El déficit y la deuda siguen sin control

El gasto público se ha disparado otro 5% pese a que la deuda se ha reducido al 116% del PIB por el efecto de la inflación. La Seguridad Social acumula una deuda de casi 100.000 millone

El agujero de la deuda pública sigue cuesta abajo y sin frenos. El Banco de España ha confirmado el enésimo récord histórico de la cifra de deuda de las administraciones públicas marcado en el tercer trimestre, que por primera vez superó una frontera nunca alcanzada, 1,504 billones de euros, lo que supone un aumento en términos relativos del 0,8% respecto al trimestre anterior. La reducción de los ingresos en las arcas públicas y el aumento de los gastos han provocado que los números rojos se hayan incrementado un 5%, superando los 76.000 millones más de números rojos en el último año.

Pese a que la ratio de deuda pública sobre el PIB mantiene una curva descendente desde comienzo del año, apenas se redujo una décima respecto al segundo trimestre, para quedarse en el 116%, por lo que todavía queda lejos el objetivo de déficit marcado por el Gobierno del 115,2% en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril, y que plantea el progresivo descenso a lo largo de los próximos cuatro ejercicios hasta situarse en el 109,7% en 2025. Por tanto, aunque la deuda es 5,9 puntos inferior a la registrada en el tercer trimestre de 2021, cuando ascendió a 121,9% del PIB, solo se ha reducido gracias al efecto que la inflación tiene sobre esta magnitud macroeconómica, no al ajuste en el gasto público, que se ha disparado otro 5%.

La Administración Central volvió a ser la catalizadora de la mayor parte de la deuda. Su saldo negativo se elevó a 1,359 billones de euros, lo que representa el 104,8% del PIB, con un crecimiento en términos interanuales del 6,1%. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 99.000 millones, un 7,6% del PIB, con un crecimiento interanual del 8%. Apunta el supervisor bancario que este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar buena parte de su desequilibrio presupuestario, principalmente por el desequilibrio de los denominados “gastos impropios”. Estos préstamos no afectan a la deuda total de las Administraciones al tratarse de operaciones financieras entre subsectores.

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas creció hasta los 315.000 millones de euros en septiembre de 2022, un 24,3% del PIB, con un aumento interanual del 0,8%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 22.000 de euros, lo que representa un 1,7% del PIB y supone un 0,3% menos que el saldo registrado un año antes.

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Las entidades se resisten a suplir al BCE como gran tenedor de bonos españoles. En plena polémica por el 'impuestazo', el sector bancario usó esta advertencia como medida de presión para intentar suavizarlo.

Se cumple, al menos de momento, una de las amenazas de la banca al Gobierno por el 'impuestazo'. Los bancos españoles han congelado la compra de deuda pública española como medida de presión en un contexto en el que la tendencia debería ser la contraria, en plena subida de los tipos de interés, según fuentes financieras. La cartera de bonos españoles se ha estancado en los 166.000 millones desde hace tres meses. Un hecho sin precedentes en los últimos años.

El sector ya deslizó esta advertencia durante las conversaciones con el Ministerio de Economía para suavizar el nuevo gravamen, que acaba de entrar en vigor este año y prevé recaudar unos 3.000 millones de euros hasta 2024. Los bancos son conscientes de que ahora tienen más fuerza por una doble razón: los estados se financian más caro y además el Banco Central Europeo (BCE) ha dejado claro que tiene menos predisposición a adquirir deuda pública de los países de la zona euro.

Los bancos españoles recompusieron la cartera de bonos españoles aprovechando el nuevo escenario alcista de tipos. En agosto, un mes después de que el Eurobanco aplicara la primera subida del precio del dinero en más de 20 años, las entidades volvieron a sobrepasar la barrera de los 166.000 millones en deuda pública española, lo que no ocurría desde 2020. Una posición que han mantenido también en septiembre y en octubre, según muestran las últimas estadísticas del Tesoro, actualizadas a 31 de diciembre.

Es más, en octubre redujeron su tenencia de bonos españoles por primera vez en un año, con una caída mensual de 116 millones. El banco central europeo activó el repliegue como comprador de deuda pública en verano y se intensificará durante 2023. Pero, a la luz de los datos, la banca española no ha cogido el testigo para financiar la deuda pública. De hecho, el BCE ha recortado en casi 3.300 millones la cartera de bonos españoles, según los datos difundidos por el Tesoro.

Mismos ingresos con menos deuda

"Lo lógico ahora es que los bancos aumenten su posición en deuda pública, aunque se necesitará menos cantidad de bonos para mantener el mismo nivel de ingresos por las mejores rentabilidades", afirma Eduardo Areilza, senior director de la consultora Alvarez & Marsal. Las últimas letras del Estado colocadas en el mercado, por ejemplo, rinden a un 2,44% a un plazo de doce meses, tras años en negativo que permitían a los gobiernos financiarse gratis o cerca de ello.

Areilza también explica que la congelación en la compra de deuda pública por parte de los bancos tiene que ver con la volatilidad del mercado ante la incertidumbre en las decisiones del BCE tanto las relativas a los tipos como en su plan de normalizar la compra de activos.

Nuria Álvarez, analista especializada en banca de Renta 4, apunta además a que los bancos están devolviendo de las conocidas como TLTRO, subastas de liquidez en condiciones muy favorables para sostener la economía en pleno Covid. De hecho, las entidades financieras europeas han decidido devolver casi 300.000 millones de forma anticipada por el empeoramiento de las condiciones de estas subastas, dentro del objetivo del BCE de recortar la inflación.

¿Sorpasso al BCE como gran comprador?

Los bancos españoles fueron el gran sostén de la deuda pública en 2012, cuando los inversores pusieron el foco sobre los países más endeudados, como España. Ese año la banca nacional llegó a aglutinar más de un 30%. Ahora, conserva un 13,5% del total de la deuda en circulación, tras el 'sorpasso' del BCE, que desde 2017 ha ido elevando de forma significativa la tenencia de bonos. A octubre del pasado año, el Eurobanco atesora 413.532 millones, casi un 34% del total.

Las compañías de seguros también son activas en la compra de deuda pública del Estado. Tienen alrededor de 87.600 millones, la mitad que los bancos. Los fondos de pensiones y de inversión también suelen comprar bonos, pero con un apetito mucho menor.

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¿Prestaría usted un cuarto de billón al Tesoro español? Pues es lo que necesita para sobrevivir este año

Embargan edificios y cuentas del Reino de España por impagos de Sánchez a las renovables. La sede del Instituto Cervantes en Londres es uno de los activos afectados. Toda una vergüenza que los grandes medios corruptos ocultan al pueblo.

La noticia es una muestra del desastre económico del sanchismo y del verdadero estado de las finanzas del reino de España, endeudado hasta la médula, abrumado por el pago de intereses y al borde de la quiebra, una situación dramática que Sánchez y sus seguidores ocultan al pueblo con la ayuda de los medios de comunicación corruptos.

Los partidos políticos que han gobernado España se atribuyen el mérito de haber modernizado y desarrollado el país gracias a su gestión del poder, pero se trata de otra gran mentira porque esa modernización sólo es fruto de haber endeudado a España hasta alcanzar la cifra descomunal de 1.48 billones de euros, una cantidad aterradora, casi imposible de pagar, que nos precipita en la ruina.

En julio de 2022, la deuda siguió creciendo de manera desbocada y la voracidad de Pedro Sánchez hizo que pasara de 1.475.368 millones a 1.487.003 millones, una cifra de vértigo muy superior al PIB anual.

La actual modernización de España, sus infraestructuras y las muchas obras realizadas no han sido mérito de los partidos políticos que han gobernado, sino únicamente el resultado de endeudarse de manera irresponsable, enloquecida y suicida, comprometiendo e hipotecando la prosperidad de varias generaciones futuras de españoles. Nuestros hijos, nietos y bisnietos nacerán endeudados y lastrados por el despilfarro de la clase política española, irresponsable y corrompida.

Las carreteras, el urbanismo y las inversiones en aeropuertos, trenes y otras infraestructuras sólo han sido posibles por las ayudas europeas recibidas y por el feroz endeudamiento.

Los políticos, aunque se auto atribuyan el mérito de la modernización, no han hecho otra cosa que pedir dinero a los mercados,, hasta convertir a España en uno de los países más endeudados del planeta. La deuda actual de España es espeluznante.

Al morir Franco, España era el país europeo con menos deuda externa, junto con Luxemburgo. Felipe González, al ganar las elecciones de 1982 se encontró con un país virgen en deuda y con todos los bancos mundiales ofreciéndole dinero sin límites.

Los socialistas, de manera irresponsable, tiraron de la chequera y acometieron obras y proyectos como la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, los trenes de alta velocidad y una envidiable red de autopistas, no con el dinero generado por la economía española, sino con el que llegaba en forma de préstamo.

Esa modernización que el PSOE y el PP exhiben como gran mérito de sus respectivos gobiernos, no fueron otra cosa que deuda suicida.

Cuando las cosas se pusieron mal y la economía entró en crisis, los gobiernos, en lugar de recurrir a la austeridad y a recortar el gasto, siguieron pidiendo dinero a los mercados y algunos, sin conciencia ni decencia, como el de Mariano Rajoy, se tragó también la reserva para afrontar las pensiones prudentemente depositada en una enorme hucha.

La voracidad de los políticos ha sido inmensa y se han acostumbrado tanto al dinero abundante y fácil que no saben practicar la austeridad y el ahorro. Además de hipotecar el futuro de España con una deuda inasumible, saquearon las cajas de ahorro y subieron los impuestos hasta convertir a España en uno de los peores infiernos fiscales del mundo.

Se mire por donde se mire, la clase política española ha sido un rotundo fracaso en la etapa democrática, en la que además de endeudar el país lo han llenado de corrupción, han engordado el Estado hasta convertirlo en el mayor de Europa y en el más insostenible, han saturado el país de políticos y de asesores a cargo del Estado, se han atiborrado de privilegios, reparten subvenciones con escaso control y desde la opacidad y han hecho de España un país campeón en marranadas, como la trata de blancas, el paraíso del dinero sucio, el tráfico y consumo de drogas, la prostitución de la democracia, la politización de la Justicia, la marginación de los ciudadanos, la escasez de debate, la compra de voluntades y medios de comunicación con dinero público, el reparto desigual y mafioso desde los recursos públicos, numerosos tics totalitarios y muchos otros vicios y lacras.

Francisco Rubiales

En septiembre cerraremos el tercer trimestre alrededor de 1,578 billones de euros, que se convertirá en la cifra histórica de deuda del Reino de España

El Banco de España acaba de publicar los datos definitivos de la deuda consolidada de acuerdo con el protocolo de déficit excesivo (PDE) que exige la Unión Europea. Adelanté hace muchas semanas que la deuda de agosto alcanzaría los 6.000 millones y no he fallado: han sido 5.919 millones.
Aprovecho para volver a equivocarme muy poco anticipando que la deuda, a cierre de septiembre, crecerá en 15.000 millones. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo: el Tesoro Público ha notificado que se ha endedudado en septiembre en 15.315 millones.

Es posible que de esta deuda se tenga que descontar algo porque la Administración Central se haya endeudado para que no lo haga Cataluña, ya que nadie les presta dinero al considerar su deuda como bonos basura y, por lo tanto, lo tiene que hacer el Estado español, para que posteriormente la deuda se la quede Cataluña y ésta no se contabilice en la Administración Central sino en la deuda de las Comunidades.

En definitiva, que en septiembre cerraremos el tercer trimestre alrededor de 1,578 billones de euros, que se convertirá en la cifra histórica de deuda del Reino de España.

En el año 2022, pasamos de 1,492 billones a 1,504 billones, lo cual supuso una subida de 12.000 millones en el mes de septiembre, con lo cual no es en absoluto anormal que este año, que no hay ningún control sobre la realidad económica, salvo el que ejerce la Sra. Manzanera con puño de hierro, para que los datos se vayan acomodando a los intereses de su jefa, la Sra. Calviño, cada día más necesitada de dar buenas noticias, para comprar votos para su presidencia del Banco Europeo de Inversiones, que entre salarios, dietas y demás beneficios le pueden suponer 30.000 euros netos al mes, libres de impuestos.

Pero veamos exactamente como hemos cerrado agosto de 2023 y vamos a compararlo con la misma fecha del año pasado:

Como podemos ver perfectamente, hay un problema con la Comunidades Autónomas, donde su deuda ha crecido un 3,1% y se ha incrementado en 9.819 millones.

La Seguridad Social lleva ya muchos meses estancada en la cifra actual de 106.172 millones de euros y no parece que vaya a subir mucho su deuda, aunque para que eso no suceda va a necesitar muy cerca de los 45.000 millones de la Administración Central del Estado, para equilibrar sus cuentas, dinero que, como obviamente no se tiene, hay que pedir prestado y afectará a la deuda de esta parte del Estado.

Como podemos ver el problema lo tenemos, y muy serio, en la Administración Central del Estado, que está a punto de rebasar los 1,4 billones de deuda y que en los últimos 12 meses ha necesitado endeudarse en 82.999 millones un 6,3 % más.

Ya el Estado español tiene 1,893 billones de deuda circulando por el mundo que, al consolidar de acuerdo con las exigencias de la UE, del PDE, nos deja una deuda oficial de 1,563 billones que son 70.868 millones más que en agosto de 2022.

Problemas para Hacienda

Si se cumplen mis pronósticos, de que la deuda consolidada se va a 1,578 billones, el problema lo va a tener Hacienda que, oficialmente el día 23 de octubre, con fecha del 29 de septiembre ha mandado a Bruselas, la segunda notificación de que el año va a terminar con 1,578 billones de euros.
Con la pequeña diferencia, de que todavía quedan pendientes de pagar las extras de los empleados públicos y de los pensionistas y que en junio produjeron 25.000 millones de deuda.

Ya sabemos que, en la Moncloa, además de ser una caverna de manipulación mediática, son capaces de retorcer lo que haga falta, aunque hasta ahora ha sido difícil retorcer la deuda, porque además del Tesoro Público hay muchos intervinientes, como el Banco de España adonde llega el dinero antes de transferirse a la banca para los pagos corrientes del Estado.

Así que, a partir de los datos de septiembre, que los conoceremos en el último tercio del mes de noviembre me imagino que empezarán a sonar las alarmas en Bruselas. Si para esa fecha hay gobierno definitivo, seguro, que habrá excusas y compromisos de arreglarlo y si hay elecciones anticipadas los problemas serán para el que las gane, pero dejarán de ser un problema a corto plazo.

Lo miremos por donde lo miremos, en septiembre nuestra deuda será la mayor de la historia de nuestro país y estaremos a punto de que este gobierno haya necesitado endeudarse en sus 5 años de gobierno en 400.000 millones de euros, superando a Zapatero, que nos endeudó en 360.000 millones y quedándose a 40.000 de superar a Rajoy que nos endeudó en 440.000 millones. Eso sí, convirtiéndose sin duda alguna en el campeón del dispendio, 190.000 millones de incremento de gasto en 5 años.

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El Instituto de Juan de Mariana alerta: su deuda se ha quintuplicado y su déficit real ronda los 45.000 millones.

En un contundente informe publicado hoy, el Instituto Juan de Mariana (IJM) revela las alarmantes cifras que sitúan a la Seguridad Social española en una posición muy delicada, con el mayor déficit de caja de toda la Unión Europea. El análisis detallado del IJM expone la escalofriante realidad: la deuda de la Seguridad Social ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, multiplicándose por cinco y superando los 100.000 millones de euros, desde menos de 20.000 millones.



Lo más inquietante de esta situación radica en el profundo déficit que enfrenta la caja de las pensiones, generado por un aumento desmesurado de los gastos, incapaces de ser cubiertos por los ingresos por cotizaciones sociales y los altos niveles de ocupación. Internacionalmente, España ostenta el dudoso honor de tener el déficit más elevado de la Unión Europea en lo que respecta al sistema de Seguridad Social.

El informe pone de manifiesto que, en España, los ingresos apenas cubren 355 días de gasto, evidenciando que cerca del 3% de los desembolsos se realizan a través del déficit y el subsiguiente endeudamiento. En comparación, los sistemas de Seguridad Social de otros países de la UE cubren en promedio un 101,3% de su gasto en pensiones, con 18 países disfrutando de superávit.



La insostenibilidad a largo plazo del sistema salta a la vista, especialmente con el agotamiento de los fondos de reserva de la Seguridad Social, conocida como la "hucha de las pensiones". La cobertura del déficit mediante transferencias de los Presupuestos Generales del Estado crea una distorsión en la percepción de la salud financiera del sistema, al enmascarar el déficit con inyecciones de fondos adicionales.

El modelo actual, que recoge ingresos por cotizaciones y transferencias fiscales para cubrir las pensiones, coloca a los trabajadores en activo en una posición de doble carga, pagando tanto las cotizaciones como los impuestos corrientes. Esto ejerce una presión adicional sobre las finanzas públicas, desviando recursos que podrían destinarse a rebajas impositivas pro-crecimiento o mejorar la financiación de programas de inversión y gasto.

El informe concluye con la urgente necesidad de abordar de manera efectiva y sostenible este problema, destacando la importancia de implementar reformas significativas. Además, se revela que, bajo el actual modelo, la Seguridad Social cubre el 96,5% de sus gastos, pero registra un déficit equivalente al 3,5% de sus desembolsos, llevando el Día de la Deuda del sistema de pensiones al 19 de diciembre de 2023.

La sorpresa llega cuando se corrigen las distorsiones causadas por las transferencias presupuestarias, reduciendo el déficit del gobierno central de 20.484 millones de euros pero aumentando el déficit de la caja de las pensiones hasta los 45.922 millones. Esto retrasaría el Día de la Deuda del gobierno central al 26 de noviembre, mientras que el de la Seguridad Social se adelantaría al 10 de octubre. Examinando solo la parte contributiva del sistema, el Día de la Deuda llegaría incluso antes, el 28 de septiembre.

El informe concluye con una impactante afirmación: pagar las pensiones exclusivamente con los ingresos del sistema exigiría una reducción de 57 euros mensuales en los pagos a los jubilados, un claro indicador del desajuste que se ha desarrollado en la Seguridad Social española. La necesidad de reformas se presenta más evidente que nunca, ya que el sistema enfrenta un abismo financiero que amenaza las pensiones de los ciudadanos.

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La Comisión Europea apunta al elevado nivel de la deuda en España y su tendencia creciente a medio plazo si no hay cambios en la política fiscal

El riesgo de que la deuda pública de España se vuelva insostenible a medio plazo es alto. Lo dice la Comisión Europea en su último informe sobre Sostenibilidad Fiscal, un nuevo varapalo para el Gobierno que se suma al de la OCDE. Bruselas, que espera recibir la hoja de ruta planteada en nuestro país en septiembre, anticipa así la necesidad de llevar a cabo fuertes ajustes a partir de 2025, cuando volverán a reactivarse las reglas fiscales.

La Comisión Europea lleva años alertando del elevado riesgo de la deuda pública en España, y pese al optimismo del Gobierno, su visión no ha cambiado. En su último informe considera que, en base a la dinámica de la deuda en el escenario base y sin cambios en la política fiscal, nueve Estados miembros "corren un alto riesgo de sostenibilidad fiscal a medio plazo", entre los que está España.

También Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia despiertan preocupación en Bruselas. El motivo de España, Bélgica, Francia e Italia son los "actualmente elevados" ratios de deuda, que además la Comisión prevé que aumenten a medio plazo. "Las necesidades de financiación proyectadas sugieren que los países con los ratios de deuda más altos están más expuestos a posibles desafíos de liquidez", apunta.

Además del informe general, la Comisión ha publicado otro en profundidad sobre España, en el que alerta de que es "necesario" un "esfuerzo adicional" de consolidación para que España alcance una "posición presupuestaria saneada" y garantice una reducción "significativa" de sus altos niveles de deuda pública y déficit estructural. De hecho, considera que la política llevada a cabo en los últimos años ha sido "limitada".

En España el Gobierno ha destacado el descenso de 17,6 puntos en la ratio de deuda sobre PIB desde el máximo de la pandemia, cerrando el 2023 en el 107,7%, pero esto se debió fundamentalmente a la fuerte inflación y el intenso crecimiento del PIB. De hecho, el análisis del Ejecutivo comunitario proyecta una tendencia alcista en los próximos años si no se toman medidas.

Sin medidas adicionales, la ratio de deuda pública bajará este año al 106,5%, pero volverá a crecer hasta aproximarse al 109% a finales de esta década, alcanzando 118% en 2034, año hasta el que llega su proyección. Bruselas considera que la deuda pública de los países debe situarse por debajo del 60% y antes de la pandemia la española se localizaba en el 98,2%. En 2010 fue la última vez que se situó por debajo del 60%.

Evolución de la deuda pública en relación con el PIB

El coste de las pensiones en España

El principal factor que presionará al alza la deuda ya en el largo plazo, tal y como apunta la Comisión Europea en su informe, son las pensiones. El envejecimiento de la población, con un incremento del número de pensionistas, que además acceden con pensiones más elevadas, ha llevado a Bruselas a revisar el nivel de riesgo fiscal de España en casi cinco puntos al alza en uno de sus indicadores de largo plazo.

Los datos publicados por el Banco de España (BdE) reflejan un incremento de la deuda de la Seguridad Social del 182% en los últimos cinco años. El año pasado por estas fechas ya rompió la barrera de los 100.000 millones y actualmente acumula más de 116.000 millones de euros, récord histórico.

Fue el pasado mes de noviembre cuando esa cifra registró un gran salto, del 9%, desde los 106.000 millones de euros en los que se había mantenido todo el año, por el préstamo de 10.000 millones que necesitó del Estado para pagar la nómina 'extra' de las pensiones a finales de año. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como 'la hucha de las pensiones') lleva años sin dinero suficiente para cumplir con estas obligaciones.

La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones de euros, durante décadas. Sin embargo, en 2017 se encontró sin dinero suficiente para pagar la 'extra' de verano a los pensionistas y recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.

Según la Comisión Europea, 14 Estados miembros presentan riesgos generales de sostenibilidad fiscal a largo plazo (Bulgaria, Chequia, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Lituania, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia), debido principalmente al aumento previsto de los costes de envejecimiento.

Bruselas espera un plan fiscal con ajustes

Dentro de sólo seis meses España tendrá que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirá en los próximos años, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2025. La maquinaria de las nuevas reglas fiscales entrará en funcionamiento en 2025 y se mantendrá activa durante toda la legislatura, debiendo garantizar el Ejecutivo ajustes de entre el 0,4% y el 0,6% del PIB anuales.

Estos ajustes se podrán situar en la parte baja de la horquilla (0,4%) y alargar a siete años (hasta 2031) si se avala que hay reformas e inversiones en marcha, pero en todo caso en España rondarán los 8.000 millones de euros anuales. Distintos servicios de estudios han advertido de que esto enfriará la economía, que ha mantenido un crecimiento sorprendentemente fuerte en los últimos años, reduciendo automáticamente la ratio deuda/PIB.

En todo caso, el endeudamiento bruto no ha dejado de crecer. En el caso de España, la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se elevó en 72.000 millones en 2023, cerrando el año en los 1,574 billones de euros. El ritmo de crecimiento anual es del 4,8%, frente al 1,2% de 2019. Y desde que Pedro Sánchez es presidente el volumen de deuda ha aumentado en 380.000 millones de euros.

Evolución de la deuda pública

A esto se suman ahora las consecuencias del endurecimiento de las condiciones monetarias desde 2022. En 2023 el Tesoro ya pagó 4.600 millones de euros más sólo en intereses de la deuda pública. La subida de los tipos y el abultado volumen de deuda desbordó las previsiones del Gobierno en esta partida, que supone el segundo gasto más importe de los Presupuestos sólo por detrás de las pensiones.

Bruselas calcula que las necesidades brutas de financiación del sector público en España se situarán en los próximos años muy cerca del 20% del PIB y superarán ese nivel a finales de esta década. De hecho, según sus economistas, nuestro país estará entre los Estados miembros con mayor necesidad bruta de financiación sobre PIB, junto a Italia, Francia y Bélgica. La Comisión sitúa el umbral crítico, de "posible tensión fiscal", en el 16%.

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El Tesoro Público cubre ya el 80% de la financiación neta prevista para todo 2024. El banco central dejará de recomprar parte de los bonos que venzan a partir de julio.

El Gobierno tiene prisa para endeudarse. El Tesoro Público ha emitido 44.200 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone que cubre ya el 80% de la financiación neta prevista para todo el ejercicio. Se quiere anticipar así a la retirada del Banco Central Europeo (BCE), que empezará a recortar las compras de deuda pública que inició en la pandemia para sostener las primas de riesgo de los países periféricos.

Como parte de su cruzada contra la inflación, el Eurobanco comenzará a partir de julio a reducir su plan antipandémico, conocido como Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP por sus siglas en inglés). Dejará de recomprar deuda a un ritmo de 7.500 millones de euros al mes de media, para poner fin a las reinversiones en los bonos públicos a final de 2024.

Con este telón de fondo, el Tesoro ha pisado el acelerador en la emisión de deuda, como coinciden algunos expertos consultados. Se estima que el BCE se desprenderá de más de 30.000 millones de deuda pública española a lo largo de 2024.


"El Estado pagó durante 2023 el tipo más elevado desde 2011 tras el ciclo histórico de subidas del precio oficial del dinero. Se espera que se rebaje el precio a medida que el BCE inicie la senda de las rebajas de tipos

Ante la retirada del banco central y con los tipos de interés en máximos de más de 20 años, el Gobierno se marcó una estrategia prudente ante un entorno “complejo” y con tipos más elevados que en el pasado, como reconoció el Tesoro. Sin ir más lejos, el Gobierno recortó en 10.000 millones de euros la emisión neta prevista para este ejercicio, hasta los 55.000 millones, como medida de contención de los costes.

Precios a la baja, pero altos

En pleno ciclo histórico de las subidas del precio del dinero, el tipo medio de financiación de las nuevas operaciones del Tesoro Público se disparó desde el 1,35% en 2022 al 3,44% en 2023. Lejos queda ya el interés negativo (del -0,04%) al que el Estado se endeudaba en 2021.

"Las rebajas de los tipos de interés no serán ni tan rápidas ni tan intensas", advierte Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter

Pero el salto del coste de la nueva emisión de deuda también se sitúa por encima de lo que se pagaba tras el rescate de 2012. Desde ese momento, el tipo medio no superó el 3%. En los tres primeros meses del año, según los registros oficiales del Tesoro, el Estado se endeuda a un coste del 3,26%, inferior al tipo que pagó en 2023. Pero no está claro si conseguirá mantener este ritmo por las dudas sobre la prevista rebaja de tipos.

¿Se mantendrán las reducciones de tipos?

“Las rebajas de tipos no serán ni tan rápidas ni tan intensas”, advirtió la semana pasada Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter. Las tensiones geopolíticas están provocando dudas sobre el plan del BCE para aplicar el primer recorte del precio del dinero desde 2016. En la última subasta de letras a tres y nueves meses, el Tesoro redujo el interés que pagó por colocar 2.050 millones de euros, pero menos de lo previsto.

"El BCE se mantiene como el gran tenedor de deuda pública, con casi 400.000 millones en su manos. Aunque el banco central está reduciendo paulatinamente los bonos y letras dentro de su plan para reducir su balance

Los inversores, al igual que los banqueros, tienen dudas de cuál será el guión del Eurobanco más allá de junio. Se descuenta que la rebaja llegará antes del verano, pero no está claro si se mantendrán en el resto de reuniones de política monetaria de 2024.

El banco central se mantiene todavía como el gran tenedor de deuda pública. Conserva en sus manos 396.099 millones de euros a enero, según los últimos datos disponibles. Supone casi el 30% del total pese a caer por debajo de la barrera psicológica de los 400.000 millones por primera vez desde 2021. Los bancos españoles no terminan de dar el sorpasso al BCE y aglutinan unos 168.000 millones, casi el 13% del total.

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La deuda de las Administraciones Públicas, que superó la barrera del billón y medio en septiembre de 2022, se situó ya en febrero de este año en los 1,603 billones

La deuda de las administraciones públicas superó los 1,6 billones de euros por primera vez en la historia el pasado mes de febrero, según los datos difundidos este lunes por el Banco de España (BdE). Justo un año y medio después de que se sobrepasara la barrera del billón y medio, en septiembre de 2022. En concreto, con los datos de avance disponibles, la deuda pública ascendió a 1.602.662 millones de euros en febrero de 2024, con una tasa de crecimiento del 5,4% en términos interanuales.

El saldo de la deuda del Estado se elevó en febrero a 1,442 billones, también récord histórico, con un incremento interanual del 6,9%. En las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 39.000 millones, lo que representa una disminución del 8,3% respecto al dato del año anterior.

La deuda de la Seguridad Social se mantuvo relativamente estable situándose en los 116.000 millones, un 9,4% más que un año antes. Ya creció con fuerza a finales del 2022, cuando superó la barrera de los 100.000 millones. A finales del año pasado, con la paga extraordinaria, sufrió otro repunte, hasta los 116.000 millones actuales. El BdE explica que este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas creció hasta los 328.000 millones en marzo de 2023, con una variación interanual del 3,2%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 23.000 millones en este mes, lo que supone un 0,7% más que el saldo registrado en marzo de 2022.

El riesgo de que la deuda pública de España se vuelva insostenible a medio plazo es alto. Lo dice la Comisión Europea en su último informe sobre Sostenibilidad Fiscal, un nuevo varapalo para el Gobierno que se suma al de la OCDE. Bruselas, que espera recibir la hoja de ruta planteada en nuestro país en septiembre, anticipa así la necesidad de llevar a cabo fuertes ajustes a partir de 2025, cuando volverán a reactivarse las reglas fiscales.

España tiene mayores niveles de deuda pública y déficit público que antes de la pandemia. Las administraciones públicas cerraron el 2023 con un endeudamiento del 107,7% del PIB, 9,5 puntos más que en 2019, cuando la ratio ya se situaba en el 98,2%. De esta forma, si se tiene en cuenta el objetivo de deuda pública del 60% que marcan las reglas fiscales, España lleva 13 años incumpliéndolo. A cierre de 2023, pese a la mejora manifestada por el Gobierno, estaba 48 puntos por encima de ese objetivo.

Dentro de sólo seis meses España tendrá que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirá en los próximos años, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2025. El Ejecutivo debería garantizar ajustes del 0,6% del PIB anual durante el periodo 2025-2028, pero se podrían reducir al 0,4% y extender hasta el 2031 si se justifica que hay reformas e inversiones en marcha que apoyan el crecimiento y la sostenibilidad.