1997, cuando lo convirtió en el primer gitano beatificado.

Como defiende el historiador José Luis Ledesma en «De la violencia anticlerical y la Guerra Civil de 1936» (Universidad de Zaragoza, 2009): «España se convirtió en lo más cercano a un infierno sobre la tierra para los miembros de la Iglesia que estaban en esa mitad del país donde no triunfó la sublevación». Y según el «Martirologio matritense del siglo XX» publicado recientemente por el arzobispado de Madrid, en la capital se asesinó a 427 seminaristas y sacerdotes. Entre estos estaban las 14 Mártires Concepcionistas. En el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro el 23 de junio, el Papa Francisco subrayó: «Fueron asesinadas por odio durante la persecución religiosa que tuvo lugar de 1936 a 1939 [...]. Su martirio nos invita a ser fuertes y perseverantes, sobre todo en la hora de la prueba».

ABC.

«Lo ataron desnudo a un limonero, lo dejaron toda la noche allí, y al día siguiente le torearon como a un animal, clavándole agujas de hacer jersey y, con un cuchillo de matar cerdos, le dieron el estoque final».

El canónigo de la Catedral de Valencia Arturo Climent ha publicado un libro sobre el sacerdote valenciano Enrique Boix (1900-1937), en proceso de canonización, que murió a los 36 años de edad martirizado en Llombai, su localidad natal, en el año 1937 durante la Guerra Civil.

La finalidad de esta publicación es «que no se pierda la memoria de un sacerdote bueno, trabajador, enamorado de Jesucristo, que se dedicó a vivir a pleno pulmón su ministerio en distintas parroquias hasta que fue apresado y sufrió un martirio inhumano, horrible y cruel», ha explicado Arturo Climent.

La persecución de la Segunda República contra la Iglesia española, hasta 1936 y durante la Guerra Civil, le costó la vida a 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas, de acuerdo con un estudio del historiador Antonio Montero Moreno.

El libro sobre Enrique Boix, que ha sido prologado por el canónigo Ramón Fita, delegado episcopal para la Causas de los Santos de la Archidiócesis de Valencia, incluye la biografía de Enrique Boix, con fotografías de lugares vinculados a él, y recoge también los perfiles de los siervos de Dios nacidos en Llombai, Vicente Bartual Lliso y Rafael Donat Lloret, así como del beato José Ferrer, natural de Algemesí, todos ellos martirizados en 1936, también en pleno conficto bélico.

Enrique Boix Lliso nació en Llombai el 20 de julio de 1900 dentro de una familia cristiana. Tras su ordenación sacerdotal en 1925 sus primeros cargos parroquiales los desempeñó en Xixona, Simat de Valldigna, Senija y Xeresa hasta que fue nombrado capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y de las Madres Franciscanas en Alzira.

En Alzira fue vicario de la parroquia de San Juan Bautista, director de la Juventud Obrera, consiliario de jóvenes de Acción Católica «y alma de muchas organizaciones juveniles católicas, por lo que es recordado como el cura de los jóvenes», ha añadido Climent.

«Le avisaron de que irían a por él porque lo consideraban un cura demasiado influyente en la ciudad»

Al estallar la Guerra Civil «le avisaron de que irían a por él porque lo consideraban un cura demasiado influyente en la ciudad», según el autor del libro. Boix se marchó a Algemesí, donde fue detenido en enero de 1937 «y sin juicio, fue llevado a la cárcel y entregado al Comité de Llombai que se lo llevó y lo encerró en un local».

Finalmente, el sacerdote fue conducido al claustro de la parroquia, convertido en vaquería, donde fue martirizado el 24 de enero de 1937. Según el relato de testigos que presenciaron el martirio, «lo ataron desnudo a un limonero, lo dejaron toda la noche allí, y al día siguiente lo torearon como a un animal, clavándole agujas de hacer jersey y con un cuchillo de matar cerdos, le dieron el estoque final». Tal como ha explicado Climent, «Enrique Boix murió dando testimonio de Cristo con valentía, amor y perdonando a sus asesinos»

Fuente

Tras el escándalo provocado, el Ayuntamiento dice ahora que fue un ‘error’

He sido muy preciso a la hora de elegir el verbo robar, porque cuando se presenta un furgón del Ayuntamiento y sin pedir permiso ni comunicar nada, sus ocupantes se llevan una placa de un cementerio privado de forma ilegal, de lo que hablamos es de un robo en toda regla, aunque se perpetre con los medios que pagan todos los contribuyentes. De hecho, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha anunciado que ha abierto diligencias para averiguar si procede expedientar al Ayuntamiento de Madrid por este abuso, y lo remitirá a la Fiscalía. Esta misma tarde el Ayuntamiento ha asegurado que se trató de un “error”, y que la lápida será devuelta mañana. Lo siento, pero hace ya tiempo que no creo en este tipo de “errores”.


Los frutos de la Ley de Memoria Histórica creada por Zapatero

Esta actuación del todo ilegal dice hacerse al amparo de la Ley de Memoria Histórica, que Zapatero impuso -y Rajoy ha dejado intacta, sin tocar ni una coma- para reescribir la historia de la Guerra Civil, presentándola como una guerra entre buenos (los rojos) y malos (los nacionales). Que ambos bandos cometiesen atrocidades por igual y esos rojos, en concreto, asesinasen a decenas de miles de personas es lo de menos, por lo visto. El caso es que el Artículo 1º de esa ley dice:

“La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.”

Durante décadas, la izquierda española se ha esforzado en presentar la Segunda República como una democracia ejemplar –algo que no fue ni por asomo-, reclamando como las únicas víctimas dignas de mención de aquella contienda a las que fueron asesinadas por el bando franquista. Por eso cada vez que la Iglesia ha beatificado a sus mártires de esa guerra, a personas que fueron asesinadas por su fe, esa misma izquierda pataleaba, pues para las víctimas del bando rojo ha decretado la más miserable de las amnesias. Pues esa desmemoria es lo que me propongo frenar con esta entrada, recordando el martirio de esos ocho jóvenes.

Así fue la detención y asesinato de los ocho jóvenes carmelitas en 1936

El lunes 27 de julio de 1936, diez días después del estallido de la Guerra Civil, a las cinco de la madrugada se presentaron guardias de asalto y milicianos en el Convento del Carmen de la localidad castellonense de Onda, para ordenar su desalojo. En el Convento había treinta religiosos carmelitas, entre profesos y novicios, la mayoría de ellos estudiantes menores de 20 años. Fueron registrados y sometidos a vejaciones, y sacados del convento con indumentaria seglar, proporcionándoles un salvoconducto con el que teóricamente podrían viajar hacia sus casas. El Convento, una vez desalojado, fue saqueado e incendiado por los milicianos rojos ese mismo día. Reunidos en la Residencia de los carmelitas situada junto a la Iglesia de la Sangre, rezaron juntos y cantaron la Salve a modo de despedida. Veintiuno de ellos tomaron el tren a Valencia, pensando que lo peor ya había pasado, pero durante el trayecto fueron reconocidos e insultados por milicianos que ya esperaban su llegada. En Villarreal detuvieron al subprior, que ejercía de superior del Convento de Onda durante el desalojo, el padre Anastasio Ballester Nebot, de 43 años: fue asesinado el 22 de septiembre de 1936 en Cuevas de Vinromá, Castellón.

Los otros 20 fueron obligados a bajar del tren de Cabañal, al ser reconocidos como religiosos, siendo arrestados e interrogados. Finalmente no se presentó ninguna acusación contra ellos, y los que eran naturales de las dos Castillas, doce en total, continuaron su viaje hacia Madrid. Ya en la capital fueron nuevamente arrestados. Nueve de ellos fueron conducidos a un albergue para mendigos en el Paseo de las Delicias, donde permanecieron desde el 28 de julio hasta el 14 de agosto. Finalmente acabaron el un colegio de Ciegos en Vista Alegre, junto a los religiosos e invidentes recluidos en él. La noche del 17 al 18 de agosto, ya pasada la media noche y cuando ya estaban durmiendo, un grupo de milicianos entró en el dormitorio dando gritos, diciéndoles que tenían órdenes de llevárselos a la Dirección General de Seguridad. Ocho de los jóvenes fueron subidos a un camión y llevados al cementerio de Carabanchel Bajo. Allí les bajaron del camión y les fusilaron ante las tapias del camposanto. Sus cadáveres fueron dejados en ese lugar durante todo el día, desnudos. Más tarde los enterraron en dos tumbas separadas en el cementerio de Carabanchel, donde una vez terminada la guerra, en julio de 1939, se colocaron sendas lápidas con sus nombres.

Fueron beatificados en 2013 en Tarragona

El 5 de junio de 1950 sus restos fueron exhumados y trasladados al santuario carmelita de Nuestra Señora del Henar, en Cuéllar, Segovia, siendo depositados en su cementerio. A día de hoy una lápida en este santuario indica los nombres de estos mártires sobre el sepulcro donde fueron depositados finalmente sus restos. Su proceso de beatificación se inició en 1960, aunque estuvo parado hasta 1992. Los ocho carmelitas fueron beatificados en Tarragona el 13 de octubre de 2013, junto a otros 514 mártires de la Guerra Civil.


Éstos eran los ocho carmelitas fusilados en Carabanchel

Los carmelitas asesinados eran muy jóvenes: tenían edades comprendidas entre los 18 y los 22 años. Éstos eran los ocho recordados por la lápida robada por el Ayuntamiento:

Daniel María García Antón. Tenía 22 años. Nació el 11 de diciembre de 1913 en Navacepeda de Tormes (Ávila). Solía acudir con su madre, Gregoria (maestra), y su hermana Ascensión al Santuario de Nuestra Señora del Henar, donde descansan hoy sus restos. Allí manifestó su vocación antes de cumplir los 14 años, ingresando en el seminario menor de Villarreal, Castellón, en octubre de 1927.

Aurelio María García Antón. Hermano de Daniel María, acababa de cumplir 20 años. Nació el 14 de agosto de 1916 en Navacepeda de Tormes (Ávila). Siguió los pasos de su hermano como carmelita en 1928, con sólo 12 años.

Silvano María Villanueva González. Tenía 20 años. Nació el 6 de febrero de 1916 en Huérmeces (Burgos). Sus padres eran agricultores. Empezó sus estudios en el seminario menor de Villarreal. Durante el último registro, se plantó y dijo a los milicianos: “¿para qué otro registro, si no es por el gusto de molestarnos?” Dicho lo cual, los milicianos dejaron de cachearle.

Adalberto María Vicente y Vicente. Tenía 20 años. Nació el 23 de abril de 1916 en Cuéllar (Segovia). Quiso ser carmelita a los once años, y entró en el seminario menor de Villarreal. Era muy aplicado en estudios y música.

Francisco María Pérez Pérez. Tenía 19 años. Nació el 30 de enero de 1917 en Ros (Burgos). Siendo pequeño quedó huérfano de madre. Su padre se casó de nuevo y su madrastra le trató muy mal. Un tío suyo sacerdote lo acogió e ingresó en el seminario de Villarreal en 1928. Era muy alegre e inteligente. En el tren que les condujo a Madrid, incluso hablaba de Dios con los milicianos anarquistas.

Ángelo María Reguilón Lobato. Tenía 19 años. Nació el 1 de junio de 1917 en Pajares de la Lampreana (Zamora). Bautizado como Cipriano, quedó huérfano a una edad muy temprana, haciéndose cargo de él sus tíos Isaías y Joaquina. A los doce años ingresó en el seminario. Estaba estudiando filosofía cuando estalló la Guerra Civil. Tras ser fusilado, su cadáver no fue reclamado por nadie durante muchos días, de modo que se tuvieron que emitir anuncios describiéndolo.

Bartolomé María Andrés Vecilla. Estaba a punto de cumplir los 19 años. Nació el 26 de agosto de 1917 en Pajares de la Lampreana (Zamora) Fue bautizado como Nicomedes, ingresando muy joven en el seminario. Fue detenido un día antes de concluir el noviciado. Aunque no hay muchos datos sobre él, se dice que hizo profesión de fe antes de ser martirizado.

Ángel María Sánchez Rodríguez. Era el más joven de los ocho: sólo tenía 18 años. Nació el 2 de agosto de 1918 en Pajares de Lampreana (Zamora). Fue bautizado como José, y era amigo de la infancia de su compañero de martirio Ángel Reguilón. Ingresó en el seminario menor de Villarreal con 14 años. Era muy devoto de la Virgen del Carmen. Enfermó tras ser detenido, pero quiso seguir con sus compañeros hasta el final.

Contando Estrelas

Tras este grito, un grupo de jóvenes seminaristas fueron asesinados el 7 de octubre de 1934 durante la Revolución de Asturias


El pasado año ha tenido lugar en la Catedral de Oviedo la beatificación de nueve seminaristas asturianos. Unos jóvenes candidatos al sacerdocio vieron sus vidas cercenadas cuando alguien gritó: «¡Matadlos, que son curas!». Y así fue. Seis de ellos fueron asesinados durante la Revolución de Asturias donde nada tenían que ver con las reivindicaciones de los asesinos revolucionarios. De esos que nunca hablan los de la memoria histórica. Estaban dirigidos aquellos verdugos por los socialistas Indalecio Prieto, natural de Oviedo, y Francisco Largo Caballero, el que precisamente en Oviedo, junio de 1936, habló de implantar la dictadura del proletariado mientras sus seguidores daban “vivas” a Rusia y al ejército rojo. Ahora, los dos, tienen levantados en Madrid sendos monumentos, que sus seguidores protegen y defienden como si hubieran sido unos héroes libres de todo pecado..

Cultura. ¿Quién fue y qué hizo Largo Caballero?

Los seminaristas beatificados eran hijos de familias humildes, posiblemente más humildes que las de sus propios verdugos. Habían nacido, y eran vecinos, de pequeñas localidades asturianas donde su progenitor se dedicaba a la agricultura, a la pesca o trabajaba en la mina. «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra», dice el evangelista San Juan.

Los seis asesinados el 7 de octubre de 1934, hoy ya beatificados, responden a los nombres de: Ángel Cuartas Cristóbal, nacido en 1910; César Gonzalo Zurro Fanjul, nacido en 1912; José María Fernández Martínez, nacido en 1915; Jesús Prieto López, nacido en 1912; Juan José Castañón Fernández, nacido en 1916; Mariano Suárez Fernández. Así, pues, el más joven, en este baño de sangre, con solo 18 años, fue Juan José Castañón. El mayor, Manuel Olay, con 25 años.

Cuando dio comienzo la Guerra Civil, fue tan rápida la acción y tan exterminador su empuje, que, pasados solo unos pocos días desde la rebelión militar, Andrés Nin, jefe del POUM, -más tarde sería víctima de los comunistas- escribió en “La Vanguardia” de Barcelona: «La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente, no dejando en pie ni una siquiera». Así daba comienzo la mayor persecución religiosa, en tan poco tiempo, que hubo en toda la historia de la Iglesia. La documentación sobre los mártires españoles es rigurosa. Fueron unos 10.000. Entre ellos estos tres seminaristas beatificados que querían ser sacerdotes, «pero Dios eligió para ellos el altar del más alto sacrificio para una misa que no acaba: dar la propia vida como testimonio de amor hacia Quien dio la vida por ellos», ha dicho el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.


Así, pues, los tres seminaristas beatificados, asesinados durante la Guerra Civil, fueron: Luis Prado García, nacido en 1914 y asesinado en Gijón el 4 de septiembre de 1936. Manuel Olay Colunga, nacido en 1911 y asesinado en Oviedo el 22 de septiembre de 1936; Sixto Alonso Hevia, nacido en 1916 y degollado, cerca de León, el 27 de mayo de 1937. Éste temiendo lo que iba a pasarle dejó dicho a sus padres: «Tenéis que perdonar». Así nos lo cuenta el obispo auxiliar de Madrid, el asturiano José Antonio Martínez Camino. De este último beato, asistieron a la beatificación, con 90 y 94 años, sus hermanas Covadonga y Eloína Alonso Hevia, quienes sin poder contener las lágrimas, declaraban emocionadas: «Es un día alegre y triste a la vez que llevábamos años esperando».

Los trámites para alcanzar la beatificación se iniciaron en el año 1990. Quedaron interrumpidos tras la pérdida en Roma de abundante documentación relativa a sus casos, pero finalmente, por iniciativa del Arzobispado de Oviedo, pudo completarse la causa casi tres décadas después para alegría de todos.

Durante la ceremonia de la beatificación, el representante del Papa Francisco, cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, dio lectura a la Carta Apostólica en la que Su Santidad inscribe en el libro de los beatos a los seminaristas, venerables siervos de Dios que dieron la vida en defensa de la fe.

Y no me resisto terminar sin recoger, en honor de los nuevos beatos, este bello poema del poeta republicano y exiliado, León Felipe: “Hazme una cruz sencilla,/ carpintero.../ sin añadidos/ ni ornamentos.../ que se vean desnudos/ los maderos,/ desnudos/ y decididamente rectos:/ los brazos en abrazo hacia la tierra,/ el astil disparándose a los cielos./ Que no haya un solo adorno/ que distraiga este gesto:/ este equilibrio humano de los dos mandamientos.../ sencilla, sencilla.../ hazme una cruz sencilla, carpintero”.