El Tribunal de Cuentas detecta abusos en la atención sanitaria a los extranjeros
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La deuda de la Seguridad Social ya roza los 50.000 millones, tras subir un 70% el último año
Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones.
La deuda de las administraciones de la Seguridad Social cerró el mes de mayo en 46.821 millones de euros, cifra un 71% superior a la existente al finalizar 2017 y un 13,6% por encima de la que se registraba al arrancar el presente año (41.194 millones de euros), según datos del Banco de España recogidos por Europa Press. Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones supera actualmente los 9.600 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.
El endeudamiento de la Seguridad Social se mantuvo más o menos estable en el entorno de los 17.173 millones de euros hasta el tercer trimestre de 2017, cuando empezó a repuntar debido al préstamo del Estado, por valor de algo más de 10.000 millones, que se concedió en dicho ejercicio para el pago de las pensiones. Así, finalizado el ejercicio 2017, la deuda de la Seguridad Social era de 27.393 millones de euros, unos 10.200 millones de euros superior a la que tenía al finalizar 2016.
Durante los cinco primeros meses de 2018 la deuda de la Seguridad Social se mantuvo cerca de los 27.400 millones de euros, pero al llegar el mes de junio repuntó hasta los 34.888 millones de euros al liberarse la mitad de los casi 15.200 millones del préstamo que el Estado concedió a la Seguridad Social en aquel ejercicio. La otra mitad del préstamo de 2018 se liberó el pasado mes de noviembre, lo que elevó la deuda del sistema hasta los 41.194 millones de euros al finalizar 2018.
En lo que respecta a este año, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones. En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que alcanza actualmente los 19.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al sistema.
Del total del dinero prestado, la Seguridad Social empleó 7.500 millones de euros para abonar la nómina ordinaria y extraordinaria del pasado mes de junio, lo que tendrá su reflejo en los datos del Banco de España sobre la deuda del sistema cuando proceda a actualizarlos. Los 6.330 millones de euros restantes del préstamo concedido para este año se utilizarán para abonar las pagas ordinaria y extraordinaria en el mes de noviembre. De este modo, al finalizar el ejercicio 2019, la deuda de la Seguridad Social superará en conjunto los 55.000 millones de euros.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, afirmó hace unos días que en España "no hay un elevado gasto en pensiones" y que, por tanto, el sistema público de pensiones "no tiene un problema de gasto excesivo", sino que "tiene un problema de déficit de ingresos".
"Por ahora, no hay más remedio que seguir tirando de préstamos (...). Fundamentalmente, el problema que tenemos es el tema de las extras (en referencia a las pagas extraordinarias de verano e invierno), pero no es un gasto excesivo", apuntó la ministra. El gasto en estas prestaciones en España supone "en torno al 12% de PIB", un nivel "por debajo de la media europea" y de países del entorno español como Portugal, Francia o Italia, según la ministra.
La ministra denunció que "el Gobierno anterior dejó sin resolver" este "problema" de falta de ingresos porque tiró del Fondo de Reserva de las pensiones, en el que ahora sólo quedan algo más de 5.000 millones de euros. La buena marcha de los ingresos por cotizaciones no hizo necesario disponer dinero del Fondo de Reserva para pagar la nómina extraordinaria de junio y se utilizó parte del préstamo. En Trabajo se confía en no tener que recurrir a la hucha cuando llegue noviembre, pero la ministra, en alguna ocasión, no lo ha descartado. LD.
La deuda de las administraciones de la Seguridad Social cerró el mes de mayo en 46.821 millones de euros, cifra un 71% superior a la existente al finalizar 2017 y un 13,6% por encima de la que se registraba al arrancar el presente año (41.194 millones de euros), según datos del Banco de España recogidos por Europa Press. Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones supera actualmente los 9.600 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.
El endeudamiento de la Seguridad Social se mantuvo más o menos estable en el entorno de los 17.173 millones de euros hasta el tercer trimestre de 2017, cuando empezó a repuntar debido al préstamo del Estado, por valor de algo más de 10.000 millones, que se concedió en dicho ejercicio para el pago de las pensiones. Así, finalizado el ejercicio 2017, la deuda de la Seguridad Social era de 27.393 millones de euros, unos 10.200 millones de euros superior a la que tenía al finalizar 2016.
Durante los cinco primeros meses de 2018 la deuda de la Seguridad Social se mantuvo cerca de los 27.400 millones de euros, pero al llegar el mes de junio repuntó hasta los 34.888 millones de euros al liberarse la mitad de los casi 15.200 millones del préstamo que el Estado concedió a la Seguridad Social en aquel ejercicio. La otra mitad del préstamo de 2018 se liberó el pasado mes de noviembre, lo que elevó la deuda del sistema hasta los 41.194 millones de euros al finalizar 2018.
La deuda superará los 55.000 millones
En lo que respecta a este año, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones. En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que alcanza actualmente los 19.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al sistema.
Del total del dinero prestado, la Seguridad Social empleó 7.500 millones de euros para abonar la nómina ordinaria y extraordinaria del pasado mes de junio, lo que tendrá su reflejo en los datos del Banco de España sobre la deuda del sistema cuando proceda a actualizarlos. Los 6.330 millones de euros restantes del préstamo concedido para este año se utilizarán para abonar las pagas ordinaria y extraordinaria en el mes de noviembre. De este modo, al finalizar el ejercicio 2019, la deuda de la Seguridad Social superará en conjunto los 55.000 millones de euros.
"No hay un gasto excesivo"
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, afirmó hace unos días que en España "no hay un elevado gasto en pensiones" y que, por tanto, el sistema público de pensiones "no tiene un problema de gasto excesivo", sino que "tiene un problema de déficit de ingresos".
"Por ahora, no hay más remedio que seguir tirando de préstamos (...). Fundamentalmente, el problema que tenemos es el tema de las extras (en referencia a las pagas extraordinarias de verano e invierno), pero no es un gasto excesivo", apuntó la ministra. El gasto en estas prestaciones en España supone "en torno al 12% de PIB", un nivel "por debajo de la media europea" y de países del entorno español como Portugal, Francia o Italia, según la ministra.
La ministra denunció que "el Gobierno anterior dejó sin resolver" este "problema" de falta de ingresos porque tiró del Fondo de Reserva de las pensiones, en el que ahora sólo quedan algo más de 5.000 millones de euros. La buena marcha de los ingresos por cotizaciones no hizo necesario disponer dinero del Fondo de Reserva para pagar la nómina extraordinaria de junio y se utilizó parte del préstamo. En Trabajo se confía en no tener que recurrir a la hucha cuando llegue noviembre, pero la ministra, en alguna ocasión, no lo ha descartado. LD.
Sandro- Cybernauta-Premium
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El taco de recetas de un marroquí que nunca ha cotizado en la Seguridad Social
Los Servicios Sociales siguen empeñados en dar ayudas a los marroquíes pese a la quiebra de la Seguridad Social
Las pruebas hablan por sí solas. Sin cotizar nunca en la Seguridad Social, un marroquí puede disfrutar de un taco de recetas para él y para toda su familia, a quien, sin trabajar, no les falta de nada. Este es uno de los "agujeritos por donde se escapa la pasta", según muchos usuarios de las redes sociales, que denuncian a diario injusticias como ésta.
El vídeo ya se ha hecho viral y se puede comprobar perfectamente cual es la situación, los progres no pueden argumentar que son fake news ya que el taco de recetas está ahí:
Los políticos no se cansan de decir que el sistema de Seguridad Social no pasa por un buen momento debido a la falta de ingresos. Pese a ello no hacen nada para tapar los agujeros por donde se escapan estos ingresos generados por los trabajadores españoles.
Clica para ver vídeo.
Las pruebas hablan por sí solas. Sin cotizar nunca en la Seguridad Social, un marroquí puede disfrutar de un taco de recetas para él y para toda su familia, a quien, sin trabajar, no les falta de nada. Este es uno de los "agujeritos por donde se escapa la pasta", según muchos usuarios de las redes sociales, que denuncian a diario injusticias como ésta.
El vídeo ya se ha hecho viral y se puede comprobar perfectamente cual es la situación, los progres no pueden argumentar que son fake news ya que el taco de recetas está ahí:
Los políticos no se cansan de decir que el sistema de Seguridad Social no pasa por un buen momento debido a la falta de ingresos. Pese a ello no hacen nada para tapar los agujeros por donde se escapan estos ingresos generados por los trabajadores españoles.
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Infornauta- Cybernauta VIP
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Sanidad atiende ya a más de 10.000 extranjeros en situación irregular
Estas personas acudieron casi dos veces de media a urgencias (1,9 veces), mientras que fueron más de cinco (5,07) a una consulta con el especialista
La Consejería de Sanidad atiende ya a unos 10.000 extranjeros con situación irregular, cifra que no ha parado de crecer en el último año. En concreto, a un ritmo del 19,2 por ciento, al pasar de los 8.646 de octubre de 2018, a los 10.314 con que se cerró la cifra en septiembre de este año. El hecho de que la comunidad apostara en 2012 por mantener la sanidad universal ha ido incrementado las cifras, que se han visto engrosadas a partir del decreto ley aprobado en junio de 2018, por el que se recuperó la sanidad universal y que obligó a todas las autonomías a prestar atención sanitaria y gratuita a todos los inmigrantes sin papeles. Pese a que en ningún momento la comunidad aplicó la exclusión sanitaria aprobada por el gobierno de Rajoy en 2012, a raíz de la norma del Gobierno socialista las cifras se han disparado.
Estos datos se corresponden con las atenciones prestadas tanto en Atención Primaria, como en Consultas Externas y Urgencias hospitalarias, pero también con las solicitudes de información y las situaciones en las que estas personas han tenido algún contacto con la Administración. En el último año, hubo 2.071 personas que fueron atendidas, lo que generó 4.669 asistencias prestadas en las consultas de Medicina de Familia.
Mientras, los servicios de urgencias atendieron a 1.409 pacientes, lo que derivó en 2.742 consultas, y en las consultas externas de los hospitales los especialistas asistieron a 2.252 pacientes, con 11.426 consultas. Estas cifras indican que las personas extranjeras en situación irregular acudieron casi dos veces de media a urgencias (1,9 veces), mientras que fueron más de cinco (5,07) a una consulta con el especialista.
Por centros, donde hubo mayor actividad fue en los hospitales de las grandes capitales. Así, el Complejo Asistencial de Burgos atendió a 539 pacientes en sus consultas externas, con 2.731 visitas, mientras que los centros de Valladolid - Hospital Universitario Río Hortega y Clínico Universitario- sumaron 395 pacientes, con 2.043 consultas. El tercero por volumen de activad fue el Complejo Hospitalario de Segovia, con 320 pacientes atendidos y 1.570 consultas. Por el contrario, donde menos consultas externas se registraron fue en la provincia de Zamora, con 357 visitas de 83 pacientes.
En cuanto a los servicios de urgencias, de nuevo el Hospital de Burgos fue al que recurrieron en mayor medida los inmigrantes sin papeles, con 315 en 659 casos. Mientras, en Valladolid capital acudieron 264 en 517 ocasiones. La provincia que atendió menos urgencias de personas inmigrantes irregulares fue Soria, con 47 que acudieron en 82 casos-.
El derecho de todos los ciudadanos para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que promulga la Ley General de Sanidad, garantiza la prestación de la asistencia sanitaria a cualquier persona que lo solicite sin comprobación previa de su situación administrativa o de aseguramiento, debiendo realizarse la citada comprobación como un trámite posterior a la atención sanitaria.
Una vez prestada la atención, la única información de la que se dispone en los centros sanitarios, además de la información clínica del paciente, es la correspondiente a si ese paciente en cuestión ostenta o no la condición de asegurado. El hecho de no ser asegurado conlleva un procedimiento de facturación por la atención prestada, común a todas las situaciones de falta de aseguramiento, que no permite recoger la situación de irregularidad. Link
La Consejería de Sanidad atiende ya a unos 10.000 extranjeros con situación irregular, cifra que no ha parado de crecer en el último año. En concreto, a un ritmo del 19,2 por ciento, al pasar de los 8.646 de octubre de 2018, a los 10.314 con que se cerró la cifra en septiembre de este año. El hecho de que la comunidad apostara en 2012 por mantener la sanidad universal ha ido incrementado las cifras, que se han visto engrosadas a partir del decreto ley aprobado en junio de 2018, por el que se recuperó la sanidad universal y que obligó a todas las autonomías a prestar atención sanitaria y gratuita a todos los inmigrantes sin papeles. Pese a que en ningún momento la comunidad aplicó la exclusión sanitaria aprobada por el gobierno de Rajoy en 2012, a raíz de la norma del Gobierno socialista las cifras se han disparado.
Estos datos se corresponden con las atenciones prestadas tanto en Atención Primaria, como en Consultas Externas y Urgencias hospitalarias, pero también con las solicitudes de información y las situaciones en las que estas personas han tenido algún contacto con la Administración. En el último año, hubo 2.071 personas que fueron atendidas, lo que generó 4.669 asistencias prestadas en las consultas de Medicina de Familia.
Mientras, los servicios de urgencias atendieron a 1.409 pacientes, lo que derivó en 2.742 consultas, y en las consultas externas de los hospitales los especialistas asistieron a 2.252 pacientes, con 11.426 consultas. Estas cifras indican que las personas extranjeras en situación irregular acudieron casi dos veces de media a urgencias (1,9 veces), mientras que fueron más de cinco (5,07) a una consulta con el especialista.
Por centros, donde hubo mayor actividad fue en los hospitales de las grandes capitales. Así, el Complejo Asistencial de Burgos atendió a 539 pacientes en sus consultas externas, con 2.731 visitas, mientras que los centros de Valladolid - Hospital Universitario Río Hortega y Clínico Universitario- sumaron 395 pacientes, con 2.043 consultas. El tercero por volumen de activad fue el Complejo Hospitalario de Segovia, con 320 pacientes atendidos y 1.570 consultas. Por el contrario, donde menos consultas externas se registraron fue en la provincia de Zamora, con 357 visitas de 83 pacientes.
En cuanto a los servicios de urgencias, de nuevo el Hospital de Burgos fue al que recurrieron en mayor medida los inmigrantes sin papeles, con 315 en 659 casos. Mientras, en Valladolid capital acudieron 264 en 517 ocasiones. La provincia que atendió menos urgencias de personas inmigrantes irregulares fue Soria, con 47 que acudieron en 82 casos-.
Un derecho
La normativa aprobada en el año 2012 a nivel estatal supuso la exclusión del acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros que hasta entonces disponían de la misma pero que se encontraban en situación irregular, al tiempo que mantenía el acceso de parte de ellos, como los menores, las embarazadas, y las situaciones de urgencia. A pesar de ello, la Consejería de Sanidad tomó la decisión de no dar de baja a las personas que habían perdido el derecho y seguir proporcionando cobertura sanitaria a este colectivo. Incluso continuó registrando, por motivos humanitarios, nuevas altas de extranjeros en situación irregular que requerían atención sanitaria.El derecho de todos los ciudadanos para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que promulga la Ley General de Sanidad, garantiza la prestación de la asistencia sanitaria a cualquier persona que lo solicite sin comprobación previa de su situación administrativa o de aseguramiento, debiendo realizarse la citada comprobación como un trámite posterior a la atención sanitaria.
Una vez prestada la atención, la única información de la que se dispone en los centros sanitarios, además de la información clínica del paciente, es la correspondiente a si ese paciente en cuestión ostenta o no la condición de asegurado. El hecho de no ser asegurado conlleva un procedimiento de facturación por la atención prestada, común a todas las situaciones de falta de aseguramiento, que no permite recoger la situación de irregularidad. Link
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Pensiones: el mito de que los subsaharianos que llegan en patera o saltan la valla van a pagar las jubilaciones de los españoles
Se puede ser de izquierdas o de derechas, progre o carca, pero lo que no es de recibo -al menos en política y periodismo- es ser tonto y no hay tonto más grande que el que se engaña a si mismo.
Viene esto a cuento del esa frase, que se escucha como un mantra en los telediarios cada vez que pasan dramáticas escenas de subsaharianos saltando a lo bestia la valla de Melilla o llegando depauperados en patera a alguna playa. Y lo que aseguran, con vehemencia y emoción, los atocinados que repiten el mantra es que esos inmigrantes pagarán en el futuro las pensiones de los cada día más envejecidos españoles.
Vale. Como país, podemos abrir de nuevo las fronteras de par en par a los inmigrantes, tal como hizo Zapatero, y nos sentiremos más bondadosos y generosos cuando nos miremos por las mañanas en el espejo del cuarto de baño.
Pero esos nuevos inmigrantes, como ya ocurre con los que les precedieron, no van a pagar nuestras pensiones.
Y no las van a pagar por la muy sencilla y palmaria razón de que no van a poder producir lo suficiente como disponer de la capacidad efectiva de pagarlas.
España, en el mejor y más infrecuente de los casos, importa mileuristas de los países subdesarrollados.
Y un mileurista no puede pagar la pensión de nadie con sus cotizaciones porque ni siquiera puede pagar la suya propia.
Un mileurista es alguien que aporta a la Seguridad Social unos 136.000 euros a lo largo de toda su vida laboral y que, una vez jubilado -a los 65 años-, recibirá de ella unos 220.000 euros antes de morir pasados los 80, que es lo que predicen las estadísticas.
¿Y esa es la solución que el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene prevista para resolver el problema de las pensiones en España?
¿Importar a millones de mileuristas del mundo subdesarrollado.
LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tras los superávits de los años 1999-2010 -que hicieron que el Fondo de Reserva llegara a superar ligeramente el 6% del PIB a principios de 2011-, entraron en déficit a partir de 2011 y en 2015 el déficit anual alcanzó ya el 1,5% del PIB.
– Esa evolución se ha debido esencialmente a un aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB: mientras que los ingresos por cotizaciones se han mantenido estables en torno al 9,5% del PIB, el gasto en pensiones contributivas ha crecido en algo más de 3 puntos desde 2008 y alcanzó el 10,7% del PIB en 2015.
En ese deterioro han influido, por partes iguales, la desfavorable evolución de los tres factores:
«Tasa de dependencia» (= número de pensionistas/población en edad de trabajar).
Ese porcentaje depende, además de la edad de jubilación, de la evolución demográfica, relacionada, entre otros factores, con la esperanza de vida. En la actualidad, los mayores de 67 años representan el 16% de la población total; y la esperanza de vida a los 67 años es de unos 19 años. Según las proyecciones del INE, en 2060 esas cifras serán el 33% y 25 años, respectivamente. Este factor, por sí solo, producirá un significativo aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB.
2. Inversa de la «tasa de empleo», es decir el cociente entre la población en edad de trabajar y la población ocupada.
En la actualidad tiene empleo el 56% de la población en edad de trabajar (su máximo histórico fue del 65%, en 2007, gracias al descenso de la tasa de desempleo y al aumento de la tasa de participación), lo que hace que la inversa de la tasa de empleo tome el elevado valor 1,78. Para alcanzar una tasa de empleo sostenida del 80% (cuyo inversa resultaría 1,25), la tasa de desempleo debiera mantenerse en el 7,5% y la de participación (es decir, la de población activa de personas entre 16 y 67 años), subir 5 puntos. Esa tasa de empleo del 80% se antoja optimista, entre otras cosas porque el aumento histórico en la tasa de participación fue fruto del aumento de la de las mujeres, que ha convergido ya con la de los hombres. Aun así, ese aumento de la tasa de empleo al 80% solo compensaría el 60% del aumento de gasto derivado de la evolución demográfica.
3. «Tasa de sustitución» (=pensión media/salario medio) ponderada por el peso de la masa salarial en el PIB. En la actualidad, la tasa de sustitución (sin ponderar) es del 44%. Este tercer factor puede también concebirse como la proporción entre la pensión media y la productividad media de los ocupados, y mide el grado de «generosidad» del sistema de pensiones. Un aumento de la productividad media de los ocupados puede permitir que la tasa de sustitución se reduzca sin que las pensiones bajen en términos absolutos (aunque aumente la diferencia entre la pensión media y el salario medio en la economía). link
Viene esto a cuento del esa frase, que se escucha como un mantra en los telediarios cada vez que pasan dramáticas escenas de subsaharianos saltando a lo bestia la valla de Melilla o llegando depauperados en patera a alguna playa. Y lo que aseguran, con vehemencia y emoción, los atocinados que repiten el mantra es que esos inmigrantes pagarán en el futuro las pensiones de los cada día más envejecidos españoles.
Vale. Como país, podemos abrir de nuevo las fronteras de par en par a los inmigrantes, tal como hizo Zapatero, y nos sentiremos más bondadosos y generosos cuando nos miremos por las mañanas en el espejo del cuarto de baño.
Pero esos nuevos inmigrantes, como ya ocurre con los que les precedieron, no van a pagar nuestras pensiones.
Y no las van a pagar por la muy sencilla y palmaria razón de que no van a poder producir lo suficiente como disponer de la capacidad efectiva de pagarlas.
España, en el mejor y más infrecuente de los casos, importa mileuristas de los países subdesarrollados.
Y un mileurista no puede pagar la pensión de nadie con sus cotizaciones porque ni siquiera puede pagar la suya propia.
Un mileurista es alguien que aporta a la Seguridad Social unos 136.000 euros a lo largo de toda su vida laboral y que, una vez jubilado -a los 65 años-, recibirá de ella unos 220.000 euros antes de morir pasados los 80, que es lo que predicen las estadísticas.
¿Y esa es la solución que el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene prevista para resolver el problema de las pensiones en España?
¿Importar a millones de mileuristas del mundo subdesarrollado.
LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tras los superávits de los años 1999-2010 -que hicieron que el Fondo de Reserva llegara a superar ligeramente el 6% del PIB a principios de 2011-, entraron en déficit a partir de 2011 y en 2015 el déficit anual alcanzó ya el 1,5% del PIB.
– Esa evolución se ha debido esencialmente a un aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB: mientras que los ingresos por cotizaciones se han mantenido estables en torno al 9,5% del PIB, el gasto en pensiones contributivas ha crecido en algo más de 3 puntos desde 2008 y alcanzó el 10,7% del PIB en 2015.
En ese deterioro han influido, por partes iguales, la desfavorable evolución de los tres factores:
«Tasa de dependencia» (= número de pensionistas/población en edad de trabajar).
Ese porcentaje depende, además de la edad de jubilación, de la evolución demográfica, relacionada, entre otros factores, con la esperanza de vida. En la actualidad, los mayores de 67 años representan el 16% de la población total; y la esperanza de vida a los 67 años es de unos 19 años. Según las proyecciones del INE, en 2060 esas cifras serán el 33% y 25 años, respectivamente. Este factor, por sí solo, producirá un significativo aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB.
2. Inversa de la «tasa de empleo», es decir el cociente entre la población en edad de trabajar y la población ocupada.
En la actualidad tiene empleo el 56% de la población en edad de trabajar (su máximo histórico fue del 65%, en 2007, gracias al descenso de la tasa de desempleo y al aumento de la tasa de participación), lo que hace que la inversa de la tasa de empleo tome el elevado valor 1,78. Para alcanzar una tasa de empleo sostenida del 80% (cuyo inversa resultaría 1,25), la tasa de desempleo debiera mantenerse en el 7,5% y la de participación (es decir, la de población activa de personas entre 16 y 67 años), subir 5 puntos. Esa tasa de empleo del 80% se antoja optimista, entre otras cosas porque el aumento histórico en la tasa de participación fue fruto del aumento de la de las mujeres, que ha convergido ya con la de los hombres. Aun así, ese aumento de la tasa de empleo al 80% solo compensaría el 60% del aumento de gasto derivado de la evolución demográfica.
3. «Tasa de sustitución» (=pensión media/salario medio) ponderada por el peso de la masa salarial en el PIB. En la actualidad, la tasa de sustitución (sin ponderar) es del 44%. Este tercer factor puede también concebirse como la proporción entre la pensión media y la productividad media de los ocupados, y mide el grado de «generosidad» del sistema de pensiones. Un aumento de la productividad media de los ocupados puede permitir que la tasa de sustitución se reduzca sin que las pensiones bajen en términos absolutos (aunque aumente la diferencia entre la pensión media y el salario medio en la economía). link
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Casi 1.500 mujeres marroquíes cruzan la frontera a Melilla cada año para parir gratis en hospitales españoles
En la época pre Covid, eran miles de mujeres parturientas que cruzaban la frontera desde Marruecos a Melilla para aprovecharse de la salud gratuita de los centros hospitalarios españoles. El cierre de fronteras ha permitido cuantificar, aproximadamente, cuántas eran. Y, a la vista de los datos, se puede afirmar que eran más de 1.000 mujeres al año quienes se aprovechaban de la salud pública española.
Y es que, con el cierre de fronteras con Marruecos, el número de nacimientos en Melilla se ha reducido a la mitad en 2020 a raíz del cierre de la frontera con Marruecos desde el pasado 13 de marzo por la crisis del Covid-19, y con ello la imposibilidad de pasar a la ciudad española de las «cientos de parturientas que cruzaban a dar a luz en el centro sanitario de forma gratuita».
Según ha informado un portavoz de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, en el año 2020 se produjeron un total 1.196 alumbramientos frente a los 2.476 del año 2019, lo que ha supuesto una reducción del 48,3 por ciento de casos atendidos en la Unidad de Tocoginecología del Hospital Comarcal de Melilla.
Las cifras oficiales señalan que el récord de nacimientos en el centro sanitario melillense se produjo en 2015, cuando se superó por primera vez la cifra de 3.000, concretamente se contabilizaron 3.001, de los que algo más de la mitad eran mujeres marroquíes sin Seguridad Social.
Sin embargo, desde ese año 2015, la cifra ha ido paulatinamente bajando: en 2016 hubo 2.946, en 2017 hubo 2.799, en 2018 fue de 2.564, en 2019 fue de 2.476 y en el año 2020 ha sido de 1.196.
La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla ha informado además de que el primer bebé del año de 2021 en Melilla «se ha hecho de rogar», ya que Safia Mohtar ha nacido a las 13,50 horas del día 1 de enero. La recién nacida de parto natural, de 50 centímetros de talla, ha pesado 3.450 gramos. Tanto la madre como la bebé se encuentran bien.
Por su parte, el último bebé del 2020 nació a las 22,49 horas del 31 de diciembre de 2020, un varón de talla 49 centímetros y de 3.040 gramos. El director territorial del Ingesa, Omar Haouari, en nombre del personal del Área Sanitaria, ha dado la enhorabuena a las familias.
Fuente
Y es que, con el cierre de fronteras con Marruecos, el número de nacimientos en Melilla se ha reducido a la mitad en 2020 a raíz del cierre de la frontera con Marruecos desde el pasado 13 de marzo por la crisis del Covid-19, y con ello la imposibilidad de pasar a la ciudad española de las «cientos de parturientas que cruzaban a dar a luz en el centro sanitario de forma gratuita».
Según ha informado un portavoz de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, en el año 2020 se produjeron un total 1.196 alumbramientos frente a los 2.476 del año 2019, lo que ha supuesto una reducción del 48,3 por ciento de casos atendidos en la Unidad de Tocoginecología del Hospital Comarcal de Melilla.
Las cifras oficiales señalan que el récord de nacimientos en el centro sanitario melillense se produjo en 2015, cuando se superó por primera vez la cifra de 3.000, concretamente se contabilizaron 3.001, de los que algo más de la mitad eran mujeres marroquíes sin Seguridad Social.
Sin embargo, desde ese año 2015, la cifra ha ido paulatinamente bajando: en 2016 hubo 2.946, en 2017 hubo 2.799, en 2018 fue de 2.564, en 2019 fue de 2.476 y en el año 2020 ha sido de 1.196.
Primer parto
La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla ha informado además de que el primer bebé del año de 2021 en Melilla «se ha hecho de rogar», ya que Safia Mohtar ha nacido a las 13,50 horas del día 1 de enero. La recién nacida de parto natural, de 50 centímetros de talla, ha pesado 3.450 gramos. Tanto la madre como la bebé se encuentran bien.
Por su parte, el último bebé del 2020 nació a las 22,49 horas del 31 de diciembre de 2020, un varón de talla 49 centímetros y de 3.040 gramos. El director territorial del Ingesa, Omar Haouari, en nombre del personal del Área Sanitaria, ha dado la enhorabuena a las familias.
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